GINEBRA (apro).- . La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos expresó su creciente preocupación pues el régimen de los Ortega-Murillo está utilizando el sistema de justicia para silenciar las voces críticas y disidentes en Nicaragua en donde al menos 63 personas fueron detenidas solo en el mes de mayo.

Nos preocupa cada vez más que las autoridades de Nicaragua estén silenciando activamente cualquier voz crítica o disidente en el país y estén utilizando el sistema de justicia para este fin’’, dijo Marta Hurtado, portavoz del ACNUDH en rueda de prensa en Ginebra.

Según informes del ACNUDH en el mes de mayo 63 personas fueron detenidas arbitrariamente en todo el país. En una sola noche, 55 personas fueron acusadas de “conspiración para socavar la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”, cargos que al parecer utiliza el Gobierno para silenciar a sus críticos.

La vocera reveló que, durante sus audiencias de custodia, “ninguno de los 55 acusados tenía un abogado de su elección y en su lugar fueron representados por un defensor público que se les impuso. Entre los detenidos se encontraban defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia Católica’’.

Esta semana, agregó, tres monjas extranjeras fueron expulsadas de Nicaragua y otras tres monjas fueron impedidas de salir de su convento. Entre el 21 y el 23 de mayo, cuatro sacerdotes y cuatro empleados de la iglesia fueron arrestados y detenidos. Tres de ellos están bajo arresto domiciliario y uno está en la cárcel.

En este contexto la representante del ACNUDH reveló que el obispo Rolando Álvarez, quien cumple una condena de 26 años por “atentado contra la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”, se encuentra actualmente en “La Modelo”, una prisión en Tipitapa, cerca de Managua, y no se le permite ninguna visita desde el 25 de marzo.

“La oficina ha recibido información de que su celda de la prisión tiene higiene y saneamiento inadecuados y no tiene luz natural, y que no se le permite salir, condiciones que violan las normas y estándares internacionales de derechos humanos’’, lamentó.

“Al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia Católica de Nicaragua han tenido sus cuentas bancarias congeladas por presunto lavado de dinero. El Gobierno ha acusado a la Iglesia de ser una organización criminal que apoya lo que denomina "terrorismo" y la desestabilización del país’’, afirmó.

Los días 9 y 11 de mayo, la Corte Suprema dictaminó que 26 abogados y notarios críticos con el Gobierno, incluidos algunos de los defensores de los derechos humanos más destacados del país, ya no podían ejercer la abogacía en el país. Veinticinco fueron despojados de su nacionalidad en febrero, junto con otras 292 personas. Las autoridades han confiscado algunos de sus bienes y propiedades, detalló Hurtado.

Según ACNUDH más de 3200 organizaciones han visto cancelada su personería jurídica desde finales de junio de 2022. Los medios de comunicación también se han visto obligados a cerrar.

En este contexto, Proceso cuestionó al ACNUDH con respecto a la expropiación de los bienes de la Cruz Roja orquestada por los Ortega-Murillo conforme a una ley aprobada por legisladores afines al régimen en la que establece que “todo el Patrimonio, bienes y acciones que a la fecha pertenezcan a la Asociación Nacional llamada Cruz Roja Nicaragüense pasarán a ser propiedad del Estado, y serán administrados por la Cruz Roja Nicaragüense, ente descentralizado adscrito al Ministerio de Salud. Además, el régimen de Ortega utilizará el símbolo de la Cruz Roja, algo que está prohibido por las Convenciones de Ginebra.

Al respecto Hurtado remarcó que este acto arbitrario se suma a la represión de más de 3200 organizaciones y a la ola represiva del régimen: “Hacemos un llamado a las autoridades para que detengan la represión de la disidencia; liberar inmediatamente a todos los detenidos arbitrariamente; y restaurar el estatus legal de todas las organizaciones y medios de comunicación que han sido clausurados arbitrariamente desde 2018.

“También instamos al Gobierno a abordar la crisis actual a través del diálogo, la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y reformas institucionales y legislativas para restaurar el estado de derecho’’, urgió.

Finalmente, el ACNUDH pidió al gobierno de Daniel Ortega a que conceda la entrada al país del personal de su oficina, pues “dar acceso a nuestro personal sería un paso importante hacia una mejor cooperación con el sistema de la ONU’’.

Denuncia duras sentencias contra menores en El Salvador

Por otra parte, Hurtado se refirió a la situación en El Salvador en donde la reiterada prórroga del estado de emergencia que rige desde marzo de 2022 es seriamente preocupante, especialmente dadas las desafortunadas consecuencias para el goce de derechos humanos en el país.

Reconocemos el complejo desafío que enfrenta El Salvador para enfrentar la criminalidad, así como el grave sufrimiento que infligen las pandillas del país, que durante décadas han asesinado, violado, robado y extorsionado a la población.

Sin embargo, “debilitar el estado de derecho y la integridad del sistema legal mediante la derogación del derecho a un juicio justo no es la respuesta.

Al menos 68 mil personas han sido encarceladas en El Salvador desde que entró en vigor el estado de emergencia. De estos, al menos mil 600 personas son menores de 18 años’’.

Según un informe reciente de la prestigiada ONG Cristosal, al menos 153 reclusos han muerto en prisión desde que se implementó el estado de emergencia, casi la mitad de ellos de manera violenta.

Además, los grupos de la sociedad civil que trabajan en derechos humanos y los medios de comunicación continúan enfrentando riesgos y ataques. En 2022, las organizaciones de la sociedad civil documentaron 182 incidentes de ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas. El 14 de abril de este año, El Faro, un medio de comunicación en línea, anunció el traslado de su personal de El Salvador a Costa Rica, citando las campañas de intimidación y difamación que enfrentaban debido a su trabajo.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que levanten el estado de emergencia y revisen las medidas que han introducido. También hacemos un llamado a las autoridades para que investiguen de inmediato todas las muertes bajo custodia de acuerdo con los estándares internacionales, para que los responsables rindan cuentas y garantice justicia y reparación para las familias de las víctimas’’, remató.