CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las revelaciones sobre el uso del software Pegasus para el espionaje telefónico, Amnistía Internacional (AI) urgió al presidente Andrés Manuel López Obrador “transparentar los contratos actuales y pasados” con la empresa NSO Group, así como “entregar y rendir cuentas sobre el ejercicio del gasto público para vigilancia masiva”.

La organización internacional, que colaboró en el Proyecto Pegasus, a través del cual se identificaron a 50 mil víctimas en el mundo, 15 mil de ellas en México, Amnistía solicitó al Congreso de la Unión impulsar “reformas legislativas necesarias sobre el uso manejo y distribución de datos personales, al mismo tiempo brinde certeza a las personas respecto de los casos, circunstancias y procedimientos en los que su privacidad puede ser invadida por el Estado”, así como que legisle para que se regulen “las facultades de vigilancia gubernamental que prevenga, detecten e impidan el abuso”.

En una conferencia de prensa para presentar una plataforma en la que se pretende reunir al menos 2 mil firmas para entregar las peticiones al presidente López Obrador y al Congreso, Edith Olivares Ferreto, destacó que pese a que en las conferencias mañaneras se ha proporcionado información sobre las contrataciones que hicieron los gobiernos anteriores de Pegasus, hasta ahora “no hay pruebas de que no se siga utilizando este software o cualquier otro, pues cabe recordar que la investigación sólo se hizo para revisar este software pero puede haber otros”.

Olivares Ferrato  indició que tras la investigación en la que participó Proceso y Amnistía Internacional junto con Forbidden Stories, una red de 80 periodistas de 17 organizaciones y medios de comunicación, insistió en que ante la “vigilancia masiva e ilegal que atenta y vulnera los derechos humanos de libertad expresión, no injerencia en la vida privada, a la seguridad persona y al debido proceso y garantías judiciales”, urge que el presidente López Obrador “publique el o los contratos con NSO Group, subsidiarias o filiales”.

Durante la conferencia se contó con la participación del director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y de Consorcio Oaxaca, Yesica Sánchez Maya, quienes contaron sus experiencias como objetivos del malware Pegasus.

Barrera Hernández dudó que, como lo ha dicho López Obrador, se haya “desmantelado el aparato de espionaje, que no se circunscribe a un software, el Ejército se ha especializado en estos temas, y ante el modelo de seguridad que persiste, que incluye este tipo de acciones en términos de vigilar a defensores, a víctimas y a periodistas, es poco probable que la estrategia de vigilancia ya no exista”.

El defensor recordó que prácticamente desde su fundación hace más de 25 años, Tlachinollan ha sido estrechamente vigilada por distintas instancias del Estado, principalmente por el Ejército, lo que ha valido la intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para exigir al Estado mexicano proteger a los integrantes de la organización.

“Nosotros seguimos sosteniendo que estas cuestiones de la vigilancia y del espionaje se mantienen, lo sentimos no se ha desmontado, y mientras no haya una estructura que proteja, que visibilice y reconozca el trabajo de los defensores, el riesgo estará latente, más aún cuando lo que ha prevalecido es la complicidad y el silencio”, puntualizó Barrera Hernández.

Yesica Sánchez, cuya organización ha sido allanada en once ocasiones desde 2011, destacó que conocer el informe del Proyecto Pegasus confirmó las sospechas que las integrantes de Consorcio Oaxaca tenían del seguimiento y espionaje a que han sido sometidas, y que lo que parecería ser fallas de sus dispositivos electrónicos y computadoras no eran más que resultado de la infección del software.

“Si bien el presidente ha dicho que ya no se expía, que nos diga ahora dónde está toda la información que nos robaron, qué se hizo con ella y quién la tiene, porque es un tema de graves violaciones a derechos humanos que afecta no solamente a quienes fuimos espiados sino a nuestros contactos, a las víctimas que representamos, la violación a nuestra privacidad es un delito muy grave”, puntualizó la defensora.

Vladimir Cortés de Artículo 19, destacó que el Proyecto Pegasus confirmó la denuncia que hace cuatro años inició la organización junto con la Red de Derechos Digitales y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, que “era la punta del iceberg”.

El defensor urgió a la Fiscalía General de la República (FGR) a “esclarecer el uso abusivo” del software para evitar que el caso quede “en la impunidad deliberada, desestimando lo ocurrido y dejarlo como una anécdota del pasado, es necesario que se garantice acceso a la justica”.