Eloxochitlán de Flores Magón
Huérfanos de la violencia, la herida que sigue abierta en Eloxochitlán
El caso volvió recientemente al centro de la discusión pública luego de que un Tribunal Colegiado emitiera una resolución que, a decir de las víctimas, abre la puerta a la impunidad.CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En diciembre pasado, una joven que cumplía 15 años tomó la fotografía de su padre y comenzó a bailar el vals con ella. El hombre del retrato era Manuel Zepeda Lagunas, un mecánico de 25 años que fue ejecutado de manera extrajudicial el 14 de diciembre de 2014 en Eloxochitlán de Flores Magón.
La escena fue recordada por el pastor Gaspar Martín Chablé Caamal, sobreviviente de la agresión, quien afirmó que ese momento dejó en evidencia que el daño provocado hace casi doce años sigue vivo.
“Eso rompe a todos”, refirió en entrevista con Proceso.
Los hechos ocurrieron durante una asamblea comunitaria en Eloxochitlán, cuando un grupo armado irrumpió en la casa de los Zepeda Lagunas en medio de tensiones políticas locales.
De acuerdo con los testimonios y expedientes ministeriales, el ataque derivó en el asesinato de Manuel Zepeda y Gustavo Estrada Andrade, además de agresiones físicas y la tentativa de feminicidio en contra de la activista Elisa Zepeda y su madre, Magdalena Lagunas.
Autoridades estatales documentaron que horas antes de su muerte Manuel Zepeda fue visto con vida en la batea de una patrulla municipal de Eloxochitlán, custodiado por policías municipales y funcionarios del ayuntamiento. Posteriormente apareció muerto con traumatismo profundo de cráneo.
Los análisis de balística forense y la prueba Walker en las prendas del joven resultaron negativos a plomo, bario o residuos de pólvora, confirmando que la víctima jamás accionó ni estuvo en contacto con el arma por la cual justificaron su detención.
El día del ataque
Chablé Caamal, el pastor de Eloxochitlán, recuerda claro que se encontraba dentro de la vivienda de la familia Zepeda Lagunas cuando un grupo armado llegó al lugar. Se quedó ahí para proteger a las mujeres pese al miedo que sentía. Y desde esa vivienda vio cómo Manuel intentó defender a su madre antes de ser sometido por los agresores y llevado con vida fuera de la casa.
“Él cubrió con su cuerpo a su mamá”, recordó.
Después observó cómo se lo llevaban mientras dentro de la vivienda continuaban las agresiones.
Gaspar Chablé señala que fue golpeado en repetidas ocasiones hasta perder el conocimiento y que, al despertar, percibió olor a gas y vio objetos incendiándose dentro del domicilio. En el patio incendiaron los vehículos incluida su camioneta, que se encontraba en reparación en el taller mecánico de Manuel.
La otra víctima, Gustavo Estrada Andrade, de 35 años y policía municipal, murió luego de intentar defender a Elisa de un machetazo. Según la reconstrucción de los hechos, fue severamente golpeado antes de recibir el llamado “tiro de gracia”. Su asesinato dejó huérfanos a cuatro hijos, quienes crecieron en medio del desplazamiento y las secuelas del caso.
“Eran personas trabajadoras, cumplidos, respetuosos”, expresó al recordar a los fallecidos, a quienes conoció desde niños debido a su trabajo pastoral en la región mazateca.
Elisa Zepeda, sostiene que el ataque no fue un conflicto espontáneo, sino una agresión organizada por autoridades municipales vinculadas al PRI, entre ellas el entonces presidente municipal Alfredo Bolaños Pacheco y su asesor Jaime Betanzos Fuentes. La activista afirma que el objetivo era frenar el liderazgo femenino y comunitario que impulsaba en la región mazateca.
Impunidad por costumbre
El caso volvió recientemente al centro de la discusión pública luego de que un Tribunal Colegiado emitiera una resolución que, a decir de las víctimas, abre la puerta a la impunidad. Para Zepeda, el fallo privilegió argumentos relacionados con la interculturalidad y los sistemas normativos indígenas por encima de los homicidios y de la tentativa de feminicidio.
En esto coincide el pastor Gaspar Chablé, quien cuestionó la narrativa que presenta a los implicados como “presos políticos”. A su juicio, los responsables han utilizado el argumento de los usos y costumbres para intentar evadir responsabilidades penales.
“A veces he dicho que más bien son abusos por costumbre”, declaró al considerar que el concepto ha sido manipulado políticamente. Las víctimas insisten en que el expediente contiene pruebas materiales, testimonios y peritajes que documentan homicidios, tortura, incendios y agresiones contra mujeres.
Las secuelas físicas y emocionales dan cuenta de ello:
Magdalena Lagunas perdió el ojo izquierdo a consecuencia de las lesiones sufridas durante el ataque. Las dos hijas de Manuel quedaron huérfanas y fueron desplazadas de su comunidad.
Mientras tanto, familiares de Gustavo Estrada continúan exigiendo que su asesinato no quede impune.