GINEBRA (apro).—Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta del país, son responsables de crímenes de lesa humanidad perpetrados contra los opositores al régimen y todo aquel que disiente o expresa su crítica contra el gobierno, afirma en un nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua ( “GHREN”, por sus siglas en inglés).

"El GHREN tiene motivos razonables para creer que los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en el marco de una política discriminatoria, instrumentada de manera intencional desde las más altas esferas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra parte de la población de Nicaragua, por motivos políticos, constituyendo prima facie, el crimen de lesa humanidad de persecución", afirman los expertos de la ONU.

"Tiene motivos razonables para creer que desde abril de 2018 y hasta el momento de cierre de este informe, en la República de Nicaragua existe un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una parte de la población nicaragüense", remarca el informe dado a conocer en rueda de prensa en Ginebra en la que participaron los miembros del Grupo Jan Simon, presidente, Alexandro Álvarez y Ángela María Buitrago

 El GHREN fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos por un periodo de un año, para que investigara todas las presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, a fin de contribuir a la rendición de cuentas y a el acceso a la justicia para las víctimas.

Crímenes de lesa humanidad

El grupo concluyó que el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, agentes, funcionarios y funcionarias de diversas agencias y estructuras de su gobierno, y actores no estatales han realizado, y siguen realizando a la fecha de redacción de este informe, graves y sistemáticas violaciones y abusos de los derechos humanos en contra de un sector de la población nicaragüense, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos, o degradantes, privación arbitraria de la nacionalidad, y violaciones al derecho a permanecer en el propio país, así como violaciones al derecho a participar en los asuntos públicos y a las libertades de expresión, opinión, asociación, reunión, conciencia y religión.

Concluyó que dichas violaciones y abusos, como actos prohibidos, "constituyen un ataque sistemático y generalizado contra una población civil, a través de una política discriminatoria que comprende la comisión de violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional, y que, además de haber resultado en la destrucción del espacio cívico y democrático en Nicaragua, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad".

Agrega que "tiene motivos razonables para creer que desde abril de 2018 y hasta el momento de cierre de este informe, en la República de Nicaragua existe un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una parte de la población nicaragüense. Dicho ataque fue implementado a través de diversos medios y métodos prohibidos o inhumanos que se han ido desarrollando, implementando y complementado a lo largo del tiempo. Este ataque, lejos de haber cesado, continúa perpetuándose".

También concluyó que las violaciones, abusos y crímenes documentados en este informe fueron cometidos intencionalmente como parte de este ataque, y que los autores materiales e intelectuales tuvieron conocimiento del ataque y de que sus actos formaron parte de éste. 110. Lo anterior corresponde a los elementos que constituyen el marco de la prohibición internacional y del tipo internacional penal de crímenes de lesa humanidad. Entre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, se encuentran: "el asesinato, la encarcelación, la tortura, la deportación forzosa, y las violaciones y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable".

Piden emprender acciones legales

El grupo recomienda a la comunidad internacional “iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones, abusos y crímenes documentados, de conformidad con su legislación interna".

Asimismo “ampliar las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes en el derecho internacional. c) En la negociación de proyectos de cooperación al desarrollo e inversión en Nicaragua, los Gobiernos y organismos multilaterales deberían incluir garantías de derechos humanos y priorizar las acciones orientadas a mejorar la situación en Nicaragua’’.