CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias de la empresa Tech Bull S.A de C.V. que vendió el software espía Pegasus, creado por la compañía israelí NSO Group Technologies, a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en 32 millones de dólares.

Ante la orden de la UIF para el “congelamiento” de sus cuentas bancarias, el representante legal de la empresa que ha sido señalada como compañía fachada por las autoridades hacendarias, Luis Armando Pérez Herrero, presentó un juicio de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, recurso legal que todavía no ha sido aceptado.

De acuerdo con las listas de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la demanda de amparo promovida por Tech Bull fue ingresada a los juzgados federales el pasado 30 de julio, pero todavía no ha sido aceptada ya que el juez de la causa solicitó al representante legal de la compañía hacer varias precisiones sobre el contenido de la queja.

En el expediente del juicio de amparo 910/2021, se señala que la queja carece de circunstancias de fecha, modo y lugar sobre el congelamiento de las cuentas bancarias, es decir, que no existe precisión en la fecha del acto reclamado ni tampoco una evidencia que sustente el escrito inicial.

Por lo anterior, se le advierte al representante legal de Tech Bull que sí no aclara el contenido de la demanda en un plazo máximo de cinco días, a partir de que sea notificado por el juzgado, la misma será desechada conforme a los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo.

Según la demanda, el representante legal de Tech Bull, Luis Armando Pérez Herrero, acudió a una sucursal del banco Inbursa localizada en Plaza Bosques para realizar una operación, pero ya no pudo completarla ante la notificación de que las cuentas de la compañía estaban bloqueadas. Sin embargo, el juez de la causa estimó que falta precisión en la demanda, por lo que solicitó más precisión a la parte quejosa.

“La parte quejosa manifiesta de manera poco detallada que al acudir a la sucursal Plaza Bosques se le informó que la cuenta bancaria que refiere se encontraba bloqueada por orden de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), deberá precisar bajo protesta de decir verdad, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que tuvo conocimiento de la orden antes mencionada”, señala la resolución

De igual forma, el juez de la causa solicitó a Tech Bull señalar el domicilio exacto de la sucursal del banco Inbursa a la que se refiere “de manera ambigua” como Plaza Bosques, lugar en el que fue “aperturada la cuenta bancaria en moneda nacional número 50032441677”.

“Lo anterior, a fin de que este Juzgado se allegue de mayores datos que le permitan apreciar con claridad el acto reclamado y tomando en consideración que es obligación de la parte promovente manifestar bajo protesta de decir verdad todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados, y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal”, advierte el juzgador federal.

En caso de que Tech Bull no precise la demanda o los datos que aporte sean falsos “para obtener una ventaja procesal indebida”, la empresa y su apoderado podrían ser sancionados con una pena de prisión de 2 a 6 años, además de que el juicio de amparo sería desechado, señala el acuerdo que fue notificado a la compañía este 4 de de agosto.

Por otra parte, el juez de la causa solicitó a la UIF informar si existe alguna orden de embargo respecto de la cuenta bancaria a la que se refiere Tech Bull, entregando la documentación que sustente dicha orden.

El juez de la causa autorizó al abogado Silvino Nicolás Toribio, por parte de la parte quejosa, para enviar y recibir notificaciones electrónicas sobre este caso.

El pasado 18 de julio, Proceso y Aristegui Noticias presentaron en México Pegasus Project, un proyecto de investigación en el que participaron más de 80 periodistas de 17 medios de comunicación ubicados en 10 países, entre ellos The Guardian, The Washington Post, Le Monde, el Süddeutsche Zeitung, que bajo la coordinación de Forbidden Stories, una organización periodística sin fines de lucro con sede en París, y con el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional, investigaron los abusos cometidos con ese programa de espionaje intrusivo que se utilizó contra más de 50 mil números telefónicos en el mundo, los cuales fueron seleccionados por la plataforma de Pegasus para ser objetivos de espionaje.