CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), acusó a la presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA), María Eugenia Navarrete Rodríguez de “hacer el trabajo sucio” a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en contra de la organización gremial.

Con ese y diversos señalamientos, mezcla de proclamas políticas con argumentos jurídico-laborales, el sindicato reaccionó hoy al laudo que le condena a dividir entre extrabajadores de la empresa Mexicana de Cananea, poco más de 54 millones de dólares que se le depositaron en 2005.

Para el sindicato minero, Navarrete Rodríguez está detrás del laudo motivado en la “venganza”. No obstante, rechaza que sea un laudo condenatorio y lo califica como “una propuesta” de cumplimiento a un amparo.

Además, como parte de su reacción, atribuye la pretensión de la JFCyA de castigar a su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, por impulsar las regulaciones al outsourcing, y acusa corrupción impulsada por Grupo México.

En una conferencia de prensa encabezada por José Ángel Hernández Puente, tesorero de la organización; Ramón Monsiváis, secretario de Trabajo; Arturo Rocha, secretario del Interior, Exterior y Actas, así como por los abogados Mario Muñoz y Nahir Velazco, el sindicato minero rechazó que sea un laudo condenatorio, mediante una accidentada explicación.

El sábado, Proceso dio a conocer el megalaudo con el que la Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje, resolvió 19 juicios relacionados con los 54 millones de dólares que fueron depositados por Grupo México, la empresa del magnate Germán Larrea Mota Velazco, en un fideicomiso a favor del SNTMMSRM, en 2005.

Dicha cantidad estaba pactada con el sindicato como participación del proceso de privatización de 1990, por lo que una vez realizada la transferencia, la organización gremial debía repartirlos entre los trabajadores de Mexicana de Cananea y diferentes empresas subsidiarias, pero no lo hizo.

Los 54 millones de dólares (un caso a menudo referido como el del “fideicomiso de los 55 millones de dólares”) fue origen de los procesos que, en las vías penal y laboral, se han seguido desde 2005 a Gómez Urrutia, que acusado del desfalco optó por huir del país desde febrero de 2006, instalarse en Canadá y regresar solo para tomar posesión como senador de lista por Morena en agosto de 2018, adquiriendo así el fuero de ley.

El laudo, “ilegal” y por “venganza”

Gómez Urrutia no asistió a la conferencia de prensa en la que integrantes del comité nacional abordaron el tema en varios sentidos, incluida una mención al padre de la secretaria del Trabajo.

 “El laudo es una venganza de la presidenta de la Junta, María Eugenia Navarrete Rodríguez, quien llegó a ese puesto por la recomendación de Arturo Alcalde Justiniani, y le hace el trabajo sucio a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, por lo que dicha presidenta de la Junta actúa en contra de la política del señor presidente Andrés Manuel López Obrador quien todos los días busca la justicia, el bienestar colectivo y el respeto a la libertad sindical”.

El comunicado emitido mezcla así señalamientos e interpretaciones de carácter político con posiciones jurídicas. Entre las primeras, destaca:

 “Con esta propuesta (se refieren al laudo) de cumplimiento, la JFCyA pretende castigar al SNTMMSRM que dignamente dirige el senador Napoleón Gómez Urrutia, por ser un incansable promotor en la defensa de los derechos laborales e impulsar la regulación de la subcontratación, como también lo ha promovido el Presidente de la República”.

Entre los alegatos jurídicos, consideraron que la legalidad y procedencia del laudo será resuelta por el Poder Judicial Federal; luego, calificaron el laudo de “ilegal e improcedente”, basados en que la JFCyA debió resolver 25 juicios y no 21 (en realidad, son 21 puntos en la resolución que acumuló 19 juicios).

Además, justifican su negativa al reparto del dinero entre trabajadores, refiriéndose al origen del conflicto, al asegurar que Grupo México no quiso pagar en 2004 el dinero, por lo que debieron ejecutar una huelga de la que devino un convenio por lo que “el propietario de esos recursos es únicamente el Sindicato”.

Este último argumento es el que han sostenido para no repartir los recursos entre los trabajadores y que también originó las causas penales contra Gómez Urrutia desde 2006.

Hoy, el comité nacional señaló que se incurre en corrupción (sin explicitar en qué sentido) al utilizar al abogado panista Gary Pérez, a quien identifican como abogado de Grupo México.

Y es que para el SNTMMSRM, el objetivo es violar el derecho y la justicia a favor del presidente de Grupo México, Germán Larrea, y en contra del sindicato, como parte de un intento por “mancillar el honor, dignidad y derechos de sus agremiados y su dirigencia”.

Esta última posición es particularmente llamativa pues en el laudo Grupo México quedó absuelto en razón de demostrar que depositó el dinero al fideicomiso.

Conforme al mencionado laudo, notificado el pasado viernes, los trabajadores de Mexicana de Cananea y de las diversas empresas subsidiarias que se sientan con derecho a reclamar, deben apersonarse para el incidente de liquidación, en tanto, para el SNTMMSRM, será un tribunal federal quien resuelva el asunto, aludiendo así a los amparos (DT-910/2018 y DT- 912/2018) que originaron la acumulación de expedientes en la resolución de la semana pasada

“Hacemos de conocimiento público que dicho laudo no se puede ejecutar y no tiene validez jurídica, en virtud de que este será analizado por el propio Tribunal Colegiado, puesto que no se dictó en base a lineamientos de la ejecutoria de amparo concedida a este sindicato”.