MADRID (apro).– Ante la investidura de Pedro Sánchez, que será este miércoles 15 y jueves 16, este lunes está por registrarse el proyecto de ley de amnistía, que plantea anular “la responsabilidad penal, administrativa y contable” a 309 independentistas catalanes y a 73 policías encausados por delitos relacionados con el “procés” que celebró el referéndum ilegal, el 1 de octubre de 2017.

La ley de amnistía es el centro de los seis acuerdos alcanzados por Sánchez con varios partidos, que le permitirá llegar a la sesión del miércoles con 179 escaños en el Congreso de los Diputados, tres más de la mayoría absoluta.

Salvo sorpresa, todo indica que con esta votación, Pedro Sánchez podrá revalidar su cargo como presidente, el jueves 16, al conseguir la confianza de la Cámara Baja.

Sin embargo, lo hará con una oposición del Partido Popular y Vox, que han subido el tono de su lenguaje y convocando concentraciones en las inmediaciones de la sede del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, que han terminado con choques violentos con la policía antidisturbios, porque han actuado grupos de ultraderecha y neofascistas. El domingo, el PP realizó mítines en varias ciudades españolas, en los que no hubo incidentes.

No obstante, tanto el PP como Vox han elevado el nivel del discurso contra Sánchez, a quien acusan de llevar a España a una “dictadura”, de “gobierno ilegal”, que el nuevo gobierno será conseguido mediante “fraude electoral”, y que la amnistía es “ilegal” y “anticonstitucional”. Ya se prevé una legislatura de mucha confrontación.

Aunque Alberto Núñez Feijóo, dirigente del PP, asegura que lo hace en defensa de España, porque la amnistía “rompe España”, ha pedido nuevas elecciones, a pesar de que en las celebradas el 23 de julio obtuvo el mayor número de votos, pero no suficientes escaños para formar gobierno (sólo consiguió 172, se quedó a cuatro de la mayoría absoluta), lo cual sí consiguió Sánchez.

Sin embargo, el centro del debate ahora está en el proyecto de la amnistía, que se conoció este mediodía, la cual será firmada por los partidos de la nueva mayoría absoluta, para ser registrada hoy mismo. La propuesta supone anular los delitos relacionados con el proceso soberanista de Cataluña en el periodo que comprende del 1 de enero de 2012 a este lunes, 13 de noviembre de 2023.

En la iniciativa no se menciona el término lawfare (guerra judicial o uso político de la justicia) que se incluía en el acuerdo firmado por PSOE y Junts (el partido del expresident catalán, Carles Puigdemont), y que provocó una airada reacción de las distintas organizaciones de jueces y fiscales.

La ley, de acuerdo a los procedimientos legislativos, podría estar aprobada en marzo de 2024, y al entrar en vigor, podría ayudar al expresidente Carles Puigdemont y tendría la posibilidad de regresar a España, después de varios años de estancia en Bélgica, desde donde ha enfrentado las acusaciones por el referéndum de 2017.

Los partidos que apoyan a Sánchez con su socio Sumar (que incluye a Podemos), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); Junts; EH Bildu; Partido Nacionalista Vasco (PNV); Bloque Nacionalista Galego (BNG), y Coalición Canaria.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, aprovechó su comparecencia para anunciar las fechas de la investidura, para condenar “tajantemente cualquier tipo de violencia”, como la registrada en “las calles de España estos días”, en alusión a las pintas en varias sedes del partido en las comunidades autónomas y las protestas en la sede central socialista en Madrid.

El líder del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Salvador Illa, aseguró que la ley de amnistía demuestra “la solidez y la capacidad de generosidad de la democracia española”.