Madrid (Proceso).— La investidura de gobierno a la que se presenta Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, este 26 y 27 de septiembre, está destinada al fracaso, porque no ha conseguido los apoyos políticos necesarios que lo lleven a la presidencia de España.

“No tengo muchas esperanzas, pero es mi obligación intentarlo”, le dijo a la Junta Directiva de su partido.

También recibió el rechazo de otras fuerzas políticas debido a su matrimonio político con Vox, el partido de extrema derecha, y en un intento desesperado varios dirigentes del partido han pedido a los diputados socialistas que rompan la disciplina de su partido y que den los cuatro votos que le faltan a Feijóo para alcanzar los 176 escaños que hacen la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y que le darían la gobernabilidad.

Este transfuguismo político es un tema muy espinoso en el sistema parlamentario español, por traiciones que en el pasado han costado a los socialistas el gobierno de Madrid, por eso desde el PSOE descartaron que Feijóo pueda encontrar tránsfugas en ese partido.

La “investidura Fakejóo” es como ya se conoce, juego de palabras con que se le bautizó al candidato del PP, tanto en redes sociales y en algunos medios, cuando se evidenció cómo mentía y usaba información falsa durante la campaña electoral.

Por todo ello, el PP de Feijóo está volviendo al patrón de siempre: cuando la derecha española no gobierna, suele recurrir a la narrativa incendiaria de que “España se rompe”, por el hecho de que la izquierda tenga el timón institucional del país. Pasó con Felipe González, con José Luis Rodríguez Zapatero y ha pasado y sigue pasando con Pedro Sánchez.

A lo largo del mes para preparar su investidura, en vez de negociar los votos que le faltan, Feijóo ha ido modificando su discurso y endureciéndolo, como preparando un rol de oposición, sobre todo en los últimos días, al acusar a Pedro Sánchez de “fraude electoral”, por negociar una amnistía para los líderes catalanes independentistas.

Y a través de su secretaria general, la diputada Cuca Gamarra, anunció una concentración pública en Madrid este domingo 24 contra la negociación por esa amnistía que no entra dentro de los marcos de la Constitución. Y anunció que participarán en la manifestación barcelonesa del 8 de octubre convocada por Sociedad Civil Catalana, una entidad privada contraria a la independencia.

Es decir, Feijóo se lanza contra Sánchez dos días antes de su propia investidura. Aseguró que esa concentración es “para defender la Constitución Española y la necesidad de hacer acuerdos de Estado para salir de esta cárcel en la que nos quieren meter los independentistas y el señor Sánchez”.

Es cierto que el debate político y la prensa en España ven la investidura fallida como un trámite. Y que la discusión se ha centrado en las muy discretas negociaciones del presidente en funciones, Pedro Sánchez, con el resto de fuerzas políticas, con la intensión de conseguir una mayoría que le permita refrendar un gobierno progresista, investidura que tendría sus propios tiempos legales, tras el intento de Feijóo.

El panorama para Pedro Sánchez es doblemente complejo de encajar las matemáticas parlamentarias con el alto nivel de exigencias de los partidos con los que puede acordar, en especial Junts y ERC, cuyo apoyo pasa por la amnistía, por la dificultad de que ésta pueda sortear los candados constitucionales.

Esta medida enfrenta a Pedro Sánchez a la oposición política, del sector mediático más identificado con la derecha y a la muralla del estamento judicial, porque una amnistía se interpretaría como una enmienda a las acciones de la maquinaria judicial que ha actuado contra el referéndum de independencia en Cataluña, celebrado el 1 de octubre de 2017.

Es por ello que en la discusión pública no se descarta una repetición de las elecciones, que en ese extremo, serían el 14 de enero próximo. Pero hasta ahora todas las opciones están abiertas.

Crispación y fraude

El llamado de Feijóo a esa concentración en la calle se produjo después de que el expresidente José María Aznar, la figura más relevante del ala dura del PP, marcara la nueva línea y sometiera al candidato al lanzar un nuevo “¡Basta ya!”, equiparando el rechazo a la amnistía con esa frase que fue emblemática en los años de repudio a la banda terrorista ETA.

En el mes que Feijóo pidió para ser investido, su estrategia y rumbo fueron confusos. La misma noche electoral del 23 de julio (23J), cuando se proclamó vencedor en el balcón de la sede del PP, en la calle Génova, era evidente que los números no le acompañaban.

Su asociación con Vox le cerró cualquier otra negociación. Luego vino la propuesta que hizo al PSOE para recibir su apoyo a cambio de sólo gobernar solo dos años, pero los socialistas lo rechazaron.

Luego intentó convencer a Junts, el partido del expresidente catalán, Carles Puigdemont, el mismo al que durante seis años han acusando de golpistas y de querer “romper España”. Un portavoz del PP declaró que “Junts es un grupo parlamentario que, más allá de lo que cuatro, cinco o diez personas llevaran a cabo, representan a un partido cuyo tradición y legalidad no está en duda”. Tampoco alcanzó acuerdo.

Entonces, fue cuando el ala dura del PP tomó las riendas y le marcó la nueva ruta a Feijóo. En un acto de su fundación, Aznar pidió que el Estado de derecho enfrente al plan que “quiere acabar con la Constitución”, a la que ven como “un obstáculo”, “esa izquierda irresponsable e insolidaria que reniega de la ciudadanía democrática libre e igual”.

Dijo que la sociedad española no es la primera vez que se pone a prueba frente a “la involución, el terrorismo, la sedición. Han querido frustrar nuestra voluntad de convivencia. Hay que decir de nuevo ¡Basta ya!. España no puede volver y no va a volver a un sistema basado en la exclusión, en el sectarismo, ni en la destrucción programada de la nación”.

Desde el gobierno de Pedro Sánchez respondieron con dureza a Aznar, por considerar que estaba haciendo un “llamamiento golpista”. La portavoz del gobierno, la ministra Isabel Rodríguez le acusó que sus declaraciones, “se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas, que a los de un expresidente, que son desde luego incompatibles con los valores democráticos y constitucionales de nuestro país”.

Recordó que Aznar mintió a los españoles con el mayor atentado terrorista en el país (el 11 de marzo de 2004, cuando por cálculo político aseguró que lo perpetró ETA, cuando ya sabían que había sido una célula yihadista), “entonces tiene poca credibilidad”, dijo la ministra.

Sin embargo, la ministra pidió a Núñez Feijóo que “rectificara” las palabras de Aznar, por lo que su figura representa al interior del PP.

Pero Feijóo no rectificó y se ciñó al dictado marcado por Aznar, al llamar a la gente a las calles para protestar contra la amnistía.

En busca de “un gran pacto político”

Desde Bélgica, el expresident catalán, Carles Puigdemont, definió su postura al señalar que “no investiremos a ningún presidente del Estado español que no aborde la solución del conflicto político de Cataluña, esto pasa por abordar la amnistía y la autodeterminación”, misma ley de amnistía que también ha pedido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Lo poco que se conoce, es que Pedro Sánchez busca un gobierno que se centre en la reconciliación enmarcada en un gran pacto político en el que las partes se ciñan a la legalidad.

En una rueda de prensa en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Pedro Sánchez abrió la puerta a una posible amnistía, al señalar, “voy a ser coherente con la política de normalización y estabilización de la situación política en Cataluña, y estoy diciendo mucho”, por no querer adelantar más sobre las negociaciones y subrayando que ahorita es el tiempo de Feijóo.

En la anterior legislatura, Sánchez concedió los indultos a los líderes independentistas perseguidos, y ahora se buscaría el encaje para una amnistía que no sólo beneficiaría a los principales líderes sino a cientos de alcaldes y ciudadanos que han sido procesados judicialmente.

A cambio, el PSOE reclama a Junts que renuncie a la unilateralidad y a la amenaza de volver a intentar un referéndum; incluso, Sánchez afirma que esta opción sólo tiene el apoyo del 10% de la población de Cataluña, según las encuestas catalanas.

Frente a la crispación del PP, Sánchez ha señalado que “las conversaciones pueden ser discretas, pero los acuerdos son transparentes”, lo que cierra la puerta a un pacto secreto sobre el caso catalán.

El presidente en funciones dijo a los periodistas que él siempre estuvo en contra de la judicialización del conflicto. “Nosotros hemos respetado el trabajo de la justicia. Pero una crisis que era política nunca tuvo que derivar en una judicialización. Cuando (Mariano) Rajoy era presidente y el fiscal general (José Manuel) Maza abrió la puerta a las causas judiciales del procés, yo trasladé mi malestar. Primero porque no habíamos sido consultados, a pesar de que el PSOE apoyó al gobierno. Y segundo porque habíamos trasladado a la vía judicial un conflicto de naturaleza política. Lo que hemos hecho es tratar de devolver a la política lo que nunca tuvo que salir de la política”.

Desde el Congreso, Núñez Feijóo le respondió insistiendo en que la ley de amnistía no es para resolver ningún problema de España, sino que es una ley que posibilita que Sánchez sea presidente del gobierno

“Probablemente estemos ante un punto de inflexión en la historia democrática del país. Ayer vimos por primera vez a un presidente del gobierno de España hablando abiertamente de la posibilidad de una amnistía a favor de todos aquellos que delinquieron contra la democracia española”,

Añadió: “Se presentó (Sánchez) a las elecciones con un programa muy claro, la amnistía no cabe en la Constitución, y lo que estamos viendo es un fraude electoral reincidente, un fraude electoral agravado, que es mentir sobre la mentira. Es evidente que estamos ante un fraude electoral, a un ataque a la democracia española y un ataque a la división de poderes que procese la constitución”.

Y aseguró que el Sánchez que abre la puerta a la amnistía, no es el mismo de la campaña electoral.

Pero no sólo el PP y Vox son contrarios a Sánchez, sino la vieja guardia del PSOE, encabezados por el expresidente Felipe González y su exvicepresidente Alfonso Guerra, la pareja política más poderosa en los años ochenta, tienen una evidente disputa desde hace mucho tiempo con el presidente en funciones.

Y el tema de la amnistía los volvió a unir, en la presentación de un libro luego de años de no reunirse. Alfonso Guerra consideró que con la amnistía “se pretende borrar un pasado democrático”, ya que es una medida que se debe usar sólo del paso de una dictadura a un período democrático. “La amnistía significa la humillación deliberada de la generación de la Transición”, aseguró.

Felipe González consideró que “no podemos dejarnos chantajear por nadie y mucho menos por minorías en vías de extinción”, dejando abierta la opción a que los diputados socialistas voten contra esa iniciativa.

Entre los juristas hay muchos que argumentan que no lo permite la Constitución, aunque Javier Pérez Royo, catedrático de derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, escribió en Eldiario.es que “no hay ni un solo precepto de la Constitución que excepcione la potestad de las Cortes Generales para aprobar una amnistía”.

En su opinión, la ley prohíbe al ejecutivo la potestad de dictar indultos generales, pero no hace referencia a la “potestad legislativa de las propias Cortes Generales para aprobar una ley de amnistía”.

El fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, también escribió un artículo en el que asegura que “ERC y Junts se enfrentan a un dilema y asumen una responsabilidad histórica. La democracia es un valor prioritario y necesario para conseguir una amnistía y llegar a un hipotético referéndum de independencia consensuado que deben reconocer que presenta dificultades constitucionales y problemas de permanencia e inserción en la Unión Europea”.

Recuerda que el gobierno de coalición anterior de Pedro Sánchez aprobó leyes, algunas con los votos de los dos partidos catalanes, que han mejorado los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas que viven en Cataluña, sean independientes, catalanistas o españolistas.

Sostiene: “Condicionar el voto a la investidura exigiendo una previa ley de amnistía alimenta la cerrazón mental y política de los que se refugian en la metáfora imposible de la ruptura de España como único argumento para mantenerse en la confrontación y demonizar el diálogo y la convivencia”.