CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, dio a conocer la primera recomendación dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador por violaciones a derechos humanos contra las mujeres y niñas, “víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias ejercidas contra ellas”.

López Obrador fue incluido como destinatario de la Recomendación General 43/2020, dirigida también a funcionarios federales, estatales, los poderes judiciales y legislativos, entre otros, quienes fueron urgidos a “frenar la expresión más extrema e irreversible de las violencias cometidas contra las mujeres: el feminicidio”.

Para ello, el organismo recomendó a López Obrador y a los mandatarios de las 32 entidades federativas “realizar un reconocimiento conjunto, público y abierto en el que reconozcan la grave situación por lo que atraviesa nuestro país respecto a la violencia contra las mujeres por razón de género, y en el que se comprometan en el ámbito de sus respectivas competencias, a realizar aquellas acciones para prevenir, eliminar y erradicar todo acto de violencia contra las mujeres”.

El organismo pide a los mandatarios difundir a través de medios de comunicación y redes sociales un pronunciamiento en el que “expresen su total rechazo ante actos, conductas y expresiones que denoten violencia contra las mujeres en razón de género, discursos machistas, patriarcales o misóginos en agravio de mujeres, niñas y adolescentes, comprometiéndose a no expresar, fomentar, tolerar y/o incidir en tales manifestaciones”, así como llamar a la población a “no fomentar ni tolerar tales discursos”.

El documento de 163 fojas consideró datos de julio de este año del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) cuando se registraban 549 carpetas de investigación por feminicidio y 180 mil 646 “casos de agresión, acoso, hostigamiento y violencia física, psicológica y sexual” contra las mujeres.

En el último reporte del SESNSP de feminicidios ascendieron a 774 de enero a octubre de este año, que sumados a los homicidios dolosos, 2 mil 384 en el mismo periodo, suman 3 mil 158 expedientes abiertos por asesinatos de mujeres.

En documento recomendatorio, el organismo da cuenta de 39 casos de feminicidios ocurridos de 1983 a 2020, que reflejan que las autoridades “han minimizado la problemática, tan es así que ante la falta d e medidas eficientes para erradicarlo (el feminicidio), las cifras de este tipo de violencia se han incrementado”.

Se afirma que la toma de las instalaciones del organismo en el centro de la Ciudad de México “devino del resultado de una cadena de errores cometidos por parte de las autoridades mexicanas, además de que no han sido atacadas en el discurso sino que también se redujo el presupuesto destinado al Instituto Nacional de las Mujeres en un 75%”.

Al incluir el pliego petitorio de las mujeres que se mantienen en las instalaciones de la CNDH, la recomendación general reconoce que sus demandas “están basadas en sus derechos a la verdad, a la justicia, al acceso a la una vida libre de violencia, incluso la institucional”.

El organismo reprobó en el documento los distintos actos de represión a manifestaciones de mujeres en los estados de Jalisco, San Luis Potosí, Estado de México, Sinaloa, Tamaulipas, Quintana Roo, y la prisión preventiva contra una estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM.

El organismo enlista entre los pendientes para  se incluidos en la agenda de mujeres, la perspectiva de género en medios de comunicación, la paridad de género, la identidad de género, matrimonio igualitario, la revictimización y criminalización de las mujeres, la violencia institucional, el despido por embarazo, el trabajo doméstico no remunerado, salud sexual reproductiva, violencia obstétrica y muerte materna, maternidad infantil, interrupción legal del embarazo, hostigamiento y acoso sexual, así como violencia digital, entre otros.

La CNDH considera en su recomendación “redirigir, armonizar, modificar y fortalecer las políticas públicas, legislaciones, estrategias y planes de gobierno que permitan a las mujeres acceder de manera eficaz a mecanismos de protección en todos los ámbitos”.

El organismo resalta que “invocar a la reducción de presupuesto” para las dependencias dedicadas a la “defensa, protección, acompañamiento y empoderamiento de las mujeres (…) puede conllevar a la una responsabilidad internacional por omisión, al invisibilizar la situación de especial vulnerabilidad en las que se encuentran las mujeres en nuestro país y la urgente, diligente e inmediata actuación del Estado mexicano en el tema”.

Al recomendar al presidente y gobernadores de los estados y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México a pronunciarse en contra de la violencia, en la recomendación general el organismo llama a diseñar una política pública con enfoque de derechos humanos que tome en cuenta las recomendaciones del Comité contra la Discriminación de la Mujer (CEDAW); emitir decretos o circulares conminando a funcionarios a no reproducir la violencia de género; asignar recursos financieros, materiales y humanos para combatir la violencia de género y para investigar los feminicidios; brindar atención adecuada a las mujeres que llaman al 911 reportando violencia.

También, no ejercer acción penal contra activistas que se han pronunciado en contra de la violencia de género y feminicida; generar un diagnóstico anual sobre feminicidio; atender a las víctimas indirectas del feminicidio con medidas de asistencia; crear Centros de Justicia de Mujeres en Baja California, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas,  así como refugios donde no los hay.

De igual forma, crear un Mecanismo Nacional de Protección Feminista Especializado para Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Activistas, Representantes de Colectivas, Madres de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales, Mujeres familiares de Víctimas de feminicidios o desaparición por razón de género; crear áreas especializadas de atención a víctimas por razón de género, violencia feminicida, violencia familiar, violencia sexual o con desaparición de mujeres; dar capacitación a funcionarios de fiscalías, de comisiones de víctimas, de consejos contra al discriminación, así como asignar presupuestos adecuados en las distintas dependencias, mencionadas, entre otras indicaciones.

La Recomendación General 43/2020, también  está dirigida a los titulares de las secretarías de Gobernación, Educación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Salud, el Fiscal General de la República, así como a los representantes de dependencias estatales de Seguridad y Protección Ciudadana, Salud y fiscalías, así como a los poderes judiciales y legislativos federal y locales, así como a mandatarios de las 32 entidades federativas.

La recomendación general también está dirigida a los organismos pares de la CNDH en los  estados, las rectorías de las principales instituciones de educación media y superior, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a sus homólogas estatales; el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y sus pares en los estados.