CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por graves violaciones a derechos humanos, que son imprescriptibles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por la detención y retención arbitraria, tortura, violencia sexual y privación arbitraria de la vida, en 2009, a manos de elementos militares en Ciudad Juárez, durante el Operativo Conjunto Chihuahua, en plena guerra contra el narcotráfico declarada por el entonces presidente Felipe Calderón. La recomendación 38VG/2020 fue dirigida al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y a los titulares de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General de Chihuahua, Alejandro Gertz Manero y César Augusto Peniche Espejel, respectivamente, “por las transgresiones de derechos a la libertad, integridad, seguridad personal y seguridad jurídica, y al acceso a la justicia de tres jóvenes, uno de ellos menor de edad”, trasgrediendo además el “principio de interés superior de la niñez”. El documento recomendatorio derivó de quejas presentadas ante el organismo en 2016 y 2019 por familiares de las tres víctimas y de quien en 2009 era menor de edad, quien fue violentado sexualmente, en tanto que uno de los jóvenes fue ejecutado de forma arbitraria y sus restos identificados siete años después. Nota destacada: Detienen en Los Ángeles al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos El texto recomendatorio expone que el 26 de febrero de 2009, el menor de edad fue detenido junto con un amigo suyo --por entre 45 y 50 elementos militares pertenecientes al 46/o Batallón de Infantería-- y conducidos a instalaciones militares, donde fueron agredidos a “puñetazos, cachetadas, patadas en la espalda, en los glúteos y en los testículos”, además de que fueron sumergidos en una cubeta con agua y se les colocó una bolsa plástica en la cabeza, con la intención de que dieran información sobre un secuestro. El joven entregó a otro amigo suyo para contener las torturas. El tercero fue trasladado a las instalaciones militares el 27 de febrero, pero fue puesto a disposición de autoridades ministeriales federales por los soldados, cuando advirtieron que la madre denunció en medios de comunicación la detención arbitraria y responsabilizó a los elementos castrenses. Reportaje especial: Operativo Chihuahua: Castigo a militares… hasta cierto punto De acuerdo con el testimonio del entonces menor, éste advirtió cómo en las torturas su amigo perdió el conocimiento y después escuchó una detonación de arma de fuego. Minutos después advirtió que su amigo “tenía un balazo en la frente y un poco de sangre que le escurría del lado derecho de la cara”, para después escuchar que el cuerpo fue sacado del espacio donde los tenían. En la queja presentada por la víctima, refiere que después de la ejecución arbitraria de su amigo, fue subido a la caja de un camión y cuatro horas después “un soldado se le acercó, le colocó una pistola en la cabeza y abuso sexualmente de él, amenazándolo con matarlo si decía a alguien lo que había sucedido. Días después lo dejaron en libertad en un terreno baldío a las afueras de la ciudad”. La recomendación detalla las acciones realizadas por los familiares de las tres víctimas en busca de justicia, desde el momento en que los tres jóvenes fueron detenidos, al interponer denuncias penales ante el Ministerio Público Federal contra elementos militares por privación ilegal de la libertad, tortura y desaparición forzada. Es de resaltar que, en las primeras denuncias por privación ilegal de la libertad, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) declinó competencia a favor de la Procuraduría de Justicia Militar, que cerró el caso, situación que se repitió en el Órgano Interno de Control de la Sedena, que en 2016 archivó el caso “por falta de elementos”. Te recomendamos: Las rémoras del Operativo Chihuahua La investigación de la CNDH evidenció que la Sedena “no fue veraz” al negar que por lo menos cinco elementos, entre ellos un oficial, habían participado en la detención del tercer joven y que un oficial entrevistó al entonces menor de edad “mientras se encontraba bajo la custodia del personal militar al interior del Campo Militar en Ciudad Juárez, Chihuahua”. El organismo también documentó que en octubre de 2009 la policía municipal de Ciudad Juárez rescató en el ejido de Samalayuca “una osamenta regada por el lugar, en una excavación donde se encontraba parte del cuerpo envuelto en una cobija”. Esos restos serían identificados como la víctima ejecutada de forma arbitraria, por la coincidencia genética con dos de sus familiares en 2015, pero no fueron entregados por la Fiscalía de Justicia de Chihuahua, que los tenía bajo su resguardo, sino que permanecieron en las instalaciones forenses de Ciudad Juárez, por lo menos hasta finales de 2018, cuando fue confirmada la identidad de los restos, luego de que en 2016 los familiares interpusieron una queja ante la CNDH. El organismo confirmó en su investigación que soldados adscritos al 46/o Batallón de Infantería que participaban en el Operativo Conjunto Chihuahua, en Ciudad Juárez, “trasgredieron los derechos de libertad, integridad, seguridad personal y a la seguridad jurídica de los tres jóvenes por la detención arbitraria, la retención ilegal y los actos de tortura, así como por la violencia sexual y la violación al principio del interés superior de la niñez, en perjuicio de un menor. Asimismo, se violentó el derecho a la vida por la ejecución arbitraria de una de las víctimas”. Consideró que los agentes ministeriales del fuero militar, del fuero federal y local, “violentaron el acceso a la justicia en agravio de las víctimas”, toda vez que el agente del Ministerio Público de Chihuahua “no informó oportunamente la coincidencia del perfil genético de la osamenta que correspondía al joven fallecido, con los datos genéticos proporcionados por la representación social federal, pese a tener conocimiento de ello. En tanto que a los agentes del Ministerio Público Federal, de igual forma, se les atribuye la inadecuada procuración de justicia en la investigación de los delitos cometidos en contra de los agraviados”. La CNDH pidió al secretario de la Defensa girar instrucciones para que a quien era menor de edad y a las víctimas indirectas de los otros dos jóvenes, les sean reparados los daños conforme a la Ley General de Víctimas y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; colaborar en la presentación y seguimiento que el organismo presente ante la FGR contra los elementos militares que participaron en los hechos, así como en la queja que se promueva en materia administrativa y de disciplina militar ante la instancia competente de la Sedena, incluido el agente del Ministerio Público Militar responsable. En caso de que a nivel administrativo las faltas hayan prescrito, la CNDH instruyó incluir la recomendación en el expediente laboral y personal de los elementos militares señalados como responsables. También pidió al secretario coadyuvar en la identificación del personal militar que estaba adscrito al 46/o Batallón de Infantería al momento de los hechos, “para el deslinde de las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar”, y da un plazo de tres meses para impartir cursos de capacitación en materia de respeto a derechos humanos al personal castrense. La CNDH urgió a la FGR a concluir la averiguación previa iniciada en 2012 por el delito de privación ilegal de la libertad, y en la que sea acumularon otras dos por desaparición forzada, tortura, y delitos cometidos pro servidores públicos en contra de elementos de la Sedena; colaborar con el organismo en la presentación de la queja que presente ante el órgano correspondiente de la FGR contra el agente del Ministerio Público responsable de las omisiones detalladas, y que se incorpore la recomendación en el expediente laboral y personal de las personas servidoras públicas involucradas. Por último, a la Fiscalía General de Chihuahua le pidió su colaboración para presentar y dar seguimiento a la queja que se lleve ante la instancia competente por los hechos narrados y se incluya copia de la recomendación en el expediente del personal responsable de las irregularidades narradas.