Personas en situación de calle, ancianos, trabajadoras sexuales, son algunos de los grupos más vulnerables ante la pandemia. Pero aún hay rasgos de humanidad: diversas asociaciones civiles trabajan en favor de esos colectivos y les procuran toda la ayuda posible. Durante dos semanas Proceso acompañó a esos ángeles civiles por la Ciudad de México, y no pudo detectar brigadas del gobierno que hicieran tal labor en apoyo a los desposeídos. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como sentenciados a muerte, los jóvenes van saliendo con paso esclerótico de su choza callejera: si acaso un amasijo de dos por dos metros compuesto por tablas, mantas, plásticos y cartones percudidos. Son uno, dos, cuatro, hasta seis o siete, acompañados por una chica parlanchina de cabellos azulados. A unos los lacera la luz ultravioleta de esa hora infame; otros sufren para sintonizarse con el entorno… Pero todos, de manera insólita, todos han salido del mismo minúsculo e insalubre espacio, cual si lo hicieran de la chistera de un mago infernal. Junto con otros grupos –gente de la tercera edad, trabajadoras sexuales, población penitenciaria, obreros de la construcción, entre otros–, las personas en situación de calle se suman a la procesión de mexicanos a los que la pandemia del coronavirus impactará de manera mortal. En el caso de la Ciudad de México, el gobierno capitalino estima en más de 4 mil la cifra de personas en situación de calle, ese conglomerado que por las circunstancias actuales se dirige hacia una zona todavía más incierta de la fragilidad humana. Es 24 de marzo y el bochorno del mediodía convierte a la ciudad en un enorme temazcal. Integrantes de la asociación civil El Caracol, los brigadistas Luis Enrique Hernández Aguilar y Elizabeth Valencia González, conocidos entre sus compañeros como Quique y Eli, se presentan en el campamento de la banda. https://youtu.be/aO2z9SafIo8 Lo hacen decididos, pero con el mismo respeto que supondría ingresar a un templo religioso. Lo hacen, pues, con tacto, sin irrumpir en los mundos insondables de los chavos. Van prestos a enseñarles las medidas básicas de protección para evitar el contagio por coronavirus. Es obvio que conocen a miembros de la banda: un indicativo del seguimiento que dan a su labor social. Calcular a simple vista las edades de los chavos es un acertijo. Quizá ronden los 25 años en promedio, si bien su estado físico, como el del joven de los globos oculares tumefactos, tan dispares que angustian, podría situarlos en una edad mayor. Eli es una psicóloga de 23 años que le perdió el miedo a la calle cuando se sintió acicateada profesional y humanísticamente al hacer conciencia acerca de las condiciones de absoluta desprotección en que se hallan las personas sin techo, sin educación ni trabajo, sin salud, sin identidad ni seguridad jurídicas, sin protección de ninguna especie. Eli es menuda y diligente. Se planta ante ellos para decirles cómo deben lavarse las manos, asearse en lo posible. De su gran mochila extrae cartulina, marcadores y cinta adhesiva para pegar en las paredes, en la zona donde los chavos deambulan, avisos de alerta sobre los síntomas del covid-19… Con delicadeza, incluso con dulzura, Eli les explica el riesgo en el que se encuentran. Les reparte folletos informativos y gel antibacterial, bromea un poco pero les pide atención –“¡a ver, chavos!”– y, al igual que Luis Enrique, con una sonrisilla les recomienda que no vayan a bebérselo. Hay algo de hermoso, de socialmente bello, en la manera como Eli y Quique acometen su misión: son dos overoles rojos incendiados de vida que a paso veloz se internan en los rincones de la Portales, y más tarde por las inmediaciones de la Central Camionera del Sur, en busca de quienes nadie busca. La estampa detona reminiscencias de trances históricos parecidos (1985, 2017): la sociedad civil salvándose a sí misma. [caption id="attachment_625356" align="aligncenter" width="1024"] Adultos mayores. Población endeble. Foto: Germán Canseco[/caption] *** Sin soltar el termo de agua con el que la brigada y la gente atendida se lava las manos, Quique aclara que no existe la vulnerabilidad per se. Lo explica así: “Ningún ciudadano, independientemente de sus condiciones, es vulnerable en sí mismo. Más bien, hay una vulnerabilidad en lo que respecta a la garantía de sus derechos. Y cuando hablamos de este tipo de vulnerabilidad, significa que no existen las políticas, los mecanismos, los programas, para garantizar el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la justicia, de ciertos colectivos de personas…”. Desde luego, es el caso de las personas en situación de calle, que históricamente, según Quique, han estado “muy vulnerables en sus derechos”, y esta es la razón por la que El Caracol asegura haberse anticipado con cinco brigadas, desde el 23 y hasta el 27 de marzo, en la organización del protocolo y su aplicación en auxilio del grupo objetivo. Con un margen más reducido para actuar, el gobierno de la ciudad anunció hasta el 26 de marzo que emprendería acciones semejantes; así es: ya con los dedos en la puerta ante la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, emitida el martes 31. [caption id="attachment_625357" align="aligncenter" width="1024"] Brigada callejera. Apoyo a personas sin hogar. Foto: Germán Canseco[/caption] En los recorridos que Proceso realizó durante dos semanas por la ciudad no pudo detectar brigadas del gobierno. De hecho, hasta el viernes 27 ni una sola de las alrededor de 10 personas visitadas por la brigada independiente a la que se integró este semanario declaró haber recibido asistencia de las autoridades capitalinas o federales. El Caracol sostiene que atendió a por lo menos 300 grupos en el periodo descrito. Directora de la asociación civil Un Granito de Arena, que administra tres casas hogar para personas de la tercera edad, Patricia Rebolledo tiene un concepto muy parecido al de Luis Enrique Hernández en lo que atañe a la noción de vulnerabilidad, si bien no puede soslayarse que el covid-19 se ensaña en especial con este grupo, que a escala nacional ronda los 13 millones de personas. Comenta: “En la sociedad mexicana sigue prevaleciendo una percepción negativa hacia la vejez, y eso en un momento dado está impactando en la manera como percibimos a las personas mayores y en cómo las queremos tratar: como personas dependientes, enfermizas, que son una carga”. Para Patricia Rebolledo estos prejuicios, estereotipos y mitos son parte de una construcción social que contribuye a minimizar, invisibilizar y discriminar a las personas mayores. “Y muchas veces las mismas políticas y programas gubernamentales mantienen esa visión: ver a esas personas como dependientes, necesitadas de dádivas, de una silla de ruedas, de una pensión; pero no se le ve a la persona mayor como sujeto activo que, independientemente de su edad, todavía puede seguir participando en la vida productiva… A lo mejor nosotros las hacemos más vulnerables.” A través de la profiláctica línea de teléfono, Patricia Rebolledo dice que las casas de asistencia de su organización aplicaron la cuarentena desde el domingo 22 de marzo. Comprobado: desde entonces no ha habido poder persuasivo que permita, ni a Proceso ni a otros medios ni a los familiares, hacer visitas a ningún albergue de Granito de Arena; tampoco a las casas hogar del gobierno capitalino. Y si es verdad que los contextos social, económico y político son los que tornan vulnerables a los viejos del país, la Ciudad de México arrastra un desorden político administrativo mayúsculo en lo que respecta a la entrega de pensiones no contributivas para ellos. El nudo gordiano se localiza, según varias denuncias recabadas por Proceso, en la sustitución del esquema local de apoyos por el modelo federal. Hay casos infames, como el de la señora Lilia (su nombre ha sido cambiado para evitar eventuales desquites), quien dejó de percibir su pensión del gobierno de la ciudad; el primer argumento fue que con la federalización de la ayuda dispuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenía que esperar la sustitución de su tarjeta. Para la familia de Lilia, la tramitación del nuevo documento fue un margallate que supuso movilizar varias veces a la señora, que tiene 95 años y ya no puede caminar, además de que perdió la mayor parte de sus capacidades motrices y cognitivas. Cuando al fin llegó la nueva tarjeta, doña Lilia no recibió ni un peso de depósito. Los Servidores de la Nación arguyeron entonces que el documento se hallaba “duplicado”. Otra vez el ofensivo ir y venir con la señora en peso muerto, y el caso es que a casi un año, doña Lilia tiene una insultante tarjeta pero sin depósitos, sin los cuatro meses “adelantados” que el presidente López Obrador anunció el 18 de marzo ante la contingencia sanitaria. Eso no es todo. Patricia Rebolledo afirma que el cambio de modelo de apoyo, de local a federal, implicó una pérdida de casi mil pesos respecto de lo que las personas mayores recibían del gobierno de la ciudad. ¿Más vulnerables los quiere usted? *** Si la Merced y sus inmediaciones no han cambiado gran cosa en las últimas cinco décadas, un mentado virus no iba a venir a aniquilar este aquelarre de comercio informal. Es martes 31 de marzo y la obvia necesidad de instalar los puestos para el sustento diario es más obstinada que la pérdida de clientela. A espaldas del mercado la señora Acela Zamora parece enraizada al pavimento en esa postura con la que muchas indígenas comerciantes lucen inamovibles y ponen a prueba sus articulaciones. Tiene 70 años y rebosa de campirana salud. Su lozanía la ubica en las fuerzas especiales de la tercera edad. Ofrece en 20 pesos montoncitos generosos de aguacate mantequilla. Si le preguntas por qué no se protege al menos con cubrebocas, su respuesta es simple: “¡Pos ni que fuera burro!”. Dice que se siente con energía para trabajar y que sus hijos la ayudan “cuando quieren”. –De seguro es usted quien los ayuda a ellos, ¿no? Ríe chiveada, como descubierta: “Bueno, cuando yo veo que les hace falta, pos yo tengo que darles para los alimentos”. –¿Le tiene miedo al virus? –Mire. Si es una epidemia, nos va a llevar. No nada más me va a llevar a mí… nos va a llevar a todos. Acela no tiene ni parece importarle una tarjeta de ayuda, y aunque todos los días viaja desde Tepetlixpa, su pueblo en el Estado de México, se conforma con lo que gane al día, así sean 50 pesos. Hoy ha vendido poco, muy poco, pero tampoco se le percibe desprovista de alegría. Martes 24 en la Portales. Los brigadistas de El Caracol detectan en situación de calle a Virginia Mendoza Martínez en el bajopuente de Municipio Libre. Tal vez ronde los 70 años pero dice no conocer su edad porque perdió sus documentos personales. Está sentada sobre un bolsón de plástico y flanqueada por otros varios atiborrados de envases de plástico y de triques. Quique le pregunta dónde vive. A la señora le cuesta trabajo responder, tal vez apenada ante la posibilidad de que se sepa que no tiene techo: “Pues yo tengo mi casa en… ¡pues en mi casa! Y no tengo ningún virus. Lo que sí tengo es que me muero de hambre. ¡Necesito ir a comer!...”. *** Martes 31 de marzo. Última llamada para asistir ante la emergencia sanitaria a las trabajadoras sexuales, alrededor de 800 mil en el país, según el Inegi, y 70 mil en la Ciudad de México. La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C., que desde hace 25 años pugna por hacer efectivos los derechos humanos, sociales y económicos de quienes se dedican al trabajo sexual en la Ciudad de México, trabaja a marchas forzadas para integrar la documentación de al menos 3 mil de ellas. El motivo: un acuerdo alcanzado en la actual coyuntura entre la agrupación y la Secretaría de Gobierno de la CDMX para que la administración local apoye con recursos y despensas durante seis meses a las mujeres que se dedican a esta actividad en la capital del país. La sede de la organización, en la Candelaria de los Patos, es declaradamente un cuarto de guerra. Hay poco tiempo y muchísimas solicitudes y documentos para poder aspirar a los apoyos. Gloria se preocupa. La luz de sus pequeños ojos verdes casi se extingue por la angustia de verse casi sin dinero para el día a día. Ella, quien trabaja en la zona de San Miguel, a un costado del Conjunto Pino Suárez, revela que de 10 clientes que solía tener en una jornada buena, ahora sólo tiene tres… o de plano ninguno. Isabel tiene 62 años y empezó a los 18 en el oficio. Su zona de trabajo es Emiliano Zapata y la Soledad. Chabelita, como le dicen sus compañeras, mantiene a un hijo que va en la preparatoria y su principal miedo es quedarse, como está ocurriendo ya, sin dinero para subsistir. Ahora ya no tuvo para pagar la renta. Sin autocompadecerse, con una dosis de honestidad sin adornitos, asume que ya no es joven, lo que de por sí impacta en la cantidad de servicios, y por eso se pregunta: “¿de qué vamos a vivir ahora?”. [caption id="attachment_625358" align="aligncenter" width="1024"] Isabel. "De qué vamos a vivir". Foto: Germán Canseco[/caption] Elvira Madrid Romero, presidenta de la organización, es un alma fascinante que trasluce sus fibras más hondas cuando expone la tragedia que se les vino encima a las trabajadoras sexuales. Asegura que muchas de ellas ya están siendo echadas de los hoteles, de sus cuartos y departamentos, ante el derrumbe estrepitoso de su forma de vida. Jaime Montejo, responsable de comunicación de la misma asociación civil, se dice desconfiado de las autoridades de salud, en razón, por ejemplo, de las contradicciones del presidente López Obrador ante el manejo de la crisis. Es por ello, añade, que su grupo optó por seguir los protocolos más confiables: los de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de Salud. Retomado por la Brigada Callejera, El Coronasutra es ahora la hoja de ruta de las posiciones sexuales para evitar contagios, y no solamente entre quienes se dedican a la actividad, sino entre quienes tienen sexo en la actual crisis preapocalíptica. Si el espectro de grupos vulnerables se expande ya en la mayor parte del planeta, qué no se verá en el anunciado desastre social, económico y político en México. Hoy parias... ¿Y mañana qué?