MADRID.— La Fiscalía española pidió investigar los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, pero también hacerlo a fondo con el encubrimiento en el seno de la Iglesia, por considerarlo “una realidad criminal de incuestionable gravedad”.

Así lo plantea la última memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2022, publicada este jueves, en la que se conmina a los fiscales territoriales que se valore “la extensión de la acusación a las posibles conductas encubridoras por parte de representantes de las instituciones religiosas, que han podido llevarse a cabo previamente a la denuncia”.

“La Fiscalía General del Estado ha asumido el compromiso institucional de ofrecer una respuesta a las víctimas de una realidad criminal de incuestionable gravedad”, y prosigue, “a través del seguimiento, estudio y coordinación de estos delitos, a la vista de su trascendencia social y del número de personas especialmente vulnerables afectadas por los mismos”, expresa la institución.

La Memoria 2022 de la Fiscalía española consta de 147 investigaciones abiertas tanto en fiscalías como en juzgados encaminadas a esclarecer delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores de edad en congregaciones, colegios o instituciones religiosas.

Estos casos abiertos parten de una recopilación trimestral de datos de las fiscalías superiores en todo el territorio español, que se inició en febrero de 2022, cuando el tema se colocó en el foco con una serie de reportajes publicados por el diario El País, producto de una recopilación y comprobación de largo aliento de abusos sexuales cometidos en el seno de la iglesia.

Los datos, sin embargo, son “muy parciales”, por la dificultad de detectar estos procedimientos al no existir un registro específico para estos supuestos en las aplicaciones informáticas de los juzgados.

La mayor parte de los testimonios son de procedimientos que tuvieron su origen en 2021 y 2022 y solo puntualmente se remitieron de años anteriores.

Resalta que hay muchos de estos delitos que no llegan a la justicia ordinaria porque se instruyen en procesos eclesiásticos o porque no llegan a ser denunciados.

De las 147 investigaciones, 61 están abiertas en fiscalías territoriales y 86 en juzgados. Y, de ellas, apenas unas sesenta se abrieron antes de 2021. Los hechos que son objeto de pesquisas, en el 67% tuvieron lugar con posterioridad al año 2000 y el 33 con anterioridad a 1990.

Asimismo, se registran 20 sentencias remitidas de procedimientos judiciales finalizados, 19 de las cuales fueron condenatorias. Solo una fue revocada.

Entre los motivos de archivo de las investigaciones, el 37% fue porque la responsabilidad se había extinguido porque el delito había prescrito o porque el autor había fallecido.

En la memoria se resalta que la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia consiguió salvar el escollo de los plazos de prescripción, que se estaba presentando en las denuncias y el enjuiciamiento de la pederastia, porque esta norma aumenta el plazo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra menores.

Desde su entrada en vigor, el tiempo que tiene la víctima para denunciar empieza a contar a partir de que cumple 35 años. Antes ese plazo estaba fijado en la mayoría de edad.

La memoria fue presentada por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en el evento de apertura del Año Judicial, que encabeza el rey Felipe VI.