MADRID (apro).– La Ley de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social de Cataluña no consiguió los votos suficientes para ser aprobada en el Congreso español, sin embargo, la propuesta volverá a la Comisión de Justicia de la cámara baja y en un mes se deberá presentar un nuevo dictamen ante el pleno.

Este revés se debió a las discrepancias de último momento entre Junts, el partido de Carles Puigdemont, y el PSOE, del presidente Pedro Sánchez, después de que los socialistas rechazaran las enmiendas de Junts en las que pedía ampliar la amnistía a todos los tipos de delitos de terrorismo. Esto, a partir de la resolución de un juez de la Audiencia Nacional que acusa de ese delito al expresident catalán y a otra dirigente independentista.

A pesar de aprobar el primer dictamen en la Comisión de Justicia, Junts sumó enmiendas después de los últimos movimientos de dos jueces que buscan vincular a Puigdemont, uno, con un supuesto delito de terrorismo, y el otro, en una presunta trama rusa que apoyaría el independentismo.

Con 179 votos en contra (PP, Vox y Junts) y 171 a favor (del resto de la Cámara), se rechazó la tramitación de la ley de Amnistía, aunque queda abierta una nueva etapa de negociaciones.

La portavoz de Junts en el Congreso, Mirian Nogueras, defendió las enmiendas propuestas. “Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que firmamos”, dijo.

Consideró que la actual redacción de la propuesta de ley “tiene agujeros por los cuales la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado” y deja al independentismo “expuesto a las arbitrariedades” de los jueces españoles.

Gobierno: que Junts reconsidere su posición

El vicepresidente Félix Bolaños reprochó a Junts haber votado junto a PP y Vox, que “son los que les quieren meter a la cárcel”, cuando la actual redacción consigue el objetivo pretendido y ayudaría a “abrir una nueva etapa donde la política y el diálogo sean el centro y acabar con esta década ominosa en la que la convivencia quedó afectada”

Le pidió a Junts que “reconsidere su posición” y defendió que “la propuesta de ley es impecable” y “como se presentó es absolutamente constitucional”.

Durante el día, fuentes del PSOE señalaban que la ley era sólida y no puede someterse a cambios con cada nueva noticia judicial que surja.

Dos visiones independentistas         

La diputada de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Pilar Vallugera, mostró la otra cara del independentismo, al anunciar que votarían a favor de la ley, se dirigió a la diputación de Junts para reprochar que se pusieran obstáculos a la ley, lo que en su opinión suponía “caer en la trampa de ir modificándola por intereses espurios”, en alusión a las resoluciones judiciales. “¿Cuál es la decisión que favorece a más gente? Esto solo tiene una respuesta, y es votar que sí”, le ha dicho Vallugera a Nogueira.

La legisladora defendió que la redacción de la ley de amnistía tiene “fuerza suficiente” como para no “cambiar según los jueces prevaricadores que quieren hacer naufragar esta ley”.

“Esto no va de Puigdemont ni de (Marta) Rovira”, dijo la de ERC, sino de toda la gente que se debe beneficiar de esta norma, y no se puede “caer en la trampa” y no hacerla ley “pensando en los jueces y no en lo solidez y robusta que es la ley”.

PP: “La humillación es constante”

Alberto Núñez Feijóo, dirigente del PP y líder de la oposición, criticó duramente al presidente Sánchez al impulsar esta ley de amnistía, dijo, para seguir en el poder. “¿Cuánto tiempo van a aguantar esta humillación diaria a sus siglas, a su historia?”, le cuestionó desde la tribuna.

“La humillación es constante, cada día, cada socio, cada votación es un calvario. Le han cogido la medida, señores del Partido Socialista. Es verdad que Sánchez ha decidido ser rehén, pero el rescate no se lo vamos a pagar todos los españoles”, insistió dirigiéndose a los socialistas.

“Jueces prevaricadores”

Casi todos los partidos que apoyan la ley de amnistía arremetieron contra el Poder Judicial, y a algunos los mencionaron con nombre y apellido, porque han sido los que han emitido fallos en investigaciones que coinciden en las fechas en que se estaban cerrando los acuerdos políticos entre los partidos para impulsar la ley de amnistía.

El diputado Gerardo Pisarello, representante de Sumar, el partido minoritario de la coalición de Gobierno, fue muy crítico con el juez Manuel García Castellón al que ha tachado de “parcial” y consideró que “merece ser acusado de prevaricación o directamente recusado” en las investigaciones que afectan al independentismo.

En su opinión es un “juez ciego ante la corrupción del PP”, porque no se dio cuenta que la secretaria del PP, María Dolores de “Cospedal tuvo 260 contactos con policías de la cúpula de la llamada `policía patriótica´”, un grupo de la cúpula de la policía nacional que realizaba actividades ilegales a favor del PP y contra sus adversarios políticos.

Pero repentinamente ha visto ahora “terrorismo retrospectivo” con el avance de la amnistía en el Congreso contra Puigdemont y Marta Rovira, desarrollando para ello “grandes dosis telepáticas”.

Irónico prosiguió diciendo que en la causa contra la plataforma independentista Tsunami Democràtic, el juez de la Audiencia Nacional García Castellón tuvo el “arrebato” y el “ardor patriótico” para encontrar el delito de terrorismo, cuando “la causa estuvo durmiendo el sueño de los justos durante cuatro años”.

La diputada Martina Velarde, de Podemos, señaló que el juez García Castellón es un representante de la “derecha judicial” y del “lawfare” (guerra sucia judicial). Y reclamó unidad ante la “ofensiva judicial salvaje contra la ley de amnistía” que, consideró, se va a desatar en los próximos tiempos.

Llamó a la unión de los demócratas antes de que “se oponga el sector reaccionario del Poder Judicial y el juez García Castellón que el Parlamento”.