GUANAJUATO, Gto., (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a la Fiscalía General del estado para garantizar el derecho de las familias de víctimas de desaparición a estar presentes en las exhumaciones de todos los sitios reportados como fosas clandestinas, o con hallazgos de restos o cuerpos humanos.

También a ser informadas sobre los procedimientos aplicados en dichos sitios, y a designar peritos independientes que estén acreditados para intervenir en la revisión de los mismos.

El organismo se refirió a los recientes hallazgos de fosas clandestinas en el estado, particularmente en la ciudad de Salvatierra y en la comunidad Cañada de Caracheo, del municipio de Cortazar, ambas reportadas la semana pasada.

En el caso de Salvatierra, se reabrió el sitio de hallazgos, de donde ya se habían recuperado 61 cuerpos, a petición de colectivos de familias y con presencia de la Comisión Nacional de Búsqueda, y seguridad proporcionada por la Guardia Nacional.

El número de cuerpos recuperados en este punto aumenta a medida que peritos y colectivos continúan trabajando.
    
En Cortazar, el sitio ha sido resguardado por la Fiscalía General del estado, que a la fecha no ha informado sobre los restos o cuerpos recuperados --el dato extraoficial es que podrían corresponder a 45 personas--, luego de la detención de tres personas a las que se les aseguraron armas, vehículos y dosis de droga.

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, acudió al sitio en Cañada de Caracheo, el miércoles 4, junto con el comisionado estatal Héctor Díaz Ezquerra, pero personal de la Fiscalía les impidió el acceso, lo que provocó un reclamo de la comisionada por la falta de información sobre los hallazgos en ese sitio.

Ante la solicitud pública que hizo la comisionada para recibir información de la Fiscalía, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y el alcalde de Cortazar, Ariel Corona, le lanzaron críticas y calificaron su queja como “un show mediático”.
    
Pero la CNDH, en su pronunciamiento difundido hoy, pidió a la Fiscalía considerar las recomendaciones realizadas en el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, “entre las que destaca generar en cada entidad federativa un “Programa de Localización de Fosas Comunes”. 

Se refirió a la Ley General de Víctimas, que establece los derechos de las familias de víctimas de desaparición “a estar presentes en las exhumaciones, por sí o a través de sus asesores jurídicos; a ser informados sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos independientes, acreditados ante este organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos”. 

Además, planteó la necesidad de avanzar en el registro nacional de fosas pues, aunque los informes presentados por Guanajuato en enero y julio de este año “son un avance”, “es necesario tener certeza en las cifras y que no se presenten contradicciones en los datos”.
    
La CNDH insistió en apelar al principio de máxima transparencia para que las autoridades de procuración de justicia en la entidad informen a familiares de las víctimas y sociedad en general sobre los procesos de exhumación de cuerpos “y a coordinarse de manera efectiva y permanente entre las Fiscalías y las Comisiones de búsqueda”.

Por último, pidió que se garanticen los recursos materiales y humanos para realizar una identificación forense efectiva y diseñar una campaña para las pruebas de ADN para cotejar los datos con los cuerpos recuperados.

Aparentemente, este último punto responde a lo expresado por la comisionada Karla Quintana en su visita a Salvatierra, donde pidió a la Fiscalía enviar especialistas en arqueología y antropología forense, debido a las dimensiones y características del lugar y los hallazgos.