CIUDAD DE GUATEMALA, (apro).- “¡Iván, amigo, el pueblo está contigo!”, coreaban los manifestantes que ondeaban banderas y golpeaban tambores y cacerolas frente a la casa presidencial para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Era el 22 de agosto pasado y Pérez Molina se encontraba bajo asedio. Desde el 16 de abril de 2015, fecha en que una investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), liderada por el juez colombiano Iván Velásquez, reveló la existencia de “La Línea”, una gigantesca red de defraudación aduanera supuestamente encabezada por Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti las manifestaciones exigiendo su renuncia no habían cesado. Baldetti renunció el 8 de mayo, junto con una buena parte de los ministros de su gabinete. El sector privado, su único aliado, le dio la espalda y se unió al coro de voces que exigían su renuncia. El Partido Patriota, que lo llevó al poder, implosionó. Entre los manifestantes que permanecieron frente a la casa presidencial hasta altas horas de la noche, circulaba el rumor de que Pérez Molina renunciaría en cualquier momento. Pero no dimitió hasta el 1 de septiembre, tras el segundo de dos intentos de desaforarlo en el Congreso. Horas después de que entregara su carta de renuncia se produjo una escena insólita que los guatemaltecos jamás creyeron presenciar: Pérez Molina llegó a tribunales para escuchar los cargos en su contra. Una semana después sería ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por su supuesta participación en “La Línea”. Uno de los numerosos memes que circularon en redes sociales cuando se destapó el caso “La Línea” retrata a Velásquez, con su rostro inexpresivo y ojos hundidos, como Batman, y a la Fiscal General Thelma Aldana, como Robin. En las manifestaciones ondeaban las pancartas con el hashtag #CICIGSi y una encuesta publicada por el diario Prensa Libre el 1 de noviembre mostró que 95% de los guatemaltecos aprobaba la labor de la comisión. En los eventos públicos los ovacionan. Los manifestantes que acudían a las marchas afirmaban que Velásquez, el más popular de los tres comisionados que ha tenido la CICIG --creada por Naciones Unidas en 2007 para desarticular y perseguir los grupos delictivos incrustados en el aparato estatal--, demostró que nadie es intocable, incluso en un país donde 95% de los delitos permanecen impunes. Enfrentando el paramilitarismo Demostrar que “nadie es intocable” es un mérito que también le atribuyen a Velásquez en Colombia, donde sus investigaciones sobre la para-política condujeron a la persecución penal de unos 50 congresistas electos entre 2002 y 2006. Oriundo de Medellín, Velásquez estudió Derecho en la Universidad de Antioquia y antes de culminar sus estudios ya se desempeñaba como asistente del juzgado penal número 15. Un reportaje de la periodista colombiana Marta Ruíz detalla que sus aspiraciones a ser juez se vieron truncadas cuando el joven abogado se dio cuenta de que sin vínculos políticos las posibilidades de ascenso eran inexistentes. En su lugar, se dedicó a litigar en un bufete privado con su hermano. Destacó entre sus compañeros de generación y fue electo como presidente del Colegio de Abogados de Antioquía, espacio desde el cual lideró campañas contra el llamado Estatuto de Defensa de la Justicia que establecía jueces sin rostro y testigos secretos. El inicio de los 90 fue un período turbulento en la historia colombiana. Grupos de autodefensa civil, creados con el aval del expresidente Álvaro Uribe con el supuesto objetivo de combatir a la guerrilla, sembraron terror en el Valle de Aburrá, donde jóvenes de barrios populares eran desaparecidos y poblaciones civiles eran sometidas a detenciones arbitrarias y allanamientos. Como procurador departamental de Antioquia, cargo que ejerció entre 1991 y 1994, Velásquez consolidó la Oficina de Derechos Humanos de la Procuraduría para atender las denuncias. En una foto de la época luce irreconocible, con el cabello crespo y un bigotillo delgado. Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno, lo recuerda como “un funcionario asustadizo que por primera vez daba la cara frente a los medios nacionales”, que fumaba delante de las cámaras para calmar sus nervios, muy distinto del hombre mesurado e imperturbable que hoy dirige la CICIG. Como director regional de Fiscalías de Medellín, cargo que ocupó entre 1997 y 1999, Velásquez continuaría con su lucha contra el paramilitarismo, rastreando sus operaciones financieras y buscando hilos sueltos que le permitieran desenrollar toda la madeja. “Buscaba más la estructura que la cabeza porque sabía que las personas pueden ir cambiando, pero las estructuras siguen siendo las mismas”, afirma su hijo, el abogado Víctor Velásquez Gil. En 1997, sus investigadores hallaron en un estacionamiento de Medellín una mina de información que le hubiera permitido a las autoridades colombianas asestarle un fuertísimo golpe al paramilitarismo: decenas de libros y disquetes que detallaban sueldos, préstamos y cuentas por cobrar. Pero el Fiscal General giró órdenes de que separaran a Velásquez de la investigación y el llamado caso Parqueadero Padilla acabó siendo la crónica de una oportunidad frustrada. “¿Cuánta sangre le costó al país esa impunidad? ¿Cuánta impunidad ha generado esa impunidad?”, escribió Velásquez en un texto publicado en mayo de 2013 en universocentro.com, en el cual rindió homenaje a los tres investigadores que fueron asesinados durante ese operativo. Desmontaje de la parapolítica Su lucha contra el paramilitarismo continuó en 2006 cuando fue nombrado coordinador de una comisión especial de 18 investigadores creada por la Corte Suprema de Justicia para indagar sobre los presuntos nexos de los congresistas con el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las investigaciones realizadas por la comisión, basadas en la identificación de patrones similares en cada región, permitieron que se les abriera proceso a más de 35% de los congresistas electos entre 2002 y 2006. En el reportaje El gran complot, Marta Ruíz, editora general de la revista Semana, atribuye el éxito de Velásquez a su método de investigación, el cual “ve los crímenes en contexto, como un sistema de interconexiones, estudia estructuras y no solo a culpables individuales”, el mismo método en el cual se basan las investigaciones de la CICIG. Adentrarse en las entrañas del paramilitarismo colombiano le permitió a Velásquez entender las complejidades de una Guatemala post-conflicto mejor que cualquier otro comisionado, asegura Francisco Sandoval, director de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la unidad creada por el Ministerio Público para coordinar investigaciones y operativos con la CICIG. “Siendo consciente de las diferencias entre ambos países, los dos heredaron problemas del conflicto armado, con militares que se incrustaron en el poder. Su experiencia allá (en Colombia) le ayudó a entender al país”, afirma Sandoval. Quienes trabajaron con Velásquez durante los años en que coordinó la comisión de la Corte Suprema de Justicia recuerdan su insistencia en romper con una cultura de investigación burocrática y “de escritorio”. “En Colombia había un sistema procedimental escrito. Los funcionarios judiciales les libraban comunicaciones a las personas y si no llegaban el funcionario se quedaba sentado. Pero él (Velásquez) siempre ha dicho: ‘Yo no soy investigador de escritorio’. Iba a donde estaban los potenciales testigos”, afirma Velásquez Gil. Estar dispuesto a desplazarse a donde fuera necesario en busca de testigos fue una de las claves de su éxito pero también resultó ser su “talón de Aquiles”, ya que varios de los implicados en sus investigaciones lo utilizaron en su contra, con el fin de desprestigiarlo. En octubre de 2007, el expresidente Álvaro Uribe dijo públicamente que tenía una carta en la que un paramilitar conocido como Tasmania aseguraba que Velásquez le había ofrecido prebendas para que dijera que Uribe había ordenado la ejecución del jefe paramilitar del suroeste, conocido como René. Aunque todas las acusaciones resultaron ser falsas y ninguna de las demandas contra Velásquez prosperó, fueron días de intensa presión. Velásquez Gil recuerda que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), servicio de inteligencia estatal suprimido en 2011 por el presidente Juan Manuel Santos, tenía en su nómina al guardaespaldas de Velásquez y hasta a la empleada que servía el café en el Congreso. Afirma que llegaron al extremo de investigar quiénes eran las amistades de sus hijos con el fin de hallar algún vínculo del cual pudieran valerse para desprestigiarlo. En varias ocasiones, sus padres se vieron obligados a sacarlo a él y a sus hermanos del colegio tras recibir amenazas. La experiencia lo marcó y lo obligó a ser mucho más cauteloso en sus acercamientos con potenciales testigos. “El último aguardiente se lo tomó con un testigo que lo estaba grabando”, cuenta Ignacio Gómez, subdirector de la estación radial Noticias Uno. “Bufetes de la impunidad” En 2012 Velásquez volvió a litigar en un bufete privado hasta que Naciones Unidas le ofreció el puesto de comisionado de la CICIG en agosto de 2013. “No me siento extranjero en Guatemala, porque soy ciudadano de América Latina”, escribió Velásquez en su cuenta de Twitter tras el respaldo masivo que recibió por parte de la sociedad civil guatemalteca durante las manifestaciones que exigían la renuncia de Pérez Molina. Aunque afirma sentirse a gusto en el país centroamericano que lo acogió, Velásquez Gil asegura que en el fondo hubiera deseado continuar con su trabajo en Colombia: “Trabaja en Guatemala con responsabilidad y amor, pero sé que si lo pudiera hacer en Colombia sentiría más satisfacción porque somos muy colombianos, orgullosamente colombianos”. --Cuando la CICIG se retire de Guatemala, ¿habrá logrado capacitar al Ministerio Público y al Organismo Judicial de manera que logren desarticular y perseguir grandes redes de corrupción como “La Línea” por sí mismos?, se le pregunta a Velásquez. --Ese es el propósito y la razón por la que continuamos –contesta--. Existe una necesidad de compromiso por parte de las propias instituciones nacionales ya que CICIG es un órgano transitorio en el país. El que se fortalezca el Ministerio Público y la creación de más juzgados en el interior para que la justicia sea más rápida son temas exclusivamente de las autoridades guatemaltecas. --¿Esa voluntad política existe por parte del Estado guatemalteco? --Estamos en el inicio de una nueva etapa en la que esos compromisos que son indispensables tienen que empezar a materializarse. --Usted ha hablado de cómo el Organismo Judicial debe “asumir su compromiso histórico”… --Lo que quería decir es que estamos en un momento en que todos los actores de la justicia en el país tienen que actuar conforme al ordenamiento jurídico de manera independiente, sin estar sometidos a las presiones que se puedan ejercer desde cualquier sector de la sociedad o del Estado. “Otro tema es el de la corrupción (en el Organismo Judicial), que es una de las líneas de investigación que se definieron en la comisión a principios de 2014. Se han presentado varias solicitudes de antejuicio que han sido aceptadas y algunos jueces han sido privados de libertad. --¿Cuáles deberían ser los temas prioritarios para la justicia guatemalteca? --La reforma constitucional en el sector justicia. Hay que examinar nuevamente la manera como se produce el nombramiento de diversos funcionarios en la justicia para garantizar una mayor independencia de esos funcionarios. También hay que establecer reformas relacionadas con la Corte Suprema de Justicia que le permitan mayor continuidad y estabilidad. --¿Considera que el Organismo Judicial sigue siendo el eslabón más débil de la cadena? --Todas las instituciones que integran el sistema de justicia, en su conjunto, tienen debilidades. Las investigaciones que se han presentado por el caso “La Línea” están en etapa intermedia, entonces no sabemos cuál va a ser la suerte de esos procesos, pero confiamos en que se soportan bien probatoriamente. Aunque todavía hay casos de 2010 y 2011 que no han concluido en el Organismo Judicial, lo cual es muy grave para la justicia, sí se ha producido una transformación que es permanente ya que hay un menor “entrabamiento” de los procesos en comparación con lo que ocurría en el pasado. --Como parte del caso “La Línea” se desarticuló el “bufete de la impunidad”, una red de abogados que sobornaron a jueces para lograr medidas sustitutivas para los acusados. ¿Existen más bufetes de la impunidad en Guatemala? --Muchos abogados de distinta importancia me han indicado que sí. --Un informe de CICIG denuncia como las estructuras del narcotráfico han penetrado al estado a través del financiamiento a candidatos presidenciales. Como parte de las reformas constitucionales a las que alude se discuten cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. ¿Qué tan importantes serán esos cambios en términos de transparentar el financiamiento partidario? --La reforma ala Ley Electoral y de Partidos Políticos también es una necesidad muy urgente para el país. Es necesario transformar o remover las normas que favorecen la corrupción o no den la suficiente transparencia a determinados procesos para que la política se ejerza de una manera diferente. También hay que reformar otras leyes, como la de Compras y Contrataciones, para que haya un catálogo de incompatibilidades que impida que la contratación pública sea la fuente de corrupción que tradicionalmente ha sido en el país. --¿Cuáles han sido los logros principales de la CICIG? Si pudiera repetirse la experiencia, ¿qué haría de manera diferente? --La CICIG está prevista por dos años con prórrogas adicionales por dos años. Si se pensara en algo similar en el futuro, en cualquier parte, se debería de pensar en períodos más largos que permitan establecer proyectos de fortalecimiento más integrales. Una comisión con una permanencia mayor, desde el inicio, hubiera podido establecer un plan de investigación que llegara a temas mucho más profundos. Se ha actuado en temas profundos, pero probablemente no se ha llegado al fondo en muchos de estos temas. Cualquier comisionado que tiene un período de dos años trata de definir investigaciones que no vayan a ser muy prolongadas y que se puedan hacer dentro de ese período para no dejarlas a medias. --¿Funcionaría una CICIG en México? --La existencia de una comisión internacional como la CICIG puede ser un buen apoyo en cualquier país en el que haya deficiencias en la independencia judicial, que es el caso de casi todos los países de América Latina. --¿Pero es factible pensar en una CICIG para un país tan grande y con un gobierno federal? --La CICIG fue una respuesta positiva a una solicitud que el Estado de Guatemala le formula a Naciones Unidas. Cuando se habla de exportarla es como si este modelo pudiera transportarse tal y como está a México o a El Salvador o a Honduras, pero el país ya sea más pequeño o más grande es el que debe intervenir en el diseño de la comisión. “Establecer una comisión de esta naturaleza supone varios elementos: cuál es la capacidad de investigación que el país desea otorgarle, la posibilidad de adelantar investigaciones preliminares independientemente inclusive del Ministerio Público como una especie de verificación sobre el estado de la situación en algunos temas específicos, esa respuesta define cuál va a ser el nivel de relación entre la investigación propia de la CICIG y el órgano de investigación del Estado. “También hay que definir cuál será la relación de la comisión con el poder judicial. ¿Tendrá la facultad como se le confiere en Guatemala, para intervenir como querellante adhesivo en esos procesos?” --A la hora de solicitar una intervención tan profunda en temas nacionales siempre existen recelos por el tema de la soberanía… --Por la experiencia de Guatemala, una comisión como la CICIG que tiene funcionarios nacionales e internacionales, abogados, investigadores, analistas financieros, y analistas criminales ha sido realmente provechoso y no ha afectado su soberanía. “No ha significado una intervención indebida en el sistema de justicia porque está establecido que lo que la comisión realiza sólo puede ser presentado ante los jueces por el Ministerio Público. La CICIG nunca se presenta ante los jueces a pedir una orden de captura o de allanamiento y es el Fiscal General quien lo hace. El apoyo de la CICIG es exclusivamente técnico y no operativo”, concluye.