CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Estado mexicano ofreció reabrir la investigación sobre la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa así como realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por las violaciones a sus derechos humanos y a los de sus familiares.

En la presentación de los alegatos finales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en nombre del Estado el representante de la Secretaría de Gobernación, Marcos Moreno, informó que había negociaciones adelantadas con los familiares de Digna Ochoa, y que el Estado presentaría próximamente a la CoIDH un convenio de reparación integral, entre las que se encuentra la “reapertura de investigación con enfoque de género y perspectiva de derechos humanos,  a través de un plan de investigación eficaz y diligente”.

El funcionario pidió a los jueces de la CoIDH tomar en cuenta la disposición del Estado mexicano en la resolución final, y que a grandes rasgos describió como una propuesta de 12 puntos que consideran la indemnización, mecanismos de rehabilitación y no repetición.

Para abundar en la reapertura de investigaciones,  a petición expresa de los jueces Raúl Zaffaroni y Patricio Pazmiño, Carlos Fraustro, director de Derechos Humanos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, sostuvo que “si de la reapertura de la investigación se identifica a los responsables, serán presentados ante un juez”.

Fraustro indicó que el planteamiento es diseñar un plan de investigación que retomaría el expediente previamente integrado, y “llegar a líneas de investigación con la coadyuvancia para abordarlas con perspectiva de género, análisis contextual, creando condiciones materiales, humanas y logísticas para que esta investigación sea exhaustiva, y genere convicción que se está investigando con profundidad, reconociendo las falencias e integrando los peritajes promovidos por la familia”.

El funcionario explicó que en el plan de investigación se tomarían en cuenta las observaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de fondo sobre caso, y que al no ser atendidas en su momento, llevaron al organismo a presentar el caso ante la CoIDH.

Al respecto de la propuesta, David Peña, representante de las víctimas, indicó a los jueces que si bien en pláticas informales “se ha hablado de la disposición para reapertura, pero no alcances, qué dictámenes se pueden considerar y cuáles no”.

Integrante de la organización Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, apuntó que la defensa tiene claridad que el Estado “tiene obligación de realizar una investigación que garantice una modalidad más amplia con apego a estándares internacionales”.

La presidenta de la CoIDH, Elizabeth Odio Benito, advirtió a las partes que participan en el litigio que tienen hasta el 27 de mayo próximo para entregar por escritos sus alegatos finales, para lo cual urgió a la representación de las víctimas y al Estado a entregar el convenio de reparación a que lleguen, para que los jueces puedan considerarlo en su determinación final.

Previo a la exposición final, la experta criminalista colombiana Ángela Buitrago descartó que las pruebas que forman parte del expediente sobre la muerte de la defensora sean concluyentes de que se trató de un suicidio.

Buitrago, quien sostuvo haber revisado 88 mil fojas del expediente sobre la muerte de Digna Ochoa, que en total tiene más de 150 mil, fue presentada como perita independiente por la defensa de la familia de la defensora.

La experta, integrante de grupo de expertos que también analizan el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue interrogada de forma específica por el juez Patricio Pazmiño sobre sus observaciones sobre las irregularidades fundamentales en la versión oficial de que la muerte de Digna fue por suicidio, entre ellas que en las manos tenían guantes de látex y que tuviera un disparo en la cabeza en la parte izquierda siendo diestra.

Tanto en su exposición como en el interrogatorio, Buitrago alertó que de la revisión del expediente advirtió que el arma sometida a pruebas de balística, “no fue la misma que fue levantada en el lugar de los hechos”, con la que supuestamente Digna Ochoa se había quitado la vida.

Al señalar que ni las manos de la defensora ni los guantes que llevaba puestos tenían restos de pólvora, resaltó que por la posición de los guantes, “mal colocados” parecería que fueron puestos después de haber fallecido, además de que “por la colocación de los guantes no podría accionar el arma”.

Buitrago alertó que además de que Digna era diestra y no zurda, “era imposible que ella se produjera el disparo, tendría que haberse dislocado el hombro para poder hacerlo”.

La abogada colombiana enlistó una serie de anomalías en el expediente que consideró podrían se corregidas si se reabre la investigación, “no necesariamente para determinar un sentido  u otro, sino para conocer la verdad y acceder a la justicia”.