PUEBLA, Pue., (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó al gobernador Miguel Barbosa Huerta ofrecer una disculpa pública e indemnizar al exsecretario de Salud del estado, Jorge Aguilar Chedraui, a quien acusó públicamente de actos de corrupción, sin respetar el principio de presunción de inocencia.

La recomendación 75/2021, emitida el 3 de noviembre, también pide que el mandatario poblano y los servidores públicos adscritos a su oficina, reciban un curso de capacitación sobre derechos humanos “en el que se haga énfasis en los derechos a la presunción de inocencia, a la legalidad, a la privacidad, al acceso a la información pública y a la protección de datos personales”.

La queja ante la CNDH fue presentada el 18 de junio de 2021 por Aguilar Chedraui, exfuncionario morenovallista quien acusó al gobernador, al titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serrano y a diputados locales de haberlo acusado públicamente de haber cometido desvío de recursos cuando fungió como Secretario de Salud del Estado.

Chedraui asegura en su denuncia que estos señalamientos atentaron contra su derecho al honor, la dignidad, la presunción de inocencia y trascendieron a su entorno familiar y social.

El exfuncionario morenovallista presentó los resultados de las revisiones solventadas que sobre su gestión realizaron la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Aunque se reconoce que hubo dictámenes negativos y “con salvedad”, los expedientes se cerraron como “no procedentes por falta de elementos”, por lo que a pesar de las acusaciones públicas que hizo Barbosa y demás servidores públicos, no había procedimiento administrativo vigente contra Aguilar Chedraui, ni la apertura de cuentas públicas como se aseguró ante medios informativos.

La recomendación de la CNDH concluye que los señalamientos públicos del mandatario violentan los derechos a la seguridad jurídica, la legalidad y a no ser objeto de ataques a la reputación; a la dignidad y la imagen pública como límite al derecho a la libertad de expresión y a la presunción de inocencia.

“La libertad de expresión no está reñida con la crítica al ejercicio de la función pública, pero siendo compatibles con la veracidad de la información, además de que exige a los servidores públicos una ponderación de las expresiones para que no se presente afectaciones a los derechos humanos de las personas”, sostiene la Comisión.

Agrega que las afirmaciones que hicieron el gobernador y el titular de la ASE al acusar de corrupción a Aguilar Chedraui no se originan del resultado de una auditoría o de una sentencia judicial y sólo generaron un “ambiente de linchamiento mediático” en contra del quejoso.

Entre las recomendaciones de la CNDH, cuya titular es Rosario Piedra Ibarra, está el realizar un acto público donde se reconozca las violaciones cometidas por el gobernador y se ofrezca una disculpa a Aguilar Chedraui, así como gestionar la eliminación de publicaciones en medios de comunicación masiva donde se acusó al ex funcionario.

Al auditor se le pide que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Puebla, se tomen medidas para reparar el daño causado, que incluya una compensación “justa” y la inscripción del ex funcionario en el Registro Nacional de Víctimas.

Aunque la administración barbosista no ha informado aún si acepta o no esta recomendación, por este caso ya se maneja la posible salida de Ricardo Velázquez Cruz como consultor jurídico, así como de Romero Serrano como titular de la ASE.