CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex),  organismo que encabeza las tiendas Diconsa y Liconsa, operó de manera opaca en 2019, pues no acreditó el destino de 3 mil 27 millones de pesos ni generó “información confiable” que permitiera “evidenciar los recursos que se ejercieron”, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En una amplia revisión al programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, la ASF observó que Segalmex gastó 8 mil 100 millones de pesos, es decir, 2 mil 100 millones más que los aprobados, y destinó 14.2% de su presupuesto en “gastos de operación”, muy por encima del límite de 5% establecido para este fin.

Ante ello, la ASF determinó que, en este rubro, el organismo dirigido por Ignacio Ovalle Fernández –un exmilitante priista cercano al presidente Andrés Manuel López obrador-- no hizo un “uso eficiente” de los recursos. 

Más grave todavía, señaló que hubo “deficiencias en la integración y registro de información contable y financiera presente en los estados financieros de Segalmex, por lo que no siguió las mejores prácticas para el control del uso de los recursos públicos y tampoco facilitó el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gasto en general”.

“Aunado a ello, de acuerdo con el análisis de las razones financieras, en 2019 Segalmex fue líquida y solvente; sin embargo: a) financió a sus proveedores, b) contó con activos ociosos que denotaron ineficiencias en el manejo de sus recursos, y c) los recursos generados en su operación fueron deficitarios, por lo que, en un horizonte de vencimiento inferior a un año, estaría impedida para cubrir sus obligaciones”, abunda el informe del organismo fiscalizador.

No sólo esto: el documento de la ASF también evidencia que Segalmex operó “a ciegas” en 2019, pues otorgó 45 mil 300 subsidios por medio de precios de garantía a productores de granos –por un monto cercano a los 4 mil millones de pesos--, pero no contó con información sobre los precios de reventa ni sobre subsidios a la leche; tampoco diseñó indicadores ni parámetros para otorgar los subsidios, y no “dispuso de procesos ni procedimientos para la difusión del programa”.

Concluye: “estas deficiencias, en conjunto, representaron riesgos para que no se alcance el objetivo de incrementar el ingreso de los pequeños productores agropecuarios y contribuir a mejorar su nivel de vida, y para la administración de los recursos asignados al programa, en su primer año de operación, con base en los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, honradez, austeridad y rendición de cuentas”.