Por no haber cumplido con su condición de “amada esposa”, el juez Hiradier Huerta Rodríguez condenó a Rosa Nelly Luna Cisneros a la pena máxima de 35 años de prisión por el asesinato de su esposo, el notario público Raúl Tomás Alton Garza. Así quedó establecido en la sentencia 14 emitida el 9 de noviembre de 2018 por el Tribunal de Juicio Oral de Monclova. El juez escuchó cerca de 20 testimonios de amigos, empleados y familiares de Alton Garza, quienes declararon que deseaba reconciliarse con su esposa. Esto hizo, según se desprende de la sentencia, que Huerta Rodríguez considerara a Rosa responsable de los problemas de la pareja, lo que fue determinante en su fallo. “A este tribunal le quedó claro”, señala el documento, “que la señora (…) al momento de los hechos tenía la calidad de amada esposa del señor (…) pues escuchamos de los testigos que comparecieron a declarar en el juicio, que ambos se encontraban casados y que si bien es verdad, también se escuchó por parte de los familiares, empleados y amigos de la víctima en audiencia de juicio, que al momento del homicidio se encontraban separados por los múltiples problemas en la relación que eran atribuibles a la acusada; también es cierto que de las declaraciones de los testigos se pudo advertir que la víctima se resistía a terminar con su matrimonio porque quería mucho a su esposa”. Alton Garza, de 39 años, desapareció el 16 de enero de 2016. Su cuerpo fue encontrado tres días después, semienterrado en el patio del domicilio conyugal, donde vivía Rosa con el hijo del matrimonio. La necropsia indicó que había sido sedado y asesinado a golpes de martillo. Rosa fue condenada por homicidio calificado con la agravante de ventaja, bajo la causa penal número 23/2016, por el Tribunal Oral del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Monclova. Entrevistada en el Cereso Femenil de Saltillo, donde cumple condena, la mujer de 29 años defiende su inocencia. Rosa sostiene que en su caso no se hizo justicia, pues desde el inicio del proceso todo estaba preparado para acusarla y sentenciarla por el asesinato de Alton Garza. El más grave delito que cometió, asegura, fue haber sentido “celos fincados en una infundada relación adulterina”, según la sentencia. Considera que el juez le impuso, en lugar de una condena de 18 años de prisión —la mínima por homicidio calificado—, la pena máxima de 35 años basado en un estereotipo sobre los deberes que debía cumplir como “amada esposa”. “Por el rol que yo llevaba, me considero una buena esposa. Estaba a cargo de mi hijo, cumplía con mis obligaciones como ama de casa, y también lo ayudaba (a Alton Garza) en la oficina, porque yo entré a estudiar la licenciatura en Derecho por la carrera que él llevaba, para poderlo ayudar. Yo hice hasta lo imposible por tener un buen matrimonio”. En la primera etapa del proceso, Rosa escuchó testimonios en los que se reiteraba que ejerció violencia contra su esposo. La abogada de oficio que acudió para asesorarla antes de que ingresaran los peritos a su domicilio, después de que llamó al Ministerio Público para informar de que el cuerpo de Alton Garza estaba en su patio, aseguró en el juicio que había permitido el acceso de los investigadores sin una orden judicial y que había declarado sin un abogado presente. Javier Liñán García, abogado de Rosa, recurrió el fallo en diciembre de 2018. En la audiencia de apelación, el pasado agosto, Rosa se declaró inocente ante los magistrados Óscar Aarón Nájera Davis, Armín José Valdés Torres y Juan Antonio Martínez Gómez, de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. La defensa adujo que Rosa no tuvo acceso al debido proceso porque las pruebas se obtuvieron de manera ilícita al no respetarse el derecho a la inviolabilidad de su domicilio y proceder a una detención arbitraria. Después de media hora de deliberación, los jueces ratificaron la sentencia de 35 años de prisión.  

Mayor castigo

El abogado Carlos Manuel Jaime Castro, quien asumió el caso de Rosa tras la confirmación del fallo, asegura que faltó incluir la perspectiva de género en los argumentos por los que se pidió la revisión de la sentencia. Agrega que el tribunal no tuvo acceso a la totalidad de los agravios que hubo en contra de Rosa, y eso influyó en su decisión de ratificar la condena. “La perspectiva de género tiene que estar siempre ahí”, subraya. “No es darle la razón a la mujer por ser mujer, es tratar de que no exista desigualdad entre las partes por su condición; generalmente, esto pasa más con las mujeres porque hay una discriminación histórica. A ella se le castigó más porque no se comportó como se espera que lo hagan las mujeres, y no coincidimos con ese criterio de que por no ser la ‘amada esposa’ se eleve más la pena. Estas cuestiones de estereotipos, de lo que debe ser una buena esposa, influyeron en la pena”. Jaime Castro adelanta que interpondrá un amparo en en el que solicitará la reposición del procedimiento penal. Aduce deficiencias en la investigación como la declaración de la abogada de oficio, el hecho de que Rosa presentara golpes y la recopilación ilegal de pruebas, junto con el hecho de que no se presentaron en el juicio los dos martillos hallados en el domicilio —uno en una alberca y otro bajo el cuerpo de la víctima—. Agrega que en el proceso no se aplicó a Rosa el protocolo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género, que fue utilizado en favor de Alton Garza. “Queda claro para este tribunal que se trata del sometimiento de la víctima a un continuo acto de violencia de género que se prolonga en el tiempo, en el caso concreto al menos desde dos meses atrás a la fecha en que fuera lesionado de muerte por su agresora; violencia que las víctimas suelen soportar la mayoría de las veces por la esperanza de salvar su matrimonio, como fue el caso”, señala la sentencia. Este convencimiento prevaleció en todo momento, afirma Rosa, y por eso nunca se planteó que ella pudiera estar inmersa en un ambiente de violencia, sin tomar en cuenta que desde su detención fue criminalizada y expuesta a la opinión pública. Incluso Francisco Juaristi Santos, dueño del periódico Zócalo de Monclova, de amplia circulación en la ciudad, escribió un editorial que fue utilizado como testimonio por la familia, en el que afirmaba que el notario público le había contado sobre los problemas que tenía en su matrimonio en una reunión que habían sostenido una semana antes de su asesinato. Al contrario que Rosa, Alton Garza gozaba de respaldo social y político debido a que su familia es ampliamente conocida en las esferas gubernamentales. “Yo no fui víctima, no fui mujer; yo fui una victimaria para ellos. Una persona a la que no se debía tratar con el mínimo respeto, ni absolutamente con ninguna consideración. Esa sentencia de 35 años me la dieron porque el Ministerio Público, la fiscalía y el conjunto de jueces hicieron y plantaron una exageración de cosas que ni siquiera sucedieron para involucrarme e imputarme ese delito, un delito que yo no cometí y por el cual ya he pagado casi cuatro años. Un delito del que no hubo pruebas, y no las habrá porque nunca existió... es un delito que yo no cometí”, reitera Rosa.  

La corrupción

[audio mp3="https://cdn.proceso.com.mx/media/2019/12/rosy-corrupcion.mp3"][/audio] Jaime Castro explica que la resolución del juez de aplicar la perspectiva de género en favor de Anton Garza se basó en las declaraciones de los testigos, que mostraron al notario público como el sujeto débil de la relación. Si se les concede el amparo, confía en que al reponer el proceso se juzgue a Rosa con perspectiva de género y se revise la investigación, ya que en la carpeta existen elementos de que había personas desconocidas en el domicilio el día de los hechos y esa línea de investigación no se siguió. “La idea es darle un juicio justo; que sea escuchada, que presente sus pruebas y que con eso decida el tribunal, que no tenía para dónde hacerse porque no se tomaron en cuenta otras pruebas que tenía la defensa. Legalmente, el tribunal decidió con la prueba que había y en un principio parece una decisión correcta, pero lo ideal es que hubiera seguido con más pruebas y con todos los hechos”. La jueza Griselda Elizalde Castellanos, reconocida por emitir la primera sentencia con perspectiva de género en Coahuila, que permitió liberar a una mujer acusada de asesinato tras demostrarse que había actuado en legítima defensa, considera que aún existen muchas deficiencias en el sistema judicial. Son muchos los retos, dice, y no se resuelven solo con dar capacitación a los responsables de hacer justicia, también es necesario desprenderse de los estereotipos de género. “Muchas veces quieren que se juzgue con perspectiva de género en una etapa avanzada de los procesos; ya en una etapa de sentencia o de juicio. Tenemos que trabajar en identificar si hay esas situaciones de desequilibrio de poder, si hay desigualdad, si hay asimetrías. Ese es el gran reto: investigar para darte cuenta de estos factores y es muy difícil irnos quitando estereotipos en las investigaciones o en los juicios”, señala. Es fundamental, afirma, que se crea a una víctima cuando dice que padeció violencia física o maltrato psicológico, aunque reconoce que prevalecen los casos en los que no se le brinda atención porque no tiene suficientes marcas de golpes, o en los que si sufre una agresión piensan que se lo merecía porque no se comportó acorde con el supuesto rol que le correspondía. Elizalde Castellanos teme que, si no se logra acabar con estos estigmas al momento de juzgar y sentenciar, las mujeres dejen de hacer sus denuncias por temor a que no les crean y a que las castiguen por no cumplir con los roles que socialmente les han asignado, pero que impiden el acceso a la justicia.