CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) cuestionaron la resolución de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), hace casi 20 años, sobre el caso de la activista Digna Ochoa y Plácido, quien, dijo entonces, decidió acabar con su vida el 19 de octubre de 2001.

En la primera parte de la audiencia presidida por la jueza Elizabeth Odio Benito, para determinar la responsabilidad del Estado mexicano en la falta de esclarecimiento de la muerte de Ochoa y Plácido, jueces del tribunal regional pusieron en duda la versión oficial durante el interrogatorio a José Antonio Pérez Bravo, quien entre 2002 y 2004 estuvo a cargo de las investigaciones ministeriales de la fiscalía especial de la entonces PGJDF, encabezada por Bernardo Bátiz, para investigar la muerte de la defensora.

Presentado como testigo de descargo por parte del Estado mexicano, Pérez Bravo reconoció en principio que los expedientes integrados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por las amenazas, intentos de secuestro y asesinato contra la defensora denunciadas pública, penalmente y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 1999, sólo fueron utilizados como “contexto” en la indagatoria sobre su muerte, sin abundarse si las averiguaciones en la instancia federal concluyeron con la sanción de los responsables.

Los jueces de la CoIDH, Patricio Pazmiño Freire, Raúl Zaffaroni y la propia presidenta, Odio Benito, interrogaron a Pérez Bravo sobre la posibilidad de que una persona que pretenda suicidarse dispara en tres ocasiones, se coloca guantes de látex para disparar y, siendo defensora de derechos humanos, con denuncias de amenazas, haya decidido quitarse la vida.

Para explicar al juez Zaffaroni los tres disparos, Pérez Bravo dijo que, de acuerdo a los peritajes, Digna Ochoa habría tirado un primer disparo al sillón sobre el qué quedó recargado su rostro, “para hacer prueba de sonido, y verificar si se acercaba una persona, el segundo en la pierna y el tercero en cráneo”.

Posteriormente, a pregunta expresa del juez Humberto Sierra Porto, Pérez Bravo reconoció que la muerte de Digna por suicidio se concluyó, pese a que expertos de la CIDH emitieron una serie de recomendaciones y advirtieran irregularidades, como que “la escena de los hechos no fue cuidada; que fue un elemento que marcó toda la investigación; el cuerpo fue parcialmente movido; uno de los casquillos estaba pisado; no hubo una debida cadena de custodia; el cuerpo, al ser analizado, no fue debidamente cuidado, fue manchado; el lugar de los hechos no fue asegurado, y no se hizo un análisis de todos los elementos que pudieran estar ahí”.

Según el exfuncionario de la entonces PGJDF, el experto independiente de la CIDH, Pedro Díaz, determinó que las irregularidades “no fueron contundentes” para modificar la hipótesis del suicidio de la defensora.

--¿No es atípico antes de suicidarse una persona se dispare en la pierna? ¿Es lógico? --cuestionó Sierra Porto a Pérez Bravo.

--El equipo externo nos mostró varios casos atípicos de suicidio (…) casos cuestionables pero reales --respondió.

A la jueza presidenta Odio Benito, Pérez Bravo alertó que en las periciales Digna no tenía rastros de pólvora en las manos debido a que llevaba guantes de látex y que el orificio de entrada del proyectil en la cabeza fue en la región parental izquierda, “de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba”.

Odio Benito cuestionó al exfuncionario sobre el detalle de los guantes y el área donde entró la bala letal, pues es sabido que Digna Ochoa era diestra.

--¿Una persona que se va a suicidar se pone guantes?

--En el caso, así fue

--Para dispararse en la parte izquierda, tendría que haber sido zurda, ¿era así?

--No lo recuerdo.

El juez Patricio Pazmiño interrogó sobre los elementos de la salud mental de Ochoa que llevaron a la entonces PGJDF a concluir que se había suicidado, a lo que el exfuncionario resaltó que fueron determinantes los análisis psicológicos que le hizo la entonces PGR cuando presentó denuncias por las amenazas recibidas; el diario de la defensora; una “prueba psicológica” que se le aplicó en Washington, donde estuvo en tratamiento, y la “necropsia psicológica”.

El juez cuestionó al exfuncionario por la extrañeza del caso en que una defensora de derechos humanos decida quitarse la vida, a lo que éste reconoció que esa situación es “bastante inusual”.

En la presentación del caso, la presidenta de la relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosamena de Troittinño, explicó que el organismo decidió llevar el caso ante la Corte, debido a que después de emitido el informe de fondo con recomendaciones para resolver el asunto y para la implementación de políticas públicas a favor de los defensores, el Estado “no dio avances de cumplimiento ni solicitó prórroga”.

La audiencia llevada a cabo de manera virtual, en la que no estuvo presente por reglamento el juez mexicano Eduardo Ferrer Mac Gregor, contó con la participación del hermano de la defensora, Jesús Ochoa y Plácido, quien narró los obstáculos que tuvo la familia para acceder a la justicia y su convicción de que la muerte de su hermana fue por un asesinato y no un suicidio, por lo que exigió la reapertura de las investigaciones para incorporar pruebas de los posibles autores materiales e intelectuales del homicidio.

En la segunda parte de la audiencia se presentó el peritaje de la directora de Amnistía Internacional para América Latina y el Caribe, Érika Guevara Rosas, quien alertó sobre la persistencia de las condiciones de riesgo para ejercer la defensa de derechos humanos, pese a que México ha firmado tratados internacionales en esa materia.

Guevara resaltó que entre 1995 y 2005 la situación de “hostilidad” hacia los defensores era “generalizada”, así como la falta de respuesta del Estado mexicano ante las graves violaciones a derechos humanos y ataques contra defensores, como “política pública”.

La defensora destacó que la situación de agravios prevalece en la actual administración, y recordó que, en los dos primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 45 defensores y defensoras han sido asesinados.

A pregunta expresa de los jueces Enrique Pérez Manrique, Raúl Zaffaroni y Eduardo Vio Grossi, sobre la situación actual de los defensores de derechos humanos y la atención a las agresiones, Guevara Rosas resaltó que los casos prevalecen entre un 95% y 98% en la impunidad, y que a la falta de una política pública de atender esta situación se ha sumado la continua descalificación del presidente en sus conferencias matutinas.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza sus conferencias para señalar, estigmatizar a los defensores de derechos humanos y sus organizaciones que cuestionan de forma constructiva sus políticas públicas, generando un ambiente hostil para la defensa de derechos humanos, de manera que la carencia de reconocimiento a la labor de los defensores y defensoras ha alimentado el contexto de violencia”, sostuvo Guevara Rosas.

Durante la audiencia, el representante del Estado mexicano, Alejandro Celorio Alcántara, quien es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, intentó cuestionar la vida profesional de la defensora y el conocimiento que tenía del expediente penal del caso, de 55 mil fojas, lo que ameritó que la jueza le recordara que Guevara fue convocada para hablar sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México, por lo que le llamó a reformular sus preguntas.

El consultor también fue reprendido en al menos tres ocasiones por Elizabeth Odio Benito, debido a que intentó acallar los cuestionamientos de los jueces de la Corte Interamericana, sobre la situación actual de los defensores de derechos humanos.

La jueza le recordó el derecho de los jueces de la CoIDH a realizar cualquier cuestionamiento que consideren pertinente para formarse una opinión, comentario al que se sumó el juez Vio Grossi, quien reclamó ante la representación mexicana su derecho a esclarecer dudas. “No hay juzgamiento”, dijo.

Las audiencias del caso Digna Ochoa contra México en la CoIDH continuarán este martes con la exposición de otro peritaje y las conclusiones de las partes en el juicio, en el que la familia de la defensora es representada por Acción por la Justicia y los Derechos Humanos y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).