CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De manera inédita y por primera vez, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, realizaron un recorrido en la prisión del Campo Militar 1-A, ubicado en las instalaciones castrenses.

En compañía del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ambos funcionarios firmaron un convenio de colaboración para capacitar al personal militar sobre el respeto y la observancia de los derechos humanos.

En un comunicado, la Sedena precisó que la firma del “Convenio General de Colaboración para impulsar acciones de atención, capacitación, investigación y promoción en materia de derechos humanos” tiene por objeto fijar las bases de colaboración general y apoyo entre esa institución y la CNDH, a fin de conjuntar esfuerzos y recursos disponibles para materializar proyectos y programas de trabajo en asuntos de interés común y fortalecer la capacitación del personal militar en materia de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional.

“Ambas instituciones proponen mecanismos para apoyarse mutuamente en el cumplimiento al respeto de los derechos humanos, así como en la realización de actividades académicas, científicas, culturales, de investigación, capacitación, formación, actualización, difusión, estudios, seminarios, foros, conferencias, cursos, talleres, ediciones, publicaciones y demás actividades de naturaleza similar vinculadas al logro del objetivo planteado”.

Por décadas, organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos han solicitado que se revise la prisión del Campo Militar número 1, adonde fueron llevados muchos integrantes de organizaciones guerrilleras, estudiantiles y de otros sectores, quienes en distintos sexenios se manifestaron contra el gobierno.

La visita de la ombudsperson, Rosario Piedra --hija de Rosario Ibarra de Piedra, quien encabezó la organización Eureka, integrada por madres de desaparecidos en la guerra sucia--, se realizó a raíz de la denuncia presentada por el abogado César Gutiérrez Priego, hijo del extinto General Jesús Gutiérrez Rebollo, quien pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador revisar los casos de soldados que fueron torturados.

Gutiérrez Priego, de la fundación “General Jesús Gutiérrez Rebollo”, informó que la denuncia que se hizo la semana pasada es sobre los casos de 233 militares que habrían sufrido tortura para declararse culpables de diversos delitos.
    
Explicó que cada año un visitador de la CNDH realiza una visita de este tipo a las instalaciones militares, pero ésta es la primera ocasión que acude su titular, acompañada por el secretario de la Defensa.

“Agradecemos el interés del presidente sobre la denuncia que hicimos y que esperemos la CNDH y la Sedena tengan la voluntad para que sean revisados los casos de militares que han sido inculpados por medio de tortura y fabricación de pruebas en los últimos 20 años”, señaló el abogado.