CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 2019, el gobierno estadunidense de Donald Trump devolvió 62 mil 144 solicitantes de asilo extranjeros a México –a un ritmo de 170 personas por día-- bajo el polémico Protocolo de Protección a Migrantes (PPM), mejor conocido como el plan “Quédate en México”; entre ellos, 20 mil 741 eran menores de edad, según un documento de la Secretaría de Gobernación (
Segob) en poder de
Apro.
Este plan, que organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional tachan de ilegal, fue negociado y aceptado durante el periodo de transición por el equipo del ahora canciller Marcelo Ebrard Casaubón, encabezado por
el empresario Javier Joaquín López Casarín.
Entre los solicitantes de asilo devueltos en 2019, 46 mil 703 eran ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica –principalmente de Honduras, con 22 mil 930 personas, y de Guatemala, con 15 mil 638 personas--; aparte, el gobierno estadunidense devolvió a 7 mil 787 personas cubanas, 3 mil 647 ecuatorianas, 2 mil 77 venezolanas y mil 526 nicaragüenses.
Según el oficio, las autoridades de Estados Unidos enviaron 2 mil 994 menores de edad a Tijuana –la ciudad con mayor número de homicidios en México--, otros 5 mil 103 en Ciudad Juárez –la segunda más peligrosa-- y otros 9 mil 229 niños fueron devueltos a Nuevo Laredo y Matamoros, dos ciudades fronterizas peligrosas de Tamaulipas.
El Plan
El plan “Quédate en México”, que hoy cumple un año, es clave en la estrategia antimigrante de Trump, pues permite a las autoridades de Estados Unidos devolver a México a los solicitantes de asilo extranjeros para que aguarden de este lado de la frontera hasta que un juez de migración determine si les otorga o no la protección internacional.
Durante los primeros meses de su implementación, las autoridades estadunidenses devolvían los solicitantes de asilo a Tijuana y Ciudad Juárez, principalmente. Sin embargo, a partir del acuerdo migratorio que el gobierno mexicano –en la persona de Ebrard-- pactó con la administración Trump en junio de 2019, se extendió a otras ciudades fronterizas.
De hecho, según el oficio obtenido por IMUMI, Tamaulipas fue el principal estado receptor de solicitantes de asilo extranjeros el año pasado: 28 mil 346 personas fueron devueltas a Matamoros y Nuevo Laredo, ciudades controladas en parte por grupos del crimen organizado. Apenas el pasado 3 de enero, el gobierno estadunidense indicó que el plan se extendería ahora a la ciudad de Nogales.
A la par de aceptar la ampliación del MPP, el gobierno mexicano se comprometió ante Washington a desplegar más de 20 mil agentes de la Guardia Nacional en sus fronteras e incrementar los operativos de contención migratoria. Como resultado, 70 mil 302 personas pidieron asilo en México en lugar de Estados Unidos el año pasado.
El MPP, avalado por México
El MPP forma parte de un plan que la administración de Trump aplica en toda la región para reducir la figura del asilo en Estados Unidos: impuso acuerdos bilaterales a los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras para convertirles en “Tercer País Seguro”.
El gobierno mexicano siempre alegó que la implementación de los MPP fue una medida unilateral de Estados Unidos, anunciada por Kirstjen Nielsen –entonces titular del Departamento de Seguridad Interna (DHS)—el 20 de diciembre de 2018.
Sin embargo, desde temprano se multiplicaron las evidencias de que el MPP fue producto de una negociación. En noviembre de 2018, el
Washington Post reveló que el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador negociaba con el gobierno de Trump un programa llamado “Quédate en México”, lo que fue prontamente desmentido por los cercanos del ahora presidente. A grandes rasgos, el plan que describió el WP fue el que Nielsen anunció el 20 de diciembre de 2018.
En abril de 2019, un tribunal estadunidense suspendió el plan “Quédate en México” de manera temporal, y la Casa Blanca publicó una declaración irritada, en la cual sostuvo que el programa era producto de “un programa de cooperación extensamente negociado” con el gobierno mexicano.
Casarín, el negociador
Y finalmente, en el libro libro
Border Wars: Inside Trump’s Assault on Inmigration, Julie Hirschfeld y Davis y Michael D. Shear, corresponsales del
New York Times en Washington, confirmaron que el plan se negoció en noviembre de 2018 en Washington, en una reunión a la que Javier Joaquín López Casarín asistió en nombre de Ebrard.
La Cancillería siempre negó el contenido del libro; según los periodistas, Washington ejerció presión sobre Ebrard y su equipo: Nielsen, Mike Pompeo –el Secretario de Estado-- y Taylor afirmaron que Trump podría volverse “loco” y cerrar la frontera en caso de que México no aceptara el plan; finalmente, la delegación mexicana accedió, bajo la condición de que en el futuro se presentara como una decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos.
A principios de este mes,
Proceso reveló una carta que Nielsen envió a
López Casarín en febrero de 2019; en dicha misiva, la entonces encargada de aplicar la política antimigrante de Trump agradeció al empresario por su “liderazgo” durante el periodo de transición, así como por su “cercana cooperación con nosotros en un rango de temas de importancia mutua”, y agregó: “confío en que Usted y el secretario Ebrard seguirán siendo socios esenciales para el DHS y Estados Unidos”.
