TOLUCA, Edomex (apro).- El Frente de Lucha contra la Corrupción en el Estado de México pidió al gobernador Alfredo del Mazo que solicite licencia temporal al cargo para que, sin riesgo de tráfico de influencias, sea investigado sobre la cuenta de 1.5 millones de euros que abrió en 2012 en la Banca Privada de Andorra (BPA), cuando fungió como alcalde de Huixquilucan. La petición del organismo, que aglutina a Garval y Ralp, Organización Nacional Mexiquense contra la Corrupción A.C., Fundación Soy Leal, Fundación Pies Sin Fronteras A.C. Edomex, así como a un grupo de abogados y ciudadanos, fue remitida el pasado 31 de julio. El documento plantea a Del Mazo Maza: “Tenga a bien solicitar al Congreso del estado una licencia provisional para efecto de que instancias como la Contraloría de la Cámara de Diputados y el Órgano Superior de Fiscalización (Osfem) --herramientas ambas del Congreso del estado-- y otras instancias gubernamentales puedan realizar su trabajo” en la investigación. La solicitud, con copia al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las dirigencias nacional y estatal de Morena, fue registrada con el folio 55 mil 214, con el compromiso de canalizarla a la instancia correspondiente para que dé respuesta en un plazo de 15 días hábiles. De acuerdo con Hilario García, presidente de la asociación Garval y Ralp, y del Frente de Lucha contra la Corrupción, la emisión de esta solicitud es porque a la fecha la Legislatura no ha dado respuesta a otras tres peticiones para que el tema se transparentara. Detalló que en la primera, con fecha el 23 de julio, se pidió a Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que se citara a comparecer al mandatario estatal para que diera detalles sobre la cuenta en Andorra, con el objetivo de garantizar que no se emplearon recursos públicos. La segunda solicitud se remitió el 29 de julio, para que compareciera el entonces auditor superior, Fernando Baz, y explicara el manejo de las finanzas municipales de Huixquilucan durante la administración de Del Mazo Maza. Días después se presentó la tercera petición en el mismo sentido, pero en esta ocasión para que Victorino Barrios, contralor del Poder Legislativo, detallara la información con que cuenta sobre el gobierno municipal de Alfredo Del Mazo. García Valdés precisó que la respuesta administrativa debe darse en un promedio de 15 días, pero hasta ahora el Poder Legislativo no ha enviado una sola. Al respecto, el presidente de la Jucopo, Maurilio Hernández, afirmó que la respuesta se está preparando y tendrá sustento jurídico. Previamente, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena había aclarado que la Legislatura local no tenía previsto intervenir en el asunto, debido a que es competencia de la justicia de Andorra.

“Es un asunto que ya está en el terreno judicial; no es nuevo, no es que apenas se haya descubierto, lo tenemos desde hace dos años, y judicialmente entiendo que ya cumplió las etapas”, manifestó.

El morenista precisó que, si en el proceso realizado por la justicia de Andorra se confirma la configuración de algún ilícito en el caso y que hay “incidencias y afectaciones a los recursos públicos, lógicamente tenemos que entrar”. Por su lado, Miguel Sámano, coordinador de la bancada priista en el Congreso local, consideró innecesarias las comparecencias, porque el gobernador –dijo-- ya aclaró los hechos mediante un comunicado. La respuesta fue contundente y el caso está cerrado porque ocurrió en 2012, recalcó.