España
Pegasus, la bomba espía que socava la relación Madrid-Cataluña
El software Pegasus fue utilizado ilícitamente para intervenir las comunicaciones de líderes independentistas catalanes y nacionalistas vascos, sin que el gobierno de Pedro Sánchez haya salido a dar una explicación.
El informe de Citizen Lab dado a conocer por The New Yorker cayó como bomba en la escena española: el software Pegasus fue utilizado ilícitamente para intervenir las comunicaciones de líderes independentistas catalanes y nacionalistas vascos –entre otros personajes políticos–, sin que el gobierno de Pedro Sánchez haya salido a dar una explicación. Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña, manifiesta a Proceso su descontento y exige respuestas, mientras ya se prepara una batería de denuncias judiciales.
MADRID (Proceso).– El gobierno de España está en una encrucijada, sin lograr articular una respuesta al informe de Citizen Lab, los expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, que documentó que los teléfonos celulares de 63 líderes independentistas de Cataluña y dos políticos nacionalistas vascos sufrieron la intromisión ilegal del software espía Pegasus entre 2017 y 2020.
El actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, y sus tres predecesores, Quim Torra, Carles Puigdemont (que vive exiliado en Bélgica) y Artur Mas son los políticos electos más importantes que fueron espiados. En entrevista con Proceso, Aragonès es directo: “Ningún Estado democrático tendría que espiar a la disidencia política”.
Es muy crítico con la clase política española que asume que contra el movimiento independentista vale cualquier cosa. “Se han rebasado todos los límites. Hemos visto cómo se encarcelaba a miembros del gobierno catalán, cómo se intervenía la autonomía (de la comunidad), cómo se provocaba el exilio de un presidente y otros dirigentes, cómo se afectaba su patrimonio personal, y ahora se añade un espionaje masivo.
“¿Somos suficientemente buenos para votar iniciativas del gobierno pero suficientemente malos para espiarnos?”, dice en alusión a que los partidos independentistas han apoyado en el Congreso la mayoría de las iniciativas de Pedro Sánchez (presidente del gobierno español), a quien le exige una investigación transparente y la asunción de responsabilidades.
El informe –publicado por The New Yorker– señala que también fueron espiados dos presidentes del Parlament catalán, Roger Torrent (el primero que se supo era espiado) y Laura Borràs; cuatro parlamentarios del Congreso de los Diputados; cinco eurodiputados, entre ellos el propio Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Diana Riba y Jordi Solé, y el exvicepresident Oriol Junqueras. El espionaje alcanzó a cuatro abogados representantes jurídicos de líderes independentistas –violando el derecho de defensa de sus clientes–, activistas y periodistas.
Aragonès no cree que el espionaje se relacione con un procedimiento judicial, “porque no somos terroristas ni delincuentes organizados internacionales –que es para lo que está pensado ese software–. Esto no puede tolerarse en una democracia, porque diezma la confianza mínima imprescindible para mantener una relación parlamentaria y política entre dos gobiernos (España y Cataluña)”, dice.
Espías en la mira
El abogado Gonzalo Boyé, otro de los espiados, adelanta a Proceso que esta semana su despacho presentará una batería de 20 a 25 denuncias en diversos juzgados de Cataluña y Madrid, sitios donde se ubicaban sus clientes al momento de sufrir los ataques de Pegasus, intromisión que se dio al recibir SMS de la Seguridad Social, de Hacienda o mensajes de WhatsApp, como si fueran de amigos o familiares.
La próxima semana Boyé presentará más denuncias en tribunales de Francia, Suiza, Bélgica, Alemania y Luxemburgo, donde estaban algunos afectados al momento en que sus teléfonos fueron espiados.
Esta estrategia de denunciar en varios países se anunció inicialmente el 19 de abril, en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas, en una reunión que encabezaron Puigdemont y el exvicepresidente y líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, una imagen inédita porque los dos políticos habían seguido caminos distintos tras el fracaso del referéndum y la persecución del Estado español.
En entrevista, el abogado aclara que aunque muchos políticos espiados centran sus sospechas en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la redacción de sus denuncias está dirigida contra la empresa israelí NSO Group Technologies, la propietaria de Pegasus. El objetivo es conocer qué organismo del Estado español habría pagado los servicios para el espionaje a las 65 personas hackeadas.
La estrategia es ir contra Q Cyber Technologies LTD y sus subsidiarias NSO Group Technologies LTD (creadora del spyware Pegasus), en Israel, y OSY Technologies SARL, en Luxemburgo.
Las actuaciones legales incluirán a los socios de estas compañías Niv Karmi, Shalev Hulio, Omri Lavie y otros. Estos empresarios antes fueron agentes del cuerpo de ciberinteligencia del ejército de Israel, y en 2010 fundaron NSO Group, en la ciudad de Herzliya.
Boyé explica que en su caso, su teléfono sufrió 18 intentos de intrusión, entre marzo y octubre de 2020, por medio de mensajes de textos disfrazados de actualizaciones de Twitter y sitios de noticias.
“Cuando recibí la confirmación de Citizen Lab que mi equipo estaba infectado y confrontando esos 18 intentos con mi agenda personal, todos se produjeron en fechas clave, previo a alguna resolución judicial en Europa por el caso de Puigdemont o los días previos a que el presidente Quim Torra –a quien también representa– participara en las Mesas de Presidentes para atender el tema de la pandemia del coronavirus.”
El teléfono de Andreu van den Eynde, abogado de Junqueras, fue hackeado en mayo de 2020. Igual sucedió con otros dos abogados. Sobre la posible participación de los servicios de inteligencia españoles en el espionaje, el abogado considera que hay indicios para pensar que se hizo a través de NSO Group, pero “por cuenta de intereses españoles”. Aunque no se puede descartar ni al CNI ni a otras fuerzas de seguridad del Estado.
Citando a Proceso, Boyé recordó que el caso de España podría ser similar al de México: durante el gobierno de Peña Nieto el spyware Pegasus fue adquirido por el Ejército, la PGR y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional a través de un entramado de 30 empresas “fachada” ligadas a la red de Pegasus en México, Panamá y Estados Unidos.
La ministra y “The New Yorker”
El espionaje a Jordi Sànchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, uno de los líderes sociales más influyentes, habría tenido lugar en 2017, durante el referéndum de independencia de octubre de 2017, en el gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, el informe de Citizen Lab arroja que la mayoría de ataques a los celulares de los independentistas son posteriores a junio de 2018, tras la investidura de Pedro Sánchez, en especial cuando tuvo lugar el juicio y sentencia del procés –en octubre de 2019–, e incluso en fechas posteriores.
Es precisamente en este periodo que el celular de Aragonés, entonces vicepresidente de la Generalitat, fue atacado. “Hubo tres intentos de intrusión a mi teléfono, una de las cuales sí tuvo éxito y consiguieron infiltrarlo con un SMS con una supuesta noticia”, recuerda. “Se produce primero en octubre de 2019, en el marco de la sentencia del Tribunal Supremo, que condenó en global a un siglo de cárcel a los miembros del antiguo gobierno de Cataluña, acusándolos de haber organizado el referéndum. Y luego en enero de 2020, cuando se llevaba a cabo la negociación política para conseguir la investidura de Pedro Sánchez.
“Son dos momentos clave, de una intensidad política muy importante. La sospecha que tenemos es que querían tener información confidencial para tener un tipo de ventaja, ya sea política o de otra índole.”
–¿Lo ve como juego sucio del gobierno español?
–Clarísimamente. Por eso se tiene que aclarar hasta qué punto el gobierno español tenía conocimiento; es imprescindible la investigación.
Aragonès no descarta que el espionaje haya corrido a cargo del CNI o de estamentos “dentro del gobierno español o dentro de la estructura gubernamental española que operan (este espionaje) sin el conocimiento del gobierno de turno, pero eso no lo podemos certificar, por eso es absolutamente necesaria esta investigación que hasta el momento no está siendo aceptada por el gobierno español”.
Aunque Citizen Lab no señala qué organismo del gobierno español podría estar detrás del espionaje, las sospechas se centraron principalmente en el CNI, pero también en las “cloacas” de la Policía Nacional.
Los partidos independentistas catalanes y vascos, de la mano de Unidas Podemos, Más País, Compromís y BNG (partido gallego) firmaron una declaración conjunta exigiendo una comisión de investigación, por la “vulneración flagrante” de derechos y libertades. “Los indicios apuntan a la implicación directa del CNI bajo control de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sin descartar la autoría o participación de otros organismos estatales”.
Tras una semana sin poder ofrecer una respuesta convincente, Robles fue cuestionada en la sesión parlamentaria de control al gobierno, el 27 de abril, en la que dio una respuesta que diputados catalanes interpretaron como una justificación del espionaje. Dijo: “¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución o cuando alguien declara la independencia? ¿Qué tiene que hacer cuando alguien corta las vías públicas y genera disturbios?”.
En respuesta, desde la sesión del Parlament de Cataluña, Aragonès exigió la dimisión inmediata de Robles por esas afirmaciones que consideró “extremadamente graves”, porque “bombardean cualquier posibilidad de entendimiento y aclaración de la situación”.
En respuesta a otra pregunta, la ministra de Defensa no sólo se escudó en su ignorancia del medio que publicó el informe, sino en cuestionar a Citizen Lab. “Usted habla del New Yorker, yo no conozco ese medio de comunicación. No sé con qué fuentes actúa”, y cuestionó los informes de “laboratorios privados”, que “no se sabe quién, cómo o cuándo lo realizan”, “con base en informaciones que no se sabe de dónde vienen, que a lo mejor están teledirigidas”, y luego insistió en que el gobierno actúa en un estado de derecho.
En respuesta, Ronan Farrow, autor del reportaje en The New Yorker (Cómo las democracias espían a sus ciudadanos), posteó un comentario irónico en su cuenta de Twitter, que dejó muy mal parada a la ministra: “Hola, excelentísima señora Margarita Robles, ministra de Defensa, aquí tiene más información sobre la revista The New Yorker”, e incluía una liga. Farrow, ganador de un Pulitzer, hijo de Mia Farrow y Woody Allen, está considerado un referente del periodismo cultural estadunidense.
Socios en riesgo
Aragonès y Sánchez mostraron sintonía desde el arribo del primero a la presidencia de la Generalitat, para reconducir la solución del diferendo catalán por la vía política, luego de que el gobierno de Rajoy únicamente privilegió la actuación de las policías y los tribunales.
Sin embargo, dice Aragonés a Proceso, el espionaje dificulta cualquier avance. “Para que pueda haber una relación normalizada en términos parlamentarios y de la credibilidad de un proceso de negociación sobre la resolución del conflicto político entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España, es imprescindible que unas informaciones de esta gravedad sean aclaradas”.
Se requiere “una investigación interna con supervisión independiente para aclarar quién ha dado la orden del espionaje, cuántas personas han sido espiadas y qué conocimiento tenían los propios miembros del gobierno, con qué autorización (judicial) se llevaron a cabo y cuáles son los datos que han recopilado y para qué uso se están empleando”.
En segundo lugar, que se apoye la Comisión de Investigación propuesta en el Congreso de los Diputados, que presentaron los partidos independentistas y el socio minoritario de la coalición de gobierno, Unidas Podemos.
Y por último, a partir de las conclusiones que arrojen las dos investigaciones, “la asunción de responsabilidades políticas y, si es necesario, de responsabilidades penales”. Hasta ahora, añade, la respuesta ha sido “absolutamente insuficiente”.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, impulsó un cambio de mayorías que permita la entrada por primera vez al partido independentista ERC y al partido vasco Bildu a la Comisión de Secretos Oficiales, que hasta ahora habían sido vetados por la derecha y la ultraderecha del PP, Vox y Ciudadanos. Esta comisión es la que permite el control de actividades del CNI y de las materias clasificadas
Aragonès sostiene que su compromiso a “una salida negociada al conflicto (independentista) se va a mantener en cualquier caso”, pero para que esto avance, se deben cumplir condiciones mínimas, como “no espiar a un adversario político”
Sin embargo, considera que hasta ahora la “respuesta del gobierno ha sido insuficiente”. Incluso ERC, el partido de Aragonès, anunció que podría votar contra el decreto ley de medidas para paliar la economía ante los efectos de la guerra en Ucrania.
Otro de los espiados fue el diputado de EH Bildu, Jon Iñárritu, quien en entrevista recuerda que en la primavera de 2021 recibió una llamada de Citizen Lab “advirtiéndome que tenían indicios de que mi teléfono había sido intervenido. Hicieron pruebas en mi equipo, y al cabo de una semana me confirmaron que había ‘dado positivo’”.
El diputado vasco decidió participar en la investigación de Citizen Lab, en un acuerdo de alta confidencialidad, hasta que se dio a conocer en The New Yorker, cuya publicación lo entrevistó. “Las consecuencias totales o globales, todavía no las he sabido”, asume.
Iñárritu explica que participará en iniciativas parlamentarias de investigación del caso, pero “también voy a pedir amparo a la presidencia del Congreso, porque somos aforados (con fuero constitucional), y como representantes electos se han violado nuestras prerrogativas parlamentarias, indirectamente se ha violado la inmunidad de esta cámara. Por eso vamos a pedir amparo para investigar los hechos y tomar medidas para que no se vuelva a producir.
Por último el legislador critica el silencio de Sánchez para anunciar una investigación sobre un hecho tan grave. Y que sólo “han salido escudándose que ellos no tienen nada que ver o que ellos respetan la legalidad. Es evidente que el gobierno está detrás, pero ¿cómo se ha hecho? ¿Están las ‘cloacas’ del Estado?, ¿con mandato del gobierno o sin ello?, no lo sabemos, sólo una investigación lo puede clarificar”.
