CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) emplazó a autoridades responsables del bienestar de la infancia a “hacer valer los derechos humanos de la niñez en prisión”, pues al menos 500 infantes viven con sus madres en reclusorios, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 (DNSP2019).

En el contexto del Día Internacional del Niño, la organización advirtió que las “condiciones de hacinamiento, sobrepoblación, violencia, falta de infraestructura y servicios” imposibilitan que decenas de menores que viven en las cárceles tengan posibilidades de “el libre desarrollo de la personalidad”.

Asilegal urgió a aplicar la Ley Nacional de Ejecución Penal en favor de la infancia, que reconoce que, “en el ejercicio de su paternidad, una mujer pueda disfrutar de la guarda y custodia de su hijo encontrándose en reclusión”, en tanto que “el menor tiene de manera indudable el derecho a disfrutar de un entorno saludable que le permita un sano desarrollo”.

Añadió: “La naturaleza del entorno penitenciario contribuye a que los primeros años de la vida de estas niñas y niños estén marcados por la precariedad”, situación que se confirma a través de la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad de 2016 (ENPOL 2016).

De acuerdo con dicha encuesta, 58% de lo menores que viven con sus madres en prisión “no tienen acceso a una alimentación adecuada ni acceso a medicamentos, mientras que 96% no tienen ropa ni calzado adecuados”, además, 80% de niñas y niños en prisión no cuentan con atención escolar y 66% de las mujeres no cuentan con atención especializada.

Asilegal alertó que “no hay presupuesto, ni programas de reinserción social que contemplen el diseño de espacios físicos y la habilitación de personal especializado, como lo son médicos pediatras, para atender las necesidades de la niñez en prisión”.

Y destacó que, no obstante que los estándares internacionales y la misma Constitución obligan a anteponer el interés superior de la niñez en toda política pública, la realidad es que en México se advierte “un Estado ausente, un Estado que no ha hecho nada por respetar la normatividad internacional y nacional al respecto”.

La organización explicó que, si bien en las prisiones mexicanas se contemplan los servicios especializados en las áreas de maternidad y espacios para la educación temprana, “de 27 espacios de educación temprana que se encontraban en México en 2018, 12 se localizaban en Michoacán”.

Lo anterior evidencia que casi la mitad de las entidades federativas no cuentan siquiera con un espacio de educación temprana, lo que se suma a que “la separación entre hombres y mujeres en centros penitenciarios que demanda la ley es inexistente en gran parte del país, lo que agrava aún más las condiciones de internamiento de las mujeres madres y los impactos de la reclusión de sus hijas e hijos, poniéndoles en riesgo de vivir múltiples formas de violencia”.

Asilegal resaltó que algunas mujeres privadas de la libertad han sido separadas de sus hijos e hijas bajo de razones de “seguridad”, y han sido dejados en custodia del Sistema Nacional DIF “sin considerar ningún tipo de acondicionamiento previo o transición”.

Finalmente, llamó a las autoridades a no olvidar a la niñez en prisión, así como cumplir con la Ley Nacional de Ejecución Penal “sobre corresponsabilidad de los órganos de gobierno en el ámbito de sus competencias, con el fin de que los planes de reinserción contemplen de manera focal la protección del interés superior de los menores, la protección al derecho de libre desarrollo de personalidad y la estancia digna en condiciones óptimas de alimentación y salud para todas las niñas y niños que viven con sus madres al interior de los centros penitenciarios de México”.