CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión  (RELE), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH,) urgieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a realizar una investigación “completa, efectiva e imparcial” sobre la utilización del software Pegasus.

Asimismo, que se adjunte a la “moratoria inmediata sobre la venta, la transferencia y el uso de tecnología de vigilancia hasta que se establezcan los marcos normativos en línea con los derechos humanos”.

En un comunicado conjunto, los organismos resaltaron las recientes revelaciones públicas sobre el uso de Pegasus “para espiar a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personas con liderazgo público que ejercían oposición al gobierno”, que se suman a las denuncias presentadas en 2017 por organizaciones y víctimas del espionaje en México y en otras regiones.

La CIDH, la RELE y la ONU-DH recordaron: “es imperativo que los Estados limiten el uso de cualquier tipo de tecnología que pueda tener injerencia en las comunicaciones privadas de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos”, con límites claros y precisos establecidos en la ley; “ser excepcional y en función de lo estrictamente necesario; además, debe contar con autorización judicial previa y una supervisión constante de los organismos estatales pertinentes”.

Insistieron en llamar al gobierno a esclarecer los hechos a través de una investigación exhaustiva que “derive en la sanción efectiva de quienes resulten responsables, y garantizar la adopción de las medidas necesarias para respetar, proteger y garantizar el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de la ciudadanía, el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos, la participación pública y las garantías a la oposición política”. 

Para las instancias internacionales, la investigación recomendada “debería incluir la identificación plena de las víctimas de espionaje o intento de espionaje, así como la posibilidad de informarles de ello”.

Tras destacar que el Estado mexicano ha sostenido que realiza las indagatorias respectivas, agregaron que es indispensable establecer “la moratoria inmediata sobre la venta, la transferencia y el uso de tecnología de vigilancia hasta que se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos”. 

De igual manera, puntualizaron que este tipo de hechos “involucra la responsabilidad tanto de los Estados como las empresas”, por lo que las compañías privadas deben “adecuar su actuación a derechos humanos, y las obligaciones de los Estados de debida diligencia, transparencia y rendición de cuentas, especialmente en términos de contratación de los servicios prestados por actores privados”. 

Tras recordar que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó que los software de vigilancia han sido utilizados para el “arresto, intimidación e incluso el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos”, la CIDH, la RELE y la ONU-DH agregaron que el espionaje denunciado “no sólo vulnera el derecho a la privacidad, sino también tiene el potencial de afectar la integridad de sus fuentes y otras personas en su entorno”.

Finalmente, las instancias internacionales hicieron un reconocimiento a periodistas y defensores de derechos humanos, “quienes valientemente han documentado y difundo información sobre este caso, así como a quienes fueron víctimas del espionaje”.