Nicaragua
Régimen de Daniel Ortega: “Exilio, cárcel o muerte”, las opciones para periodistas
La periodista nicaragüense exiliada en Costa Rica, Abigaíl Hernández, resume con contundencia las opciones que se tienen para ejercer el oficio en su país: “Exilio, cárcel o muerte”. La comunicadora acudió a Ginebra para exponer ante el ACNUDH la situación de la prensa en Nicaragua.
La periodista nicaragüense –exiliada en Costa Rica– Abigaíl Hernández resume con contundencia las opciones que se tienen para ejercer el oficio en su país: “Exilio, cárcel o muerte”. La comunicadora acudió a Ginebra para exponer ante el ACNUDH –instancia que emitió un informe demoledor sobre la nación centroamericana– la situación de la prensa en Nicaragua, donde a la asfixia económica a los medios, el régimen de Daniel Ortega impuso un nuevo patrón contra los periodistas: “Golpe y palo”.
GINEBRA (Proceso).– La nicaragüense Abigaíl Hernández, directora del diario digital Galería News –que maneja desde el exilio en Costa Rica–, narra a Proceso el sinuoso camino que ella y otros periodistas críticos han tenido que recorrer debido a la represión ejercida por el régimen de Daniel Ortega.
Hernández también es miembro de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, que nació a finales de 2018 como producto de la ola represiva del régimen contra la prensa y los activistas. Cuenta que en 2021 salió de su país sólo con una pequeña mochila en la mano: “Y ya no pude regresar porque había una investigación abierta en mi contra. Cuando esto te pasa, hay una gran posibilidad de que puedas ser detenida”.
“Ejercer el periodismo en Nicaragua te ubica con tres elecciones: el exilio, la cárcel o la muerte”, lanzó Abigaíl en la sesión del Consejo de Derechos Humanos que se lleva a cabo en Ginebra.
De 2019 a la fecha la Comisión Ejecutiva ha documentado más de 2 mil 500 agresiones contra periodistas y comunicadores, entre robo de equipos, golpes, amenazas de muerte, confiscación de medios de comunicación, espionaje, vigilancia, secuestros exprés, detenciones arbitrarias, encarcelamientos y asesinatos.
Incluso en 2018 Ángel Gaona fue asesinado de un tiro en la cabeza cuando cubría las protestas de ese año contra el gobierno de Ortega; hasta hoy ese delito sigue impune y el Estado sigue sin explicar qué pasó.
“En el caso de las mujeres periodistas, enfrentamos todo lo que te acabo de mencionar más violencia sexual y amenazas de tipo sexual contra nuestras hijas e hijos”, deplora.
Recuerda que las agresiones contra la prensa independiente comenzaron desde 2008 mediante una asfixia económica: “2018 sólo estableció un nuevo patrón: golpe y palo.
“En otros países de la región nuestros colegas todavía pueden tener acceso a la justicia, contar con un abogado que los defienda y llevar un proceso judicial; en Nicaragua nos arrebataron ese derecho y nos tenemos que enfrentar todos los días a un Estado que es enemigo de la prensa independiente y crítica”, añade.
“El principal brazo opresor del gobierno es la policía nacional, son ellos quienes roban equipo, amenazan, vigilan, acosan, confiscan y, junto con el Instituto de Comunicaciones y Correos, son los que se encargan de cancelar a los medios las licencias de transmisión.”
Por su parte, “la Corte Suprema de Justicia se encarga de excluirte del sistema jurídico y permite que se les inventen casos a periodistas sin que tengan acceso a defensa o a juicio justos”, explica.
“Cuando te enfrentas al Estado pierdes todas las esperanzas de justicia, por eso decimos que Nicaragua es el país más peligroso para ejercer el periodismo en la región centroamericana”, lamenta.
Además, la Dirección General de Migración y Extranjería se suma ahora con un nuevo patrón contra la prensa, activistas, defensores y opositores, “porque no nos están permitiendo la renovación de pasaportes; tenemos casos documentados de confiscación de pasaportes para periodistas, no les renuevan credenciales de identidad, tampoco se les permite a sus hijos que tengan pasaporte o en algunos casos partidas de nacimiento, lo que te condena a estar en el exilio y te convierte en apátrida”.
“Sin documentos no existís”, se queja Hernández, quien detalla que desde 2018 se han exiliado 150 periodistas y en la última semana salieron 23 debido a una nueva serie de allanamientos.
Respecto al informe elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y presentado al Consejo, considera que “apenas hasta ahora se está logrando visibilizar lo que nos está pasando”.
Remarca que la comunidad internacional debe saber que detrás de la represión “hay historias de mujeres y hombres reales que todos los días luchamos en Nicaragua por estar libres y por estar vivos y por poder ejercer el derecho a la libertad de expresión y preservar el periodismo crítico que en cualquier momento puede desaparecer.
“Nosotros somos un ejemplo de lo que puede pasar en otros países, como México”, alerta y remarca que cuando se pierden todos los canales, la ciudadanía no pierde medios de comunicación, los sustituye con otros, “lo grave es que la ciudadanía está perdiendo su derecho a la libertad de pensamiento, lo que es mucho más duro aún pues estás condenando a tus hijas e hijos a la esclavitud”.
Por eso reitera la importancia de rescatar al periodismo crítico e independiente y seguir haciendo el trabajo que “es a lo que le teme la dictadura”. A su modo de ver, las reporteras y reporteros “somos los más fuertes del gremio periodístico. Aguantás sol, frío, lluvia, hambre, espera, horas y horas ahí, y siempre al final de la tarde salís con un trabajo en la mano y por eso después de tantos años de agresión, aquí estamos”.
–¿Cuál es el futuro, qué sigue para?ustedes?
–La resistencia –responde Hernández–; nosotros llevamos más de una década resistiendo, es lo único que nos queda.
Deterioro de Derechos Humanos
La Oficina del Alto Comisionado presentó al Consejo de Derechos Humanos una actualización sobre la situación en el país en 2022, el cual constata un grave deterioro de la situación de los derechos humanos, en particular los derechos civiles y políticos, en un contexto caracterizado por la ausencia de diálogo, profundización de la crisis política y aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional.
En abril y mayo de 2022 el ACNUDH solicitó información al gobierno de Nicaragua sobre la implementación de las 396 recomendaciones realizadas en pasados informes, sin obtener respuesta.
“Al momento de redactar este informe (02/09/22), 180 personas detenidas en el marco de la crisis (18 mujeres y 162 hombres) continuaban privadas de libertad, entre ellas quienes fueron detenidas en el contexto electoral entre mayo y noviembre de 2021. Cincuenta de ellas (11 mujeres y 39 hombres) fueron juzgadas en primera instancia entre enero y mayo de 2022 bajo cargos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas, lavado de activos y delitos conexos”, cita el informe.
Detalla que “sus juicios se celebraron a puerta cerrada, sin presencia de público, la mayoría en un centro de detención policial –y no en los tribunales de justicia–, no se permitió a los abogados defensores revisar los expedientes ni reunirse con sus clientes más que breves minutos antes de las audiencias y sin la debida privacidad. Todas las personas acusadas fueron declaradas culpables y condenadas a penas de prisión de hasta 13 años e inhabilitación para ejercer cargos públicos”.
Acusa que “a pesar de haber sido sentenciadas, 28 de estas personas permanecerían en la Dirección de Auxilio Judicial Evaristo Vásquez (DAJ), centro de detención policial en el que no corresponde recluir a personas sentenciadas. Se continúan reportando las mismas condiciones inhumanas de detención referidas en el informe anterior lo que pondría en peligro su salud física y mental”.
Además, a los presos políticos se les habría impedido recibir visitas de sus hijos e hijas menores, lo que habría motivado que al menos dos detenidos realicen una huelga de hambre. El pasado 2 de julio, luego que la esposa y organizaciones de la sociedad civil denunciaran públicamente las inhumanas condiciones de detención de Félix Maradiaga y las demás personas detenidas, medios oficialistas divulgaron imágenes en las que se aprecia el notorio deterioro físico de Maradiaga.
Además, la muerte de Hugo Torres el pasado 12 de febrero, que habría sido trasladado de la DAJ a un centro médico policial debido a una seria enfermedad, habría llevado al Estado a otorgar el beneficio de la detención domiciliaria a 12 personas con afecciones a su salud o por edad avanzada. “Es urgente que se autorice el traslado a hospitales de todas las personas detenidas que requieren atención médica especializada”, señala el ACNUDH.
Por otra parte, el conflicto por la tierra en territorios de los pueblos indígenas sigue generando episodios de violencia en la Costa Atlántica y se amenaza la integridad de sus miembros. El pasado 13 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de las comunidades musawas, suniwas y wilú del territorio Mayangna Sauni As debido a la violencia armada de terceros.
“El saneamiento de tierras sigue pendiente –como en otros casos–, a pesar de que el título de propiedad colectiva les fue entregado en 2005”, denuncia el ACNUDH.
Según el documento, el Estado de Nicaragua ha continuado restringiendo el espacio cívico, con especial afectación de los derechos a la libertad de asociación y de expresión. En lo que va del año, “canceló la personalidad jurídica de mil 112 organizaciones de derechos humanos, de desarrollo, asociaciones profesionales, incluyendo médicas, entidades vinculadas con la Iglesia católica y otras, sumando al menos mil 178 desde 2018.
“Las cancelaciones han alcanzado también a 12 universidades, afectando el derecho a la educación. Éste además se vio impactado por otras medidas de restricción a la autonomía universitaria y a la libertad de cátedra con la reforma de la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior. La reforma somete la aprobación de los programas académicos de todas las universidades a la potestad de un órgano central”, refiere.
En abril de 2022 la Asamblea Nacional aprobó la Ley 1115. Cinco relatores especiales de la ONU observaron que la nueva ley no estaría en línea con estándares internacionales de derechos humanos por, entre otros aspectos, prohibir las actividades políticas de las organizaciones y someter toda su actividad a la autorización previa del gobierno. El ACNUDH también manifestó sus preocupaciones respecto a esta ley, que, desde su entrada en vigor el 6 de mayo de 2022, también ha sido aplicada en la cancelación de organizaciones.
Contra la libertad de expresión
La libertad de expresión también siguió sufriendo embates. Nicaragua cayó 23 puntos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, pasando de la categoría “difícil” a “muy grave”, ocupando el lugar 160 entre 180 países. En marzo, el gerente general de La Prensa, detenido en el contexto electoral de 2021, fue sentenciado a nueve años de prisión por lavado de activos atribuidos al periódico. En julio, personal de ese diario abandonó el país alegando el constante asedio en su contra.
Además, “tres periodistas fueron sentenciados hasta 13 años de prisión por los delitos de propagación de noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional. El gobierno también ha censurado a artistas musicales, impidiéndoles su ingreso a Nicaragua, o deteniéndolos y luego expulsándolos del país pese a ser nacionales nicaragüenses. Entre mayo y agosto las autoridades cesaron las operaciones de 12 medios radiofónicos y televisivos de la Iglesia católica, especialmente en Matagalpa, argumentando que no tenían permiso de funcionamiento”.
El ACNUDH continuó documentando “actos de hostigamiento, especialmente contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, clérigos, opositores políticos o personas consideradas como tales, que han consistido principalmente en presencia policial constante e intimidatoria frente a sus domicilios o lugares de trabajo, afectando su privacidad y sus actividades, seguimientos permanentes, detención selectiva de vehículos, fotografiar y requerir documentos a sus ocupantes, y en cercar las calles de acceso a las instalaciones de organizaciones consideradas críticas del gobierno.”
Funcionarios y ciudadanos afines al Frente Sandinista de Liberación Nacional también habrían participado en esos actos de hostigamiento, intimidando a otras personas por supuestamente utilizar las redes sociales contra el régimen de Ortega.
El 1 de agosto, los actos de hostigamiento contra un sacerdote católico escalaron a hechos violentos cuando la policía pretendió incautar los equipos de un medio de comunicación de la Iglesia que transmitía desde la parroquia Jesús de la Divina Misericordia, en Sébaco, Matagalpa.
El informe observa que decenas de policías y antimotines incursionaron violentamente en las instalaciones, ocasionando destrozos. El párroco y otras seis personas permanecieron retenidos en la casa cural, desde donde el sacerdote pidió auxilio por las redes sociales. Decenas de personas acudieron al llamado.
Según los videos difundidos, la policía hizo uso de la fuerza, disparó munición y gases lacrimógenos. Un ciudadano habría sufrido una seria lesión ocular y otros habrían sido golpeados. Las siete personas permanecieron cercadas en la casa cural tres días, sin acceso a alimentos y con la electricidad cortada.
Al menos otros dos sacerdotes católicos fueron hostigados en mayo, detalla el informe de la ONU. Uno de ellos, el obispo de Matagalpa, de cuya diócesis dependía la mayoría de los medios de comunicación clausurados, inició una huelga de hambre en demanda de que el gobierno cesara el acoso en su contra y en contra de su círculo familiar.
El 4 de agosto decenas de policías cercaron la Curia Arzobispal en Matagalpa, impidiendo la circulación de toda persona y que el obispo llegara a la catedral para oficiar una misa. El obispo, otros cinco sacerdotes y seis laicos permanecían retenidos y rodeados por decenas de agentes antimotines en la Curia Arzobispal al momento de redactar este informe (2 septiembre 2022), cita el documento.
El 5 de agosto, la policía informó que estaba iniciando una investigación penal contra el obispo por incitar al odio con el propósito de desestabilizar al Estado y atacar a las autoridades. También comunicó que las personas investigadas deberían permanecer en sus casas, y citó a declarar a quienes se habían apostado frente a la Curia Arzobispal para orar y distender la situación el día anterior.
Otras violaciones a los derechos de las personas percibidas como opositoras han consistido en privarlos de salir del país, mediante la retención de pasaportes por parte de funcionarios migratorios. En otros tres casos documentados por el ACNUDH, funcionarios consulares en el exterior exigieron a activistas exiliados que regresaran a Nicaragua para renovar sus pasaportes, por instrucción expresa de la capital.
Las restricciones del espacio cívico y la persecución a personas percibidas como opositoras, además del empeoramiento de la situación socioeconómica, han provocado un aumento en el número de personas que han salido de Nicaragua hacia Estados Unidos; se pasó de 5 mil 450 personas interceptadas en frontera en todo 2020 a 84 mil 55 en los seis primeros meses de 2022. El número de refugiados y solicitantes de asilo en Costa Rica había llegado a más de 150 mil personas en marzo de 2022.
