CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Abuso de autoridad, lesiones, robo de vehículo, extorsión y violación sexual son algunos de las conductas atribuidas a integrantes del Ejército Mexicano desplegados en Nuevo Laredo, ocurridas la madrugada del 25 de abril, en las inmediaciones de la zona de tolerancia de la ciudad.

Una serie de videos, ponen en evidencia las agresiones sufridas por un vecino de esa zona de Nuevo Laredo, quien formalizó la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), y solicitó el acompañamiento del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) para presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En los videos, grabados entre las 4:26 y las 4:30 del 25 de abril, se aprecia a un hombre robusto sentado en una jardinera en la esquina de una calle, cuando arriba un vehículo militar el que bajan tres soldados.

Militares se aceran al hombre, quien a petición de uno de los soldados, saca de sus bolsillos sus pertenencias y casi de inmediato es golpeado a puñetazos y patadas por uno de los militares mientras los otros dos observan y en momentos iluminan el área con linternas.

Se advierte que, cuando ya está sometido el hombre, sentado en el suelo, otros soldados golpean a transeúntes que pasan por la calle, que colinda con una barda, misma que tiene un hueco por donde se accede a la zona de tolerancia de Nuevo Laredo.

El ciudadano golpeado responde al nombre de Alan Benavides Bustos, quien el 27 de abril acudió a las oficinas de la FGR en Nuevo Laredo para denunciar al personal militar que lo agredió la madrugada del 25 de abril.

De acuerdo con la declaración rendida ante el agente del Ministerio Público de la Federación, Javier Ernesto Trejo Cantú, a la que la reportera tuvo acceso, Benavides Bustos se encontraba a media cuadra de su domicilio después de haber convivido con amigos, quienes se dirigieron a la zona de tolerancia, a la que se puede acceder a  través de un “agujero que está en la barda”.

Según el declarante, estacionó su vehículo Neón amarillo del año 2003 frente a su casa y, mientras reposaba en una jardinera, llegaron por la calle Antonio Medina camionetas castrenses de las que descendieron militares, procediendo uno de ellos a pedirle que mostrar sus pertenencias, colocando su cartera, su teléfono celular y su juego de llaves sobre “un poste de concreto”.

Al ser cuestionado sobre las llaves, Benavides indicó cuál era su vehículo, mismo que sería revisado por los soldados, de donde supuestamente habrían sacado “tres bolsitas” de marihuana, por lo que, al cuestionarle por ellas, dijo desconocer de qué le estaban hablando.

De acuerdo con la declaración ministerial, Benavides fue golpeado mientras era acusado de ser vendedor de marihuana, amenazado con una pistola, “diciéndome que si trajeran otra me la sembraban o me mataban con ella”, para después ser víctima de extorsión.

“Me pidieron dinero, la cantidad de 20 mil pesos para que me dejaran ir, y en ese momento les dije que de dónde querían que sacara el dinero y me siguieron golpeando; el soldado después paró de golpearme y se fue con otras personas a golpearlas que iban pasando por la calle Antonio Medina; después anduvo ahí vuelta y vuelta golpeando”, señaló el hombre agredido.

Tras dar los nombres de dos personas que atestiguarían a su favor, Benavides acusó al militar que lo estuvo golpeando de llevarse su vehículo, al que describió como probablemente “un mando, porque él daba las órdenes y todos le hacían caso”, cuyas características físicas son “aproximadamente un metro setenta centímetros de estatura, piel aperlada, ochos cafés chicos, boca chica, sin bigote rasurado, ceja larga pequeña, nariz quebrada, complexión regular”.

Abusaron de una mujer

Uno de los testigos que ofreció Alan Benavides Bustos es una mujer que también fue agredida por la misma partida militar, y que se encontraba en las inmediaciones de la zona de tolerancia de Nuevo Laredo, donde labora.

De acuerdo a una queja presentada por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los titulares de las secretarías de Gobernación y Defensa Nacional, Olga Sánchez Cordero y Luis Crescencio Sandoval, así como a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, la madrugada del 25 de abril, una mujer de la que se reserva su identidad, cruzó por el “hoyo de la barda perimetral de la zona de tolerancia, siendo sujetada por personas que vestían uniforme tipo militar y se cubrían el rostro con pasamontañas obligándola a caminar por un callejón oscuro”.

Según el señalamiento, los militares la golpearon en diferentes partes del cuerpo “con puños y armas largas” y la acusaron de ser una “halcona”, para después “abusarla sexualmente”.

El escrito presentado por la organización no gubernamental detalla que “la víctima mencionó que alcanzó a ver varios vehículos tipo pick up del Ejército Mexicano en el lugar de la agresión y que éstos se mantenían ocultos entre la oscuridad en la parte trasera de la zona de tolerancia, siendo esta la avenida privada Antonio Medina, en la colonia Mirador”.

De acuerdo con el testimonio, la mujer de 31 años fue subida por los militares a uno de los vehículos y abandonada frente a la Plaza de Toros, “golpeada, descalza y con amenazas de muerte para que no denunciara los hechos ante las autoridades, estando privada de su libertad por espacio de entre 30 y 45 minutos”.

Una vez que los militares la bajaron del vehículo, “la obligaron a correr sin voltear a verlos y después caminó desde la Plaza de Toros hacia la zona de tolerancia para cruzar nuevamente la barda perimetral hasta llegar a su domicilio, enviándole un mensaje de texto a su empleadora y contándole lo ocurrido”.

La víctima denunció que los militares “le robaron su identificación personal del INE y 2 mil 800 pesos en efectivo que traía como sueldo de su trabajo”.

La mujer acudió a denunciar a los militares ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, integrándose la carpeta de investigación número 197/2021.

En su escrito, el presidente del CDHNL pidió al presidente López Obrador “ordenar una investigación inmediata y con carácter de urgente en contra del personal del Ejército Mexicano por privación ilegal de la libertad, la agresión sexual, robo, tortura y amenazas” en agravio de la mujer originaria de Nuevo Laredo.

Abusos reiterados

El presidente del CDHNL, Raymundo Ramos, recordó a López Obrador que “le ha enviado oportuna y públicamente diversas quejas por violaciones graves a los derechos humanos cometidas por elementos del Ejército Mexicano en fechas recientes y que de manera reiterada son víctimas ciudadanos inocentes y ajenas a actividades delictivas, sin que hasta el momento dicho personal militar sea puesto a disposición de las autoridades competentes para su investigación y castigo ejemplar”.

En el escrito, Ramos Vázquez solicitó a la presidenta de la CNDH el envío de peritos a Nuevo Laredo para documentar la agresión sexual y otras violaciones a derechos humanos sufridos por la joven de 31 años.

En entrevista, Ramos Vázquez destacó que por los estudios de medicina forense a los que fue sometida la joven de 31 años, quedó confirmada la violación sexual, por lo que fue canalizada al Hospital General para que se le aplicara un medicamento anticonceptivo.

“Una vez que terminen los peritajes, vamos a pedir a la Fiscalía local que decline su competencia en favor de la FGR, para que sea la instancia federal la que investigue los hechos, por ser los responsables personal militar”, apuntó.

Dijo que en Nuevo Laredo hay tres destacamentos militares, el local que corresponde al XVI Regimiento de Caballería, un grupo que está instalado en la Ciudad Deportiva y cuyos elementos pertenecen a Nuevo León, y un grupo de Operaciones Especiales que está en el aeropuerto.      

Ramos Vázquez recordó que, en 2013, el CDHNL documentó la violación sexual dentro de instalaciones militares de una mujer, caso que fue denunciado ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y que derivó en una recomendación de la CNDH en 2016, y que sigue en la impunidad.

La organización civil apuntó que por esa misma época tuvo conocimiento de otro caso de una joven que fue encontrada en un motel junto con su novio; “a él lo golpearon y lo dejaron ir, pero los militares se quedaron con la jovencita y abusaron de ella”.

Sobre el video que revela el abuso de autoridad en contra de Alan Benavides, Ramos Vázquez resaltó que se suma al dado a conocer el año pasado, en que se aprecia a militares ordenando la ejecución de al menos un sobreviviente de una persecución.

“Este sería el segundo video donde tenemos evidencia de un abuso de autoridad por parte de personal militar, nosotros hemos cumplido denunciando los hechos públicamente y ante las autoridades correspondientes, pero la FGR, mientras que esperamos que la Sedena ordene la puesta a disposición del personal militar, eso sería lo más sensato y recomendable”, declaró el defensor.

El defensor lamentó que, pese a las evidencias de los abusos cometidos por el ejército, hasta ahora, “no hay un solo caso judicializado, por lo que hemos presentado quejas ante el Órgano Interno de Control de la FGR porque no es posible que no se tomen en cuenta las pruebas en contra del personal militar y que los casos se archiven”.

Ramos Vázquez insistió en el llamado a la presidenta de la CNDH a declarar medidas cautelares a favor de la población de Nuevo Laredo, “que se encuentra en un alto grado de vulnerabilidad por la actuación del personal militar”.

El presidente del CDHNL alertó que “si no hay respuesta por parte de la CNDH ni de las autoridades, tendremos que solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.