CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Extorsiones por parte de policías y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), amenazas de entregar a migrantes a los cárteles de la droga, secuestros en las regiones fronterizas sur y norte del país, son algunos de las graves violaciones a derechos humanos que sufren los migrantes que se encuentran bajo el programa Quédate en México, documentadas por Human Rights Watch (HRW) en un reciente informe.

El documento “México: Abusos contra solicitantes de asilo en la frontera con Estados Unidos” presentado este viernes por la organización radicada en Washington, revela que entre las consecuencias del programa impuesto por el gobierno de Donald Trump, solicitantes de asilo han sido víctimas de agentes migratorios mexicanos y de grupos criminales, a dos años de la implementación del programa Quédate en México, que obliga a solicitantes de asilo en Estados Unidos a permanecer en nuestro país en espera de una resolución a su situación migratoria en el país el norte.

El documento refiere que, desde enero de 2019, 71 mil personas fueron sometidas a dicho programa, en tanto que, desde marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos ha expulsado a más de 400 mil migrantes, incluyendo a solicitantes de protección especial.

El informe fue elaborado a través de entrevistas con solicitantes de asilo bajo dicho programa, quejándose de no tener la documentación requerida para trabajar, o para enviar a sus hijos a la escuela, en tanto que la mayoría perdió sus audiencias de asilo en Estados Unidos, debido a que una vez que llegaron a México fueron trasladados a ciudades lejanas a los juzgados estadunidenses, en tanto que para ejecutar algunas expulsiones se invocaron restricciones para viajar a fin de evitar la propagación del covid-19.

Para la organización internacional, los presidentes de Estados Unidos y México, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, tienen como reto el revertir el programa de Quédate en México, y mientras ello pasa, el mandatario mexicano “debe cerciorarse de que los solicitantes de asilo que siguen esperando en México puedan trabajar y acceder a atención médica y educación, y que quienes hayan cometido delitos contra migrantes, incluidos policías y agentes de migración, respondan ante la justicia”.

HRW recurrió a 71 entrevistas a venezolanos que habían cruzado México para pedir asilo a Estados Unidos, personas que fueron sometidas al programa Quédate en México, y que atravesaron el país con sus parejas, hijos u otros familiares.

La organización recabó testimonios de organizaciones de derechos humanos de los migrantes, con organizaciones de la sociedad civil, funcionarios públicos, organizaciones civiles de derechos humanos, y con dos abogados.

En 16 casos, los solicitantes de asilo “manifestaron que agentes de migración o policías mexicanos los sacaron de autobuses o de filas en el aeropuerto y amenazaron con deportarlos si no les pagaban un soborno”, incluso hubo quienes sostuvieron que “funcionarios mexicanos los detuvieron y amenazaron con matarlos o entregarlos a los cárteles si no pagaban”.

Human Rights Watch registró testimonios de 27 solicitantes de asilo que fueron interceptados por migrantes en “cruces fronterizos, estaciones de autobús, hoteles u otros lugares en ciudades fronterizas”, siendo secuestrados o amenazados, “y habían exigido cientos o miles de dólares a modo de rescate o a cambio de protección”.

Por los testimonios recabados, HRW confirmó que “los grupos criminales secuestran a migrantes de distintas nacionalidades y llevan un registro de estas personas: les toman fotografías, verifican su identidad y documentos legales y guardan sus datos de identificación”.

Tras incluir algunos testimonios de solicitantes de asilo que consideraron a los funcionarios de México y a los delincuentes en el mismo nivel de criminalidad, el informe de HRW refiere que en el caso del programa Quédate en México, quienes son sometidos a esa figura no se les proporciona documentos que les garantice el acceso a oportunidades laborales, atención médica y educación.

“Algunos solicitantes de asilo señalaron no haber podido abrir cuentas bancarias o recibir transferencias internacionales de dinero. Un migrante afirmó que en su familia han pasado hambre porque no pueden trabajar ni recibir transferencias. Varios no pudieron recibir tratamiento por graves condiciones de salud. Algunos niños habían estado varios meses sin ir a la escuela, incluso antes de la suspensión por la pandemia”, se lee en el informe.

Para el director de HRW en América Latina, José Miguel Vivanco, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está obligado a garantizar que “los solicitantes de asilo puedan permanecer de manera segura en México y acceder a servicios esenciales”, mientras el presidente de Estados Unidos Joe Biden revierte el programa Quédate en México.

El informe hace referencia a la situación de los migrantes originarios de Venezuela que han solicitado asilo en Estados Unidos y permanecen en México, quienes aseguraron que huyeron del país sudamericano porque fueron víctimas de agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y varias fuerzas policiales, así como de simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro, conocidos como “colectivos”.

Por las entrevistas a los venezolanos solicitantes de asilo, HRW encontró que muchos de ellos fueron miembros de partidos políticos de oposición o activistas políticos, algunos más habían participado en manifestaciones relacionadas con la escasez de servicios básicos y otros habían sido burócratas que se resistieron a colaborar en actividades a favor del gobierno o habían criticado al gobierno.

HRW reconoció que el gobierno de Joe Biden haya suspendido las actividades del programa Quédate en México, formalmente conocido como Protocolos de Protección de Migrantes (o MPP), permitiendo que 25 mil solicitantes de asilo acudan a sus citas a los tribunales migratorios.

Sin embargo, alertó que “el gobierno de Biden sigue invocando dudosos motivos de salud pública para expulsar a solicitantes de asilo que llegan a la frontera, y no ha tomado ninguna medida para sancionar 30 mil individuos a quienes se les desecharon sus solicitudes de asilo injustamente tras ser enviados a México”.

Los testimonios

Los migrantes entrevistados señalan a agentes del INM de solicitar sobornos que rondaban entre los cien a seis mil dólares por persona, bajo amenazas de ser entregados a un cártel del crimen organizado si no entregaban los recursos.

De acuerdo con los dichos, los abusos de los agentes migratorios mexicanos se cometían dentro de instalaciones del mismo INM, en aeropuertos, en tanto que hubo casos en que, durante su recorrido por México para llegar a la frontera norte, los migrantes eran extorsionados hasta en cinco ocasiones, debido a que los funcionarios mexicanos transmitían información y fotografías de los solicitantes de asilo.

“Human Rights Watch solicitó al Instituto Nacional de Migración de México que enviara la información (…) sobre señalamientos de agentes migratorios que hubieran extorsionado a migrantes, pero no recibió respuesta”, contó la organización en su informe.

En el documento se incluyen también los testimonios de personas que fueron extorsionadas por miembros del crimen organizado para permitirles transitar en ciudades como Reynosa hacia el puente fronterizo. Esos casos no fueron denunciados ante las autoridades por temor a sufrir represalias por parte de criminales o policías mientras permanecían bajo el programa Quédate en México.

La organización incluye testimonios sobre las dificultades de las personas sometidas al programa Quédate en México para acceder a servicios médicos, educativos o conseguir trabajo, debido a la falta de información por parte de los agentes del INM, que por lo general no facilitan la documentación necesaria para que los solicitantes de asilo encuentren trabajo, acudan a la escuela o sean atendidos en hospitales públicos.

Ante solicitudes de información a las secretarías de Salud, Educación, Trabajo y Relaciones Exteriores, “sobre los obstáculos para acceder a servicios esenciales en México”, sólo respondió la Secretaría de Salud de Coahuila: brindaron atención médica “a individuos sin ciudadanía mexicana en 157 mil oportunidades en 2019 y 2020”, como parte de los servicios proporcionados en el programa Quédate en México.

Las recomendaciones

Como parte del informe, HRW recomendó al gobierno de Estados Unidos “poner fin a las expulsiones desproporcionadas y dañinas de solicitantes de asilo por razones de salud pública”; y analizar nuevamente las solicitudes de asilo de personas que bajo el esquema de Quédate en México fueron rechazadas.

También instruir al personal del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Patrol, CBP) para que “considere debidamente las solicitudes de permiso humanitario (humanitarian parole) en los puertos de ingreso, los cuales permiten a individuos ingresar a Estados Unidos de forma temporal por razones humanitarias”.

Al gobierno de México la organización humanitaria pidió rechazar “nuevas expulsiones de solicitantes de asilo desde Estados Unidos”; investigar las denuncias de migrantes, esclarecer los hechos y sancionar a responsables, así como que se informe a los migrantes que han sido víctimas de delitos de cuáles son sus derechos, “incluida una visa humanitaria prevista en el derecho mexicano”.

HRW solicitó al gobierno mexicano que, mientras se permite a todas las personas bajo el programa Quédate en México ingresar a Estados Unidos, se les garanticen visas humanitarias de residencia temporal “con tarjetas de identidad con fotos”; proporcionar los números de identificación nacional como el CURP  y el RFC, para que puedan acceder a derechos laborales, educativos y de salud, mientras se encuentran en México, así como que se les expliquen cuáles son sus derechos y cómo hacerlos valer.

Para ello, es necesario instruir a funcionarios públicos como policías, trabajadores de la salud y administradores de escuelas públicas, para que “entiendan que los solicitantes de asilo en el programa se encuentran legalmente en México y tienen derecho a acceder a servicios públicos”.