CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 20 de febrero de 2018, el gobierno de la República presumió en sus redes sociales la colocación del primer fonil del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), es decir, una de las 21 estructuras que soportaría la obra cancelada en el exlago de Texcoco. A casi tres años de distancia el primer fonil fue echado abajo.

Bastaron cinco segundos para que la estructura de 2 mil piezas y 600 mil elementos estructurales, cayera para su conversión en chatarra.

Hasta ahora, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes han mantenido el asunto en la opacidad.

Un video obtenido por Proceso, muestra el momento en el que trabajadores registran la caída de la estructura cónica de 45 metros de alto, que se suponía maximizaría el aprovechamiento de recursos energéticos e hidráulicos, que la pasada administración calificaba como “únicas en el mundo”.

Para agosto del 2018 iban ya 11 foniles en los que se instalaba la estructura superior y, según las comunicaciones del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México por esos días, el NAIM estaba tomando su forma final.

Como se sabe, con el cambio de administración el NAIM fue cancelado.

En agosto del año pasado, una licitación para el desmantelamiento y obtención de 49 mil toneladas de acero que se habían instalado en el megaproyecto peñanietista, dejó como ganador a Grupo Gilbert Estructuras en Acero, que pagaría 4 mil 30 pesos por tonelada.

El concurso incluyó a 13 empresas que pujaron por el contrato y, una vez emitido el fallo, 11 de los competidores impugnaron al asegurar que Grupo Gilbert incumplió con la presentación de una carta de posible conflicto de intereses conforme a los criterios establecidos en la convocatoria.

Dichas impugnaciones quedaron asentadas en el acta de fallo, implicaron una queja ante el Órgano Interno de Control por la omisión, lo que obligó al GACM a suspender la firma del contrato.

No es todo. Los competidores consideraron inexplicable el fallo dado que otra empresa, Habilitadora de Metales Monte Salas, ofreció un precio superior al de Grupo Gilbert por 4 mil 179 pesos. En conjunto, la queja era por un acto de favoritismo realizado por el director del GACM, Ferrando Bravo.

Sin embargo, Grupo Gilbert se amparó y en septiembre pasado obtuvo una sentencia que ordenó continuar el proyecto de desmantelamiento.

“El Rey de la Chatarra”

Grupo Gilbert es propiedad de Tomás López Landero, conocido en el medio empresarial como “El Rey de la Chatarra”, un empresario de origen tabasqueño avecindado en Veracruz, estado donde además de su actividad empresarial ha desarrollado carrera política en el PRI, como diputado local y federal durante los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte.

Los hermanos López Landero han mantenido su cacicazgo en la zona centro de Veracruz, principalmente en Córdoba, donde este año el “Rey de la Chatarra” contendió por Movimiento Ciudadano al ayuntamiento de esa ciudad con el propósito de suceder en el cargo a su hermana Leticia, alcaldesa por el PAN, sin embargo, el clan perdió la elección ante Morena.