CIUDAD DE MÉXICO (apro).-  A siete años de la masacre de la 22 personas a manos de miembros del Ejército Mexicano en Tlatlaya, Estado de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) urgió a la Fiscalía General de la entidad, a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “a cumplir con la deuda que se tiene con las víctimas de los hechos”, ante la “falta de acciones que impiden el acceso a la verdad, justicia y reparación integral” de las personas agraviadas, y externó su preocupación por “el uso de la fuerza letal por parte de elementos del Ejército mexicano”.

En un comunicado, la CNDH instó a las autoridades involucradas en el caso a cumplir con la totalidad con la Recomendación 51VG/2014, “y mostrar mayor voluntad política para que se realicen todas las diligencias necesarias a efecto de asegurar que las personas en situación de víctimas tengan justicia, reparación y garantía de no repetición y se lleve a cabo el debido proceso de las investigaciones penales”.

El organismo reprobó “el contexto de violencia estructural generalizada por el que atraviesa el país, al cual se suma el uso de la fuerza letal por parte de elementos del Ejército mexicano”.

La CNDH exhortó a la Sedena “esclarecer los mecanismos que se utilizan para implementar la fuerza letal a partir de la cadena de mando, la cadena de relevo y lo concerniente a la denominada operación dragón en el marco de las acciones en materia de seguridad que dichas fuerzas públicas, las cuales deben realizarse en todo momento con respecto a los derechos humanos de todas las personas”.

La “Operación Dragón” fue parte de los lineamientos seguidos por los soldados que intervinieron en el caso Tlatlaya, ordenando a las fuerzas castrenses a “operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”, de acuerdo a un documento castrense obtenido por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), publicado en el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”.

A siete años de la masacre, en la que la recomendación 51VG/2014 confirmó que al menos 15 de las 22 personas fallecidas habían sido ejecutadas arbitrariamente por miembros del Ejército, quienes además habían alterado la escena del crimen, la CNDH consideró que “los derechos a la verdad, la justicia y reparación son la respuesta que permitirá el esclarecimiento, la investigación, el juzgamiento y sanción de los casos graves de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental”.

El organismo insistió que esos derechos, “configuran un pilar fundamental para combatir la impunidad y constituyen un mecanismo de justicia indispensable para todo Estado democrático, pues coadyuva a la no repetición de dichos actos violatorios”.

En su comunicado el organismo informó que sobre el cumplimiento de la recomendación del caso Tlatlaya “realiza gestiones con diferentes actores de interlocución”, para la debida aplicación de la ley, en tanto que se autorizó el acceso al expediente y a los documentales que integran dicha recomendación a una de las víctimas sobrevivientes.