CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) denunció a grupos de choque del PRI de boicotear la asamblea encabezada por funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre la declaratoria de Área Natural Protegida en espacio que se construía el Nuevo Aeropuerto de Internacional de México (NAIM).

De acuerdo a un comunicado, armados con machetes, hachas, piedras, palas y tubos, un grupo de 10 personas conocido como “los oaxacos”, encabezados por el excomisario ejidal Alejandro Santiago López y el expresidente municipal de Atenco, Andrés Ruiz Méndez, irrumpieron en la asamblea que se llevaba a cabo el domingo 19 de diciembre, entre autoridades ejidales de Atenco y del pueblo de Nexquipaya con funcionarios de la Semarnat.

El FPDT informó que, en un lapso de 20 minutos, el grupo de choque de priistas agredió al presidente del comisariado ejidal de Atenco, Humberto Flores, a Isaías Ávila, Manuel Méndez, a Víctor Estrada y a varias personas más que “no quisieron hacer denuncia por temor a represalias, ya que las autoridades de procuración de justicia de Texcoco han dejado impunes los delitos de este grupo de choque en otras ocasiones”.

Según la narración, los integrantes del FPDT llamaron a policías municipales que, “en lugar de parar la agresión, protegieron a los golpeadores”, en tanto que cuatro horas después llegó la Guardia Nacional, cuando ya habían huido los agresores.

La violencia generada llevó a los habitantes de Atenco a reunirse en la plaza municipal para reclamar lo ocurrido a las autoridades locales, pero “se deslindaron de los hechos”.

El FPDT sostuvo que desde hace varios meses que han tenido las pláticas con el gobierno federal, “los ejidatarios advirtieron a autoridades los riesgos que representa la presencia del grupo de choque priista para la declaración del Área Natural Protegida y la devolución de las tierras arrebatadas a los campesinos en 2014”.

Agregó que ha insistido a las autoridades federales que “es necesario garantizar la seguridad dentro y fuera de las asambleas”, pero que los hechos del 19 de diciembre demuestran que han sido omisas.

Tras destacar que en un encuentro llevado a cabo el 21 de diciembre, “funcionarios de (la Secretaría) de Gobernación dijeron que se va a trazar una ruta jurídica para atraer el caso al fuero federal”.

El FPDT-Atenco resaltó que personajes ligados al PRI y a Morena tienen “intereses económicos y políticos más grandes que siguen especulando y haciendo negocio con terrenos que lograron comprar durante el anterior régimen”.

Apuntó que uno de los líderes de “los oaxacos”, el exalcalde Ruiz Méndez, está involucrado en “los desvíos de recursos públicos que la entonces titular de la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano), Rosario Robles, hacía durante su gestión”.

Del excomisario ejidal, Santiago López, los integrantes del FPDT señalaron que durante la represión de mayo de 2006, en la que se registraron detenciones arbitrarias, tortura sexual y asesinato, “el gobierno se valió de Santiago López para que éste señalara desde un helicóptero sobrevolando el pueblo las casas de los campesinos más activos”.

Ambos miembros del PRI “maniobraron para la venta de la tierra en Atenco y fueron ejecutores de la región para facilitar la imposición del ahora cancelado NAIM”, para lo cual compraron asambleas ejidales y pusieron en operación a grupos de choque en las reuniones, en las que portaban armas de fuego.

Al señalar que tras el triunfo de la campaña #YoPrefieroElLago y la cancelación del megaproyecto, “los oaxacos” perdieron poder a nivel municipal y ejidal, pero sin ser desarticulados, por estar siendo “financiados por mafias del PRI y ahora están protegidos por un sector local de Morena”.

De acuerdo al FPDT-Atenco en la fracción de Morena que apoya al grupo de choque están la delegada de la Secretaría de Gobernación en Texcoco, Miroslava Estévez, el senador Higinio Martínez y Nazario Gutiérrez, “cómplices de la represión en 2006”.

Para el FPDT, todos estos personajes “tendrían intereses económicos en la región y les estorbaría la declaración del Área Natural Protegida”, por lo que llamaron a las autoridades federales a atender las denuncias contra ellos.