CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- José Manuel Matías perdió la vida hace tres años. Lo atropelló un camión de basura mientras iba montado en una bicicleta trabajando como repartidor para una de las aplicaciones que en los últimos 12 meses han hecho una enorme fortuna global gracias a la pandemia del coronavirus.

Su cuerpo permaneció tirado sobre el asfalto durante más de seis horas, tiempo suficiente para que fueran reuniéndose en torno suyo otras personas dedicadas al mismo oficio. Aquella escena desgraciada se volvió un espejo en el que las y los repartidores se miraron al rostro.

Cuenta Saúl, repartidor mejor conocido como El Peluche Estepario, que en ese momento muchos tomaron conciencia de la precariedad y sobre todo del ninguneo que caracterizan en el presente a su actividad laboral. Ahí, junto al cuerpo de José Manuel, nació la organización “Ni un repartidor menos”.

El nombre resulta paradójico porque, desde ese hecho a la fecha, el número de repartidores muertos por accidente de tráfico se ha incrementado mes con mes. Sólo entre marzo de 2019 y marzo de 2021 han fallecido más de 70 personas dedicadas a esta actividad.

Saúl desafía con una de las frases más socorridas de la organización: “Tu prisa no vale más que mi vida”. Y, sin embargo, diera la impresión de que el ensimismamiento que ha marcado la psicología de la mayoría durante la pandemia hace que inclusive las personas usuarias frecuentes de las aplicaciones sean incapaces de mirar con dignidad a quien les llevan comida, medicinas y tantos otros productos hasta la puerta de su casa.

Todavía más denigrante es el trato que las empresas propietarias de las aplicaciones otorgan a quienes se encargan de su actividad sustantiva, que son sin duda las y los repartidores.

Estas grandes unidades económicas sostienen una relación tramposa con ellas. Encontraron en todo el mundo cómo desentenderse de la relación laboral que se deriva de su actividad. En vez de considerarlos empleados, han otorgado el gracioso título de “socios” o proveedores “autoempleados”.

Esta relación es la cúspide del imaginario neoliberal: la empresa disfraza la relación subordinada a través de una narrativa de falsa igualdad y con esta estrategia se libera del pago de cargas sociales, como el Seguro Social, el aguinaldo, las vacaciones, el reparto de utilidades, el Infonavit o el impuesto sobre nómina, entre otras contribuciones.

El negocio es tan desleal como rentable. Con una mano las aplicaciones cobran al usuario y con la otra guardan su generosa tajada de pastel, libre de polvo y paja. Esas empresas están conscientes de que, dada la crisis laboral, provocada también por la situación sanitaria, si alguno de esos “socios” se inconforma con las reglas asimétricas del juego, el sujeto será rápidamente sustituido por otro individuo dispuesto a coincidir con el leonino arreglo.

En efecto, la oferta de repartidores potenciales es tan abundante que los costos relativos a este empleo pueden continuar abaratándose hasta su mínima expresión. Saúl se refiere a sí mismo y sus colegas como “jornalero digital”. Y es que tal como ocurre con ese otro oficio precarizado y precarizante, las y los repartidores están librados a su suerte, no porque las empresas que los emplean no tengan para proteger sus respectivos derechos, sino porque el arreglo general de la economía hace posible que nadie con poder vele por sus intereses laborales.

De manera natural, el mercado no va a resolver esta nueva forma de depredación humana. La experiencia recuerda los episodios más miserables en la historia del capitalismo salvaje. Sin la organización de los repartidores, pero sobre todo sin la intervención de las autoridades laborales, esta asimetría –propia de la revolución digital– permanecerá en el tiempo otorgando ventajas inmorales a las aplicaciones, tales como Uber Eats, DiDi Food, Rappi, Sin Delantal y otras tantas, sobre las personas dedicadas a ofrecer, a nivel de cancha, una solución logística cuya moda llegó para quedarse.

Actualmente hay en el Valle de México unas 15 mil personas repartidoras. La lista crece notablemente si se incorporan a estos números quienes ofrecen servicios similares en el resto del país. Esa otra cifra no se conoce porque ahí la organización relativa a esta actividad es incipiente.

El movimiento de repartidores tiene expresiones notables en otros países. Similares a la referida pueden encontrarse en Estados Unidos, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, España, Italia o Francia.

En Reino Unido, hace poco más de dos meses, los jueces concedieron razón a las organizaciones de repartidores que, en automóvil, reclamaban ser tratados como empleados por las aplicaciones y no como “falsos” socios.

Esa sentencia podría ampliarse pronto a los repartidores que usan bicicleta y ciertamente terminará siendo un referente global para quienes hacen denuncias parecidas, en contra de las mismas empresas, en otras latitudes del orbe.

En cualquier caso, la experiencia de las personas repartidoras permite abordar las consecuencias laborales de una revolución digital que, durante el último año, se aceleró notablemente debido a la pandemia.

Frente a esta revolución llama la atención el rezago de las leyes laborales y la protección del Estado sobre los derechos de las y los trabajadores.

Urge repensar la seguridad social a la luz de estos cambios y también la responsabilidad que las grandes empresas digitales deberían asumir respecto a sus contribuciones para con las sociedades que les han permitido ser las grandes ganadoras de la época.

No se trata de destruir la economía digital, sino de asegurar que sea compatible con la dignidad humana y la equidad social.