La cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) tuvo y tendrá costos económicos que vamos a pagar las personas contribuyentes. Se trata de un asunto de interés público y por tanto su discusión debe darse con transparencia, libertad y, sobre todo, con argumentos.

Sin embargo, alrededor suyo se ha fabricado un ambiente enrarecido que no ofrece condiciones para razonar con rigor ni densidad. Para Andrés Manuel López Obrador la cifra presidencial es la única aceptable y está dispuesto a decir y a hacer casi cualquier cosa para defenderla.

Las razones políticas por las que el mandatario despliega con contundencia su propia cifra no necesitan interpretación. La cancelación del NAIM fue la primera decisión política de envergadura que tomó como presidente virtual, y reconocer, dos años y meses después, que pudo haber sido un error –desde el punto de vista de las finanzas públicas– tiene consecuencias severas sobre los fundamentos de su liderazgo.

Ahora bien, los argumentos del presidente no son ni pueden ser forzosamente los del resto. Tanto el periodismo como la academia tenemos la obligación de corroborar y verificar los datos aportados por el poder público y si, como es el caso, existe alguna discrepancia estamos también impelidos a darla a conocer.

Los balcones desde donde se observa la misma información son distintos y tan respetable uno como el otro: tan debe entenderse que el presidente defienda su capital político como que las personas contribuyentes defendamos el uso y destino de los recursos que todas y todos aportamos.

Por este motivo acuso como exagerada la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando descalificó la crítica practicada a la última cifra de la ASF. La conclusión de que el costo de cancelación “sólo” fue de 113 mil millones de pesos es muy discutible y todavía más lo es –desde el punto de vista jurídico– el documento dispuesto para darlo a conocer.

De acuerdo con López Obrador, el proyecto del NAIM fue herido desde el principio por una gran corrupción. Siendo la cabeza del Estado mexicano, esta sola afirmación debió llevar a que la ASF encargara una auditoría forense para determinar responsabilidades y, en su caso, sanciones administrativas e inclusive penales.

¿Por qué en vez de ordenar una auditoría forense, la ASF prefirió optar por otras vías?

En entrevista, la doctora Muna Dora Buchahin –exfuncionaria de la ASF responsable de investigar el expediente conocido como “La Estafa Maestra”– afirma que la respuesta a tal interrogante está en las consecuencias previstas por cada tipo de auditoría. Ni la auditoría del desempeño ni la contable y financiera implican sanciones contra las personas responsables: enuncian hechos y, en el mejor de los casos, los denuncian públicamente, pero de ellas no derivan acciones que conjuren efectivamente la impunidad.

Ciertamente la ASF no se atrevió a mirar de cerca –con ojos de forense– la corrupción denunciada por el presidente de la República y con ello dejó en la impunidad hechos que debieron investigarse con el mayor rigor posible. Este sospechoso curso de acción merecería una explicación del titular de la ASF, David Colmenares Páramo.

Al final, los auditores se conformaron con cuantificar el costo financiero de la cancelación del NAIM. Mientras la auditoría del desempeño (1394-DE) arribó a una cifra de 331 mil millones de pesos, la de cumplimiento financiero (Memoria de la cancelación del aeropuerto 2014-2019) arribó al monto de 184 mil millones de pesos.

Ambos documentos son debatibles, tanto por la información que ofrecen como por los métodos utilizados para ofrecer resultados. No obstante, comparten como defecto político que contradicen la cifra defendida desde el principio por el gobierno de la República, en particular por la SHCP: 113 mil millones de pesos.

Nada de extraordinario debería tener una discrepancia entre el auditor y el sujeto auditado, y sin embargo esta diferencia desató una guerra y luego una negociación bastante desaseada entre Hacienda y la ASF que concluyó con un tercer documento denominado Costo del esquema de financiamiento, construcción y terminación anticipada de contratos del NAIM al 31 de diciembre de 2019.

Este último texto, publicado el sábado 8 de mayo, no puede ser considerado un ejercicio de fiscalización y mucho menos una nueva auditoría. De hecho, no es posible definir su naturaleza jurídica con precisión. Sus resultados no son vinculantes ni tienen consecuencias jurídicas. Es, en otras palabras, un texto redactado a modo para ser utilizado en el debate público y con propósitos políticos.

Atiende escrupulosamente el interés político del presidente López Obrador, pero descobija el interés de las personas contribuyentes con respecto al uso y destino de los recursos públicos.

La ASF, brazo de la Cámara de Diputados –máximo órgano de la representación nacional–, debió haber priorizado el dinero público sobre el interés del presidente, pero decidió no hacerlo.

Hay ingenuidad en suponer que el multimillonario costo por la cancelación del NAIM, así como los hechos presuntos de corrupción relativos al NAIM serán en breve olvidados. A pesar de que fue López Obrador quien encumbró este expediente, no es el mandatario quien podrá enterrarlo con facilidad. Hay demasiados miles de millones de pesos del tesoro público en disputa como para cerrar este caso sin mayor consecuencia.

No importa que, desde Palacio Nacional, se descalifique a los auditores, tampoco que se estigmatice a los profesionales de la prensa, el NAIM seguirá siendo asunto de interés público hasta que sepamos realmente lo que sucedió.

Este análisis forma parte del número 2324 de la edición impresa de Proceso, publicado el 16 de mayo de 2021 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí