OAXACA, Oax. (Proceso).- Comunidades indígenas y campesinas, así como defensores del territorio en esta entidad revelaron la operación de un nuevo “cártel del despojo” que representa intereses inmobiliarios y empresariales y que, según denuncian, opera con la complicidad de autoridades agrarias, municipales, estatales y federales, con la mira puesta en playas y zonas de protección ecológica con alta plusvalía económica o turística.

Los inconformes hacen responsable al gobernador Salomón Jara Cruz de lo que está pasando por su “omisión o por su complicidad” frente a la disposición indebida de los predios, y advierten que se está dejando el territorio al crimen organizado. “Si le abres la puerta a esa gente al rato van a controlar las inversiones, la hotelería y todos los negocios”.

La comunidad indígena chatina de Santiago Cuixtla, reconocida como núcleo agrario mediante Resolución Presidencial del 27 de marzo de 1989, ha denunciado públicamente la operación de una presunta red de despojo de tierras comunales en la zona de Playa Palmarito y en los territorios ubicados alrededor de la Laguna de Manialtepec, pertenecientes al municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca.

Otros casos son: Punta Colorada en Puerto Escondido, considerada la última playa virgen de la zona con un área natural de 111 hectáreas con humedales, manglares y rica biodiversidad.

Mientras que en la comunidad de Tilzapote, un mandato judicial les arrebató más de 300 hectáreas de terreno del núcleo agrario San Francisco Cozoaltepec, municipio de Santa María Tonameca. Los comuneros afirman que autoridades agrarias y del Poder Judicial Federal se confabularon para despojar a esta comunidad y obligar al Estado mexicano a pagar 6 mil millones de pesos.

De igual forma, con apoyo de la Policía Estatal, el pasado 29 de enero particulares entraron a la Playa Salchi, perteneciente a Cuatunalco, Pochutla, para disponer de tierras del defensor del territorio Miguel Sánchez Hernández.

Otras playas que están en riesgo por proyectos de desarrollo son Playa Brasil, Punta Chivo, Barra de la Cruz, El Coyul en San Pedro Huamelula y San Agustín, así como El Coyote.

Los defensores del territorio Ernesto Chávez Ramos, Oralia Ramírez, Hortencia Chávez y Noé López Rojas han señalado que son perseguidos judicialmente por oponerse a los intereses empresariales que pretenden apropiarse de esos lugares.

De acuerdo con documentos y denuncias ante tribunales agrarios y fiscalía, hay por lo menos 10 casos en los que se han dado cierres de accesos públicos a playas, así como la destrucción de ecosistemas por megaproyectos inmobiliarios en la región Costa-Istmo de Oaxaca, que fueron mencionados a Proceso por afectados que piden reservar su identidad ante el temor de sufrir represalias.

Existen diversos procedimientos en curso ante los tribunales agrarios, además de denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de despojo, fraude, amenazas, suplantación de autoridad y otros ilícitos relacionados, sin embargo, no hay avances en estos casos, según exponen los denunciantes.

El temor de los comuneros es uno: “Si seguimos nos van a matar".

Este nuevo “cártel del despojo” se suma a un primero identificado así en 2022 por otras víctimas —del que dio cuenta Proceso— que hicieron pública una red similar, relacionada con el exgobernador Alejandro Murat, en la que figuraban servidores públicos del Registro Civil, del Registro Público de la Propiedad, del Instituto Catastral del estado de Oaxaca y al menos seis notarios públicos, quienes, según consignaron en investigaciones, se adueñaron ilegalmente de propiedades mediante operaciones bajo sospecha, como la presentación de documentos de personas fallecidas, entre otras anomalías.

En total, contra ese primer “cártel del despojo” se acumularon más de 200 denuncias.

Playas y áreas de valor ecológico en la mira

En el caso de la comunidad indígena chatina de Santiago Cuixtla, que ha señalado la indebida disposición de tierras comunales en la zona de Playa Palmarito y alrededor de la Laguna de Manialtepec, a casi dos años (14 de abril de 2024) de que las autoridades comunales sostuvieron un enfrentamiento con individuos que se ostentan como propietarios mediante escrituras apócrifas, no hay avances en las denuncias.

De acuerdo con el expediente 782/2025 iniciado en tribunales agrarios, un grupo armado que presuntamente opera con el respaldo de una célula del crimen organizado encabezada por un individuo conocido como “Bogar”, así como con la supuesta anuencia de autoridades locales, se ha dedicado a la venta ilegal de tierras comunales, incluso en la zona ecológica de la laguna de Manialtepec.

Los comuneros señalaron que la zona tiene un alto valor ambiental y turístico donde la privatización y urbanización están prohibidas por la legislación agraria y la ley ambiental federal.

La operación estaría articulada por Jorge Eduardo Echaide Amador, previamente vinculado a esquemas de fraude por la venta de tierras comunales y ejidales como si se tratara de propiedad privada.

La comunidad señala que el grupo delincuencial opera con armas de alto calibre, intimidando a los legítimos posesionarios y utilizando uniformes con insignias similares a las de la Fiscalía estatal, lo que ha generado un ambiente de hostigamiento y miedo entre comuneros y habitantes de la zona.

Los testimonios apuntan a la participación del notario público 2 de Oaxaca, Jesús Martínez Vigil, señalado por presuntamente emitir escrituras apócrifas que consolidan estas operaciones.

La red contaría además con colaboradores dentro del Catastro municipal y registros públicos de la propiedad, lo que facilita la inscripción de documentos irregulares.

Los comuneros identificaron varios proyectos e inmobiliarias que han intentado comercializar estas tierras comunales, entre ellos mencionaron: La Reserva, Comercializado por Grupo Pacífico Escondido, Matrona Real State y otros desarrollos aún en investigación.

“Ya no le muevan”

Comuneros entrevistados refieren que hace aproximadamente dos años, en la comunidad agraria de Santiago Cuixtla, empezó a resquebrajarse el tejido comunitario por el despojo que gente ajena a la comunidad comenzó a realizar, pese a que el núcleo agrario cuenta con todas sus acreditaciones ante el Registro Agrario Nacional.

Ese mismo problema enfrenta la Laguna de Manialtepec, aunque únicamente sobre la franja costera, es decir, donde se encuentran los terrenos con mayor plusvalía o con más demanda para el desarrollo turístico.

Ante la inconformidad de la comunidad, a principios del año pasado (2025) llegó un grupo armado y desalojó a todos los poseedores de la franja costera de Santiago Cuixtla, en los límites de San Pedro Mixtepec y Tututepec de Melchor Ocampo; esta zona se ubica entre el océano Pacífico y la laguna de Manialtepec.

Cuixtla es un núcleo agrario muy grande que tiene terrenos en tres municipios (Santos Reyes Nopala, San Gabriel Mixtepec y Tututepec).

Mencionaron que personal de la fiscalía local le dijo al comisariado “que ya no le esté moviendo al asunto porque iba a acabar mal”.

Las autoridades del comisariado presentaron las denuncias ante el Tribunal Único Agrario.

A pesar de los procesos legales, desde mayo del año pasado “esa gente ya puso un perímetro de seguridad con hombres armados en la franja costera y no dejan entrar a nadie que no sea su gente”.

Actualmente, narraron, “ya desmontaron gran parte de los terrenos que están en esa franja costera y ya hasta colocaron el tendido eléctrico subterráneo. Además, ya se lotificaron los terrenos y se están vendiendo como propiedad privada”.

En internet ya aparecen fotos de los terrenos desmontados y urbanizados de este fraccionamiento, y han publicado los permisos que les dio el municipio.

La extensión afectada abarca alrededor de dos kilómetros y medio frente a la playa y un kilómetro de tierra adentro.

Alertan a Profepa

El comisariado presentó, en diciembre del año pasado, una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por la destrucción del manglar y de toda la zona costera porque se metió maquinaria pesada para fraccionar y compactar el terreno.

La instancia federal clausuró el desarrollo denominado La Reserva, de la que no obstante a los pocos días fueron quitados los sellos y que se sigue anunciado en internet.

“Pareciera que este desarrollo inmobiliario cuenta con la protección gubernamental porque está anunciado en internet y está rompiendo todas las normas y no pasa nada. Además tiene permisos del municipio de Tututepec”.

Los comuneros narraron que unos días después de la clausura, vehículos con personas armadas arribaron a la cabecera del núcleo agrario ubicada al lado de Santos Reyes Nopala, donde ingresaron violentamente a la casa comunal y amenazaron al comisariado.

“Las autoridades (del comisariado) están temerosas y la población más —expusieron los comuneros— porque si van cediendo al rato van a llegar y a despojarlos de los demás terrenos del núcleo agrario pues, con dinero o a punta de armas, la autoridad municipal está otorgando los permisos para la urbanización”.