CIUDAD DE MÉXICO (apro).– De las 252 mil 526 personas migrantes que el gobierno mexicano detuvo este año, y de las 101 mil 571 que deportó a sus países de origen, apenas 4 mil 468 –o el 1.77% de los detenidos–, estaban vinculadas con algún delito; es decir, que el 98.2% de las personas detenidas no había cometido ningún delito.

De acuerdo con las cifras oficiales, entre enero y noviembre de este año las autoridades mexicanas detuvieron a 252 mil 526 personas migrantes en el territorio nacional, la cifra más alta desde que se generan estadísticas sobre detenciones de personas; entre ellas, 108 mil 448 provenían de Honduras, 70 mil 644 de Guatemala, 20 mil 553 de El Salvador y otras 18 mil 235 de Haití.

Durante los mismos 11 meses, el gobierno mexicano deportó a 101 mil 571 personas, casi todas originarias de los tres países que forman el Triángulo Norte de Centroamérica; entre ellos, 12 mil 345 eran menores de edad, incluyendo 4 mil 494 niños de menos de 11 años.

La cifra récord de detenciones es producto del incremento en los flujos de personas –detonado en parte por los estragos que causó la pandemia de covid-19 en las economías de Centroamérica–, pero también del endurecimiento y la militarización de la política migratoria pactados con el gobierno de Estados Unidos.

Este endurecimiento, negociado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante la administración de Donald Trump y continuado con la de Joe Biden, incluye el despliegue de miles de soldados de la Guardia Nacional en las fronteras sur y norte para impedir el paso a las personas que busquen llegar a Estados Unidos, y el nombramiento de militares al frente de las delegaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).

Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que la militarización de la frontera sur no ofrece ninguna solución a la salida masiva de personas de sus países, y en su lugar arroja a decenas de miles de personas hacia las muy prosperas redes de tráfico de personas.

En un boletín difundido este martes, el INM presumió que “deportó o rechazó” a 4 mil 468 personas “vinculadas a delitos o faltas a la Ley de Migración”, por lo que presumió su rol “en la salvaguarda de la seguridad en el territorio mexicano”.

En este comunicado, la dependencia sostuvo que estas personas fueron deportadas por “contravenir la Ley de Migración y su reglamento, poner en riesgo la seguridad nacional, actividades ilícitas, contar con órdenes de aprehensión o ser requeridos en otras naciones”, e insistió en que “4 mil 056 fueron deportadas por delitos como: homicidio, lavado de dinero, secuestro agraviado, robo, sustracción de menores, tráfico de armas, de drogas, y de persona; de ellas, 490 fueron rechazadas al estar señaladas como ofensoras sexuales en sus respectivas naciones”.

Sin embargo, 4 mil 468 personas representan apenas el 1.77% de las 252 mil personas detenidas por las mismas autoridades en México, y el 4.4% de todas las personas deportadas.