Madrid (Proceso).— Este lunes 28 el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, iniciará oficialmente los contactos con las distintas fuerzas políticas para buscar los apoyos suficientes en las Cortes españolas (Congreso de los Diputados y Senado) para lograr la investidura como presidente del gobierno, en las sesiones del 26 y 27 de septiembre, y que desde ya se ve como una “investidura fallida”, según los opositores y la opinión pública.

Tras el encargo que le hizo el rey Felipe VI, el martes 22, el objetivo de Feijóo es sumar cuatro diputados a los 172 que hasta ahora tiene asegurados, para conseguir la mayoría absoluta (176 de 350 votos parlamentarios), que le permitiría la investidura para llegar a La Moncloa, y tener los apoyos legislativos para un Ejecutivo estable. El jefe de Estado le hizo el encargo, por ser el candidato que obtuvo mayor número de escaños (152 del PP)

Ese es el propósito y esas son las aritméticas del sistema político español, una monarquía parlamentaria que, como otros sistemas europeos, tiene la llave de la gobernabilidad en los pacto, los acuerdos políticos, de gobierno o de investidura.

Eso de cara a la gradería pública. En los hechos, con absoluta discreción, tanto el PP como el equipo del socialista Pedro Sánchez (que en las consultas también trasladó al rey Felipe VI estar en posibilidades de formar gobierno) ya iniciaron la negociación con el resto de partidos, ya se barajan exigencias, condiciones, alternativas, opciones para amarrar acuerdos que garanticen los votos para dicha mayoría.

Lo que es un hecho, es que tanto Núñez Feijóo como Pedro Sánchez dependen de Junts, el partido independentista catalán antes conocido como Convergencia, que lidera Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat. Los siete votos de esta formación en el Congreso, son decisivos para cualquiera de las dos alternativas. Una abstención de Junts o sus votos a favor decidirán si hay o no nuevo presidente de España, y quién es.

De prófugo a prócer

Como un capricho de la democracia, ha habido largos períodos desde octubre de 2017 que Puigdemont decidió abandonar Cataluña para instalarse en Waterloo (Bélgica), que ha sido menospreciado y vilipendiado, incluso por partidos allegados.

La paradoja es que el PP dependa de Puigdemont y de los suyos, luego de seis años de llamarlos “golpistas”, “prófugos de la justicia”, y acusarlos de ser “los que quieren romper España” por promover el referéndum de independencia de Cataluña, del 1 de octubre de 2017. Vox, el partido ultra, y socio del PP, también se ha montado a esa narrativa desde el inicio.

A preguntas de Proceso, desde el entorno del presidente catalán son críticos no sólo con el PP, sino con el gobierno de Pedro Sánchez, a quien señalan también de “jugar sucio en muchas ocasiones”, por ejemplo, con el espionaje que desde las entrañas del Estado español sufrieron varias decenas de dirigentes y cercanos a los líderes independentistas catalanes.

Pero se dicen dispuestos a negociar con todos y a poner sobre la mesa sus propuestas.

Núñez Feijóo solo necesitaría la abstención de Junts, por eso los de Puigdemont no han hecho expresiones públicas a favor ni de aquel ni de Sánchez. Sin embargo, la fotografía periodística del encuentro de los negociadores del PP y de Junts, podría ser la más periodística.

Hasta ahora, a Feijóo se le han cerrado muchas puertas por su dependencia a los 33 votos de Vox (que sumaría a los 136 “populares”), un voto de Coalición Canaria y otro de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Casi toda la prensa española y las tertulias políticas dan por hecho que, salvo sorpresa, el 26 y 27 de septiembre Núñez Feijóo acudirá a una investidura fallida, porque los partidos que están enfrente, en el llamado “bando progresista” hacen mayoría de votos (178 diputados). Aunque éstos aún no hayan alcanzado acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez.

Según ese escenario Feijóo tiene 172 votos favorables (“síes”) y 178 en contra (“noes”). Y Sánchez --que intentaría formar gobierno tras el presunto fracaso del político conservador-- tendría hasta ahora 178 potenciales votos a favor y 172 en contra.

Sánchez contaría con los 122 votos socialistas; 31 de Sumar; más los 6 escaños de EH-Bildu; 5 de PNV; 7 de ERC, 1 de los socialistas gallegos de BNG y, eventualmente, los 7 de PNV.

En este escenario tan cerrado, los políticos pueden sorprender haciendo declaraciones contrapuestas a las posturas que han venido abrazando, como sucedió con Esteban González Pons, miembro de la dirigencia de Feijóo, quien para suavizar su relación con Junts, antes Convergencia, declaró:

“Junts es un grupo parlamentario que más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fuera, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”, limpiando la cara del partido catalán al que tantos epítetos han lanzado, como “golpistas” y “prófugos”.

A la par, el PP no cierra otras puertas de negociación. A través de Borja Semper, el portavoz de la dirigencia nacional del PP, Feijóo se aferra a intentar un cambio de postura de los cinco legisladores del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que han definido que no apoyará un gobierno del PP donde esté la ultraderecha. Le vamos a reservar “un papel relevante” en la gobernabilidad del país. “Vamos a hacer una propuesta solvente que reconduzca la política al interés general y no al partidista”, dijo Semper.

La dirigencia del PNV ha dicho que acudirá a la cita con el PP, para “conocer” a Feijóo, pero su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, anunció en un video difundido por su equipo que “en una investidura de la mano de Vox no vamos a participar”, echando por tierra una ensoñación de Feijóo.

“Las posiciones están fijadas por prácticamente todos los partidos, por no decir todo. Nos espera un mes en el que habrá mucha especulación, mucho marketing, pero en el que no creo que haya sorpresas”, añadió.

En las consultas con el rey Felipe VI, Santiago Abascal, dirigente de Vox, le anunció que su partido apoyará una investidura de Feijóo. Y, desde el partido ultra –que también ha lanzado duras acusaciones contra Puigdemont—declararon que están a la espera, y “no le vamos a decir al PP con quién debe o no hablar”.

Borja Semper lanzó un llamamiento a diputados socialistas que puedan apoyar la investidura de Feijóo y a todos los políticos con “vocación de Estado”, lo que sería la mejor opción para que haya “más grandeza y menos política partidista”.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y negociadora de Sánchez, ha pedido al PP dejar de hacer “llamamientos al transfuguismo” de los diputados socialistas después de las declaraciones de Semper. “Hay que estar desesperado para hacer un llamamiento a los diputados del PSOE”, dijo Montero en entrevista en la televisión pública.

Puigdemont: Hecho comprobables

Mientras tanto, Puigdemont –que tiene las riendas de las negociaciones— también ha lanzado varios mensajes políticos, por ejemplo, exigiendo a Sánchez “hechos comprobables”, es decir, saber que el presidente en funciones se va a tomar en serio una negociación con Junts.

El primer punto acordado fue la Mesa Directiva del Congreso, en que el PSOE pudo elegir a Francina Armengol como presidenta. A cambio, los socialistas movieron ficha para que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en los organismos europeos y nacionales.

El 21 de agosto, Puigdemont deslizó otro mensaje político en su visita a Prada de Conflent, sur de Francia, junto con otros expresidents catalanes, para participar en un acto de homenaje al músico Pau Casals. Ahí dijo que no busca “salidas personales” y llamó a “pensar en el país” catalán en la negociación para la investidura.

Tanto socialistas como populares saben que la situación judicial de Puigdemont tiene que entrar a “la ecuación” de cualquier pacto con Junts, pero él se arriesga a dejar de lado ese punto, porque hasta ahora la justicia española no ha sido capaz de llevarlo a la prisión por las acusaciones en su contra por el referéndum de 2017. Pero nadie quiere ceder a que el caso de Puigdemont entre en la negociación, aunque él hable de sacrificio.

Hasta ahora, Junts se ha instalado en el silencio, pero son conscientes de que Sánchez puede tener mayor margen de maniobra que el PP a la hora de hacer concesiones en su agenda política. Pero no cierran ninguna puerta para escuchar ofertas de donde vengan, incluso si esta viene del PP.

Como ni Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ni Junts cumplían con los requisitos para formar sus propios grupos parlamentarios, negociaron para que el PSOE ceda cuatro diputados a Junts; y Sumar, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ceda dos a ERC.

Otro aspecto que se negocia es la posibilidad de un encaje jurídico que permita una Ley de Amnistía para todos los encauzados por el referéndum de Cataluña, que incluye no solo a los dirigentes, sino ciudadanos, alcaldes y otras autoridades.

En el entorno de la negociación se prevé que en la mesa se ponga a discusión un paquete de inversión notable para Cataluña proveniente de los fondos europeos que están recibiendo España, igual que el resto de países comunitarios, para hacer frente a los efectos de la pandemia del coronavirus. Se habla de una posible inversión de 40 mil millones de euros. Eso sería un enorme balón de oxígeno si se considera que el presupuesto de la Generalitat de Cataluña ronda los 60 mil millones.

Los políticos de Junts, ex de Convergencia, ya han puesto sobre la mesa la necesidad de discutir el tema de la autodeterminación; es decir, un nuevo referéndum o analizar el encaje con el celebrado en 2017.

Tienen claro que no quieren ningún acuerdo que pase por la vía de reformas a la Constitución Política española, sino sólo por modificación de leyes secundarias, es decir, explican, “todo dentro de la ley, no se está exponiendo nada que pueda vulnerar la legalidad”. Incluso, desde el entorno posconvergente creen que alcanzar estos acuerdos podría suponer la “segunda transición en España”, por el nivel de acuerdos políticos estructurales a los que se podría llegar.

Puigdemont y Junts tienen claro que cualquier resultado de estas negociaciones, tendrán un efecto directo en el resultado de las elecciones catalanas de 2025. ERC, entendiendo la misma lógica, también está haciendo su propia jugada.

Pero ¿hasta dónde apretar? Si Feijóo no cede a las exigencias de Junts –lo que muchos ven inevitable… pero no todos—, el 27 de septiembre viviría una investidura fallida.

 Si fracasa la investidura de Feijóo, la previsión es que el rey vuelva a realizar una segunda ronda de consultas, en las que Sánchez podrá presentarse a la investidura y articular una mayoría.

 El calendario oficial marca que, si en un plazo de dos meses Sánchez no consigue los apoyos suficientes, el 27 de noviembre se disolverían las Cámaras y se pondrá en marcha el calendario para una repetición electoral para celebrar nuevas elecciones el 14 de enero de 2024.