En el libro Los buscadores (Ediciones Proceso, 2018), coordinado por el fotógrafo Germán Canseco y el corresponsal Noé Zavaleta, los reporteros de este semanario reunieron parte de su sistemática cobertura en torno a la tragedia de las desapariciones forzadas: las búsquedas que realizan las familias de las víctimas. El adelanto que aquí se ofrece contiene testimonios de un padre y una hermana afanados en encontrar a los suyos, si es posible con vida, en los terrenos más hostiles y bajo el riesgo de enfrentarse a narcotraficantes, policías y autoridades negligentes.  Alberto Ortigoza Martínez cruzó la garita de migración de Tijuana a San Diego el 24 de enero de 2014. Su encomienda parecía simple: ir al First Bank de Mesa de Otay, depositar 300 mil dólares de la empresa Especies y Granos de Baja California y volver a su centro de trabajo en la ciudad bajacaliforniana, rutina que realizaba hacía dos meses. Desde ese día su padre, José Fernando Ortigoza Mugarte, no sabe nada de su paradero. Las cámaras de vigilancia del lado estadunidense muestran que Alberto se internó apenas 750 metros en ese país cuando fue interceptado por una camioneta Acadia, modelo “probablemente 2013 o 2014”, que circulaba en sentido contrario y a la cual subió Alberto después de hacer una llamada por radio o teléfono celular. Las otras cámaras que debieron captar la ruta de la camioneta “no estaban prendidas” ese día, señala Ortigoza Mugarte, quien lamenta no saber siquiera de dónde son los que se llevaron a su hijo: mexicanos o “anglosajones”, como él dice. “No me han dado ningún resultado. Ningún avance, no sé nada, no me dicen nada, han pasado 56 semanas y no tengo nada. Tengo entrevistas con ellos (autoridades estadunidenses). Llamo por teléfono todos los días desde hace tres años, levanto mis reportes, cumplo con sus citatorios y nada”, relata. Hasta ahora sólo se ha levantado la carpeta de investigación PGR/UEDE/083/2015 –gracias a la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)– y en Estados Unidos el reporte “missing” en la oficina de Nevada, California, con el número de caso 14003500. “En esta última oficina me dijeron: ‘Su hijo debe haberse ido con el dinero’. Yo les digo: ‘Okey, pero demuéstrenme que se fue con la lana; si es culpable que pague, pero encuéntrenmelo’.”  Baja California tiene un registro oficial que supera los mil 300 desaparecidos, 80% de ellos en Tijuana, 15% en Mexicali y 5% en los municipios de Rosarito, Ensenada y Tecate. La desaparición de Alberto del otro lado de la frontera es un caso atípico, pero hasta ahora igualmente impune. “Hubo muchas negligencias. Mi hijo desapareció un viernes y hasta el lunes pude reportar el caso porque la oficina de San Diego me pidió esperar 72 horas. La camioneta Acadia que se lo llevó no traía placas, sólo un sticker, y además se metió en sentido contrario. En Estados Unidos eso implica meterte en un problema grande, pero nadie la detectó ni dijo nada”, señala. Ortigoza Mugarte cuenta que su hijo llevaba dos meses con ese trabajo constante (“casi diario”) de ir y venir de suelo mexicano al estadunidense para hacer transferencias en el First Bank. El día de su desaparición era viernes, “por eso llevaba más capital”, pero había seguido todos los pasos de rigor: pasar aduana, declarar procedencia y destino del dinero en efectivo y dirigirse al banco. “Alberto suplía a un colega que había tenido parálisis facial. Cuando mucho tenía dos meses pasando dinero y le daban una bonificación de 100 dólares más por cada transacción… Mi hijo no es de vicios, él es del trabajo a su casa, su familia, su hijo; él es su adoración.” Hay datos que no cuadran y generan dudas: la empresa Especies y Granos de Baja California nunca presentó denuncia formal en Tijuana o en San Diego por el “robo” de los 300 mil dólares ni realizó una búsqueda del numerario o de su empleado Alberto. Su representante legal no acudió a los citatorios en el condado donde se lleva el caso. “La empresa a mí tampoco me ha dado la cara para nada. Yo les hablo por teléfono, hemos quedado en citas y nunca se presentan. Ya lo sabe la policía de San Diego; creemos que ocultaron información.” Después de tres años de buscar a su hijo, el padre de Alberto ha escuchado versiones de que la empresa siempre funcionó con prestanombres y que en realidad era una fachada para “lavar dinero”, porque el corporativo “no daba” la cantidad que se estaba “pasando” diario al First Bank. “Hoy sé que el dueño de la empresa incluso tiene dos casas de cambio en Tijuana. Cómo no quieren que vea turbio esos manejos, si han pasado más de mil 100 días que mi hijo no aparece y la empresa ni siquiera me dice: Hey, necesito el dinero que se llevó tu hijo, ni siquiera han tenido la molestia de llamarme”, cuestiona el padre de Alberto.  Tampoco hubo llamadas para exigir un rescate ni para intimidarlo a fin de que cesara sus investigaciones. En torno a la desaparición de Alberto Ortigoza únicamente hay silencio. Hasta el momento de la entrevista, Ortigoza Mugarte había visitado ocho veces las oficinas de la justicia estadunidense para comprobar el avance del caso de su hijo y durante 56 semanas ha hablado por teléfono, pero las respuestas, en inglés o en español, fueron las mismas: “No sabemos nada”. [caption id="attachment_557937" align="alignnone" width="480"] Ediciones Proceso[/caption] “Lo voy a encontrar” Cuando Alberto Ortigoza Martínez desapareció, su hijo aún no cumplía tres años; hoy tiene seis. El abuelo, don José, tuvo que contarle el cuento de que Alberto fue “a un mandado de la empresa” y no sabe cuánto más va a demorarse. José Fernando, de 64 años, ya va acomodando palabras y ensayando versiones para “hablarle con la verdad” a su nieto. El tiempo apremia. No le fastidia asumir las funciones de padre. El niño es la adoración de él y de su hijo. El señor José Fernando adelantó su jubilación unos años para dedicarse a buscar a Alberto y cuidar al nieto. Comenta: “Si mi hijo no regresa, yo lo voy a encontrar. No sé cuándo, porque los tiempos de Dios son exactos. Hoy, si quiero llorar, me voy al cerro. Si me deprimo voy al cerro. Allá hago mis contactos fuertes con Dios.” Algunas personas le han dicho: “Ya para qué lo buscas”. Él sólo “bufa” de coraje y asegura que su dolor no se lo desea a nadie: “Es como si tuvieras tu corazón y te arrancaran un pedazo”. Para 2017 José Fernando preparó una estrategia más agresiva, que incluye ruedas de prensa, acudir a instancias nacionales y a organismos no gubernamentales en México y Estados Unidos, a fin de presionar a las autoridades para que realicen una búsqueda exhaustiva de Alberto. De hecho, en febrero realizó en San Diego una rueda de prensa en la que pidió “la colaboración de hispanos y anglosajones; si lo han visto, que no lo hagan por nosotros, ya sufrí tres años y lo voy a seguir sufriendo, que lo hagan por su hijo”. Ortigoza Mugarte ya se reunió con el fiscal del condado, en quien puso muchas esperanzas para reforzar la búsqueda, pero la respuesta de la autoridad estadunidense no fue muy alentadora. “Yo les dije: ¿Entonces se lo tragó la tierra? ¿Qué hubieran hecho si mi hijo en lugar de dinero hubiese llevado explosivos?” La policía de aquel país de plano se sinceró: “No tenemos los recursos ni las herramientas que ustedes creen que tenemos”. Pero él percibe una actitud discriminatoria: “Si fuera un anglosajón que se pierde en Tijuana, luego luego lo buscan y lo encuentran”. Como parte de su labor, Ortigoza Mugarte participa en la tercera Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas. Desde Sinaloa, donde se hizo la entrevista, José Fernando telefoneaba tres veces a su esposa todos los días para tener noticias del nieto y le daba una bitácora de sus actividades. En una pequeña carpeta de cuero café, el padre de Alberto porta su propia carpeta de investigación, integrada con las diligencias que hizo para buscar a su hijo, un retrato de él, las carpetas de investigación que abrió la PGR y el número de folio que abrió el condado de San Diego, así como una lista de teléfonos e indicios que pueden ser útiles en el caso. “Dejé el trabajo, pero no me duele: hoy tengo más fortaleza para buscar a mi hijo. El dinero no lo es todo. A mi hijo siempre lo traigo conmigo”, comenta. Durante todo este tiempo, José Fernando Ortigoza ha llegado a la conclusión de que la desaparición de personas en México se debe a que en “áreas calientes del narcotráfico” –donde hay cruce de ilegales, trasiego de drogas, mafias de tratantes de personas– el crimen organizado “reclutó”, como si fuera una empresa, arquitectos, albañiles, sicarios, contadores y mujeres para la trata. “La mafia necesita trabajadores. Mi hijo estaba por recibirse de contador, pudo servirles. Pero este fenómeno se dio porque el gobierno lo toleró mucho”, finaliza. En las fauces del narco El poblado sinaloense El Quelite aspira a ser pueblo mágico. Las calles empedradas, los tejados de ladrillo artesanal, las pintorescas fachadas de sus casas y el gusto por los gallos y la charrería podrían ser sus ventajas para obtener esa categoría; sin embargo, el Cártel de Sinaloa también ocupaba los áridos terrenos de esta congregación costera ubicada a 186 kilómetros de Culiacán para sus actividades ilícitas, incluida la inhumación clandestina de cadáveres. El 25 de enero de 2017, integrantes de la tercera Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas localizaron una fosa clandestina entre la Sierra de los Frailes y la Sierra del Quelite, muy cerca del río La Noria. Para llegar ahí y trabajar sin complicaciones, medio centenar de activistas tuvieron que ser custodiados desde Culiacán por cuatro tanquetas del Ejército Mexicano con 20 soldados, además de seis patrullas de la Policía Federal con unos 15 agentes, cuatro vehículos de la procuraduría sinaloense con 16 policías ministeriales y un grupo de observadores de la CNDH y la CEAV.  Fueron cinco días de la misma rutina: 180 minutos de carretera entre Culiacán y El Quelite, transitar del frío al calor, con los familiares rogando por no toparse con un comando armado en el camino. Después, lo principal: remover la tierra durante horas y la mayoría de las veces inútilmente. No es porque las víctimas sean escasas. Estadísticas de la Subprocuraduría General de Justicia de Sinaloa indican que de 2011 a 2016 –es decir en el sexenio de Mario López Valdez, Malova– se denunciaron mil 912 desapariciones. La dependencia destaca que en ese lapso se abrieron unas 5 mil 182 carpetas de investigación, que hicieron posible localizar a 2 mil 745 personas y contactarlas con sus familias. También registra 525 halladas sin vida. Con una inversión de 24 millones de pesos, se remodeló el área de genética forense que, entre agosto de 2016 y enero de 2017, identificó a 101 cadáveres. En Sinaloa hay tres unidades especializadas en búsqueda de desaparecidos, sin embargo, los casi 2 mil casos denunciados siguen impunes. Aproximadamente la mitad de las familias con expedientes abiertos ya están resignadas a que no tendrán acceso a la justicia y sólo quieren encontrar los restos de los suyos para darles sepultura. La otra mitad tiene la esperanza de hallarlos vivos, ya que –dicen– tal vez los reclutaron a la fuerza como sicarios del cártel del narco que domina la región o son víctimas de trata. Los integrantes del colectivo Voces Unidas por la Vida suplican que de cualquier forma les hagan saber dónde hay más fosas clandestinas: “Aquellos ciudadanos que sepan dónde hay fosas, pero tengan miedo de hablar o ser señalados, ahí en la parroquia de La Lomita, o en otra iglesia, ahí en la alcancía de las limosnas nos pueden dejar un mensaje… vía anónima, o en una llamada, como ellos quieran”, señala Alma Rosa Rojo Medina, quien desde el 4 de julio de 2009 busca a su hermano Miguel Ángel. Éste salió la mañana del 3 de julio rumbo a Estación Obispo. Visitaría a su novia y prometió volver al día siguiente con un cartón de cerveza y camarones para que Alma Rosa le preparara un ceviche.  “Sigo esperando a mi hermano con sus caguamas y un ceviche. Los primeros días de su desaparición fueron muy difíciles. Acudí sola a la radio para hacer un llamado, un grito al corazón de quienes se llevaron a mi hermano”, dice llorando. Un mes después de la desaparición de Miguel Ángel Rojo apareció un cuerpo con muelas empastadas en un paraje de Estación Obispo. Su hermana fue a identificar los restos en caso de que se tratara de él, pero el grado de descomposición impidió reconocer a la víctima. Pasaron nueve meses y las autoridades no le entregaban los resultados del análisis de ADN. Cuando se los dieron, el resultado fue negativo. El cuerpo fue enviado a la fosa común, pero las dudas de Alma Rosa persistieron. En 2010 consiguió que lo exhumaran para practicarle una nueva prueba de ADN que ofreció pagar ella, pero ese cuerpo ya no estaba. “Ahora tengo que luchar por exhumar todos los cuerpos del panteón 21 de Marzo (en Culiacán) para que otras familias también puedan reclamar a sus desaparecidos –dice en entrevista–. Es algo fuerte, pero yo aguanto esto y más por encontrar a mi hermano”. Cuando se cansó de “las falsas promesas” de las autoridades, de sus negligencias y pruebas contaminadas, de las exhumaciones erróneas, así como de la incompetencia de autoridades forenses y periciales para el correcto manejo de cuerpos, Alma Rosa formó el grupo Voces Unidas por la Vida. Ahora ruega a quienes “mandan” en el narcotráfico que dejen a “los muertos de Sinaloa” en lugares donde los puedan encontrar: les recuerda que “los muertos no hablan”.   Este adelanto de libro se publicó el 28 de octubre de 2018 en la edición 2191 de la revista Proceso.