CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Principado de Andorra expropió 2 mil millones de euros a los 23 inversionistas mexicanos que vieron sus fondos bloqueados al ser intervenida la Banca Privada d´Andorra (BPA) en 2015, sin que hubiera algún juicio jurídico que demostrara que el origen de los recursos fuera a través de lavado de dinero.

“Los empresarios se sienten con las manos atadas y no pueden ejercer ningún tipo de debido proceso o defensa para desbloquear sus fondos, entonces estrictamente eso es una extinción de dominio o una expropiación sin proceso jurídico alguno”, asegura el abogado de estos mexicanos, Salvador Padilla Estrada, en declaraciones a Forbes México.

El experto en litigio internacional y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita del Hernández y Fernández y del bufete Cohepza, sostiene que los 23 mexicanos afectados no pueden acceder a sus ahorros desde hace cinco años.

Aseguró que los recursos afectados son producto de años de trabajo, herencias e inversiones, entre otros.

The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), el organismo que combate crímenes financieros del Departamento del Tesoro estadunidense, denunció en su momento que BPA era utilizado para el blanqueo de capitales de forma “masiva” para actividades del crimen organizado.

Luego, el gobierno del principado pirenaico procedió a intervinir la Banca Privada d´Andorra, una de las cinco entidades financieras que operan en el principado, en ese momento considerado un paraíso fiscal por la Unión Europea y por la OCDE.

El abogado Padilla sostiene en la publicación citada que en la “tragicomedia” y la “cacería” también hay empresarios de otras nacionalidades, como colombianos, japoneses, estadounidenses.

“Sí ha sido mucho más gravoso para los empresarios mexicanos, porque se le tiene bajo la concepción de que quien tiene dinero es narcotraficante o lavador de dinero”, dice.

Sin embargo, explica, explica, “en México ninguno de mis clientes está vinculado judicialmente a nada, de hecho no ha llegado imputación, pues son solo indiciados y se respeta su presunción de inocencia”.

Explicó que las carpetas de investigación iniciadas en México contra dichos clientes fueron abiertas como consecuencia de que el lavado de dinero se persigue de manera trasnacional de oficio.

En México no hay indicios de lavado de dinero desde 2017, cuando iniciaron las investigaciones, y “ahora las carpetas están archivadas, incluso hemos conseguido el no ejercicio de la acción penal por falta de pruebas”.

De 12 de esos empresarios consiguió el no ejercicio de la acción penal de la Fiscalía General de la República, una certificación dada por la autoridad ministerial para no seguir una investigación por falta de pruebas.

Las indagatorias de otros 8 inversores mexicanos están en reservas y algunas activas sin ningún tipo de trascendencia mayor en la FGR.