Bogotá, (Proceso).- Ecuador vive un estallido de violencia sin precedentes que quedó expuesto ante el mundo en la actual campaña electoral con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el 9 de agosto anterior, y con la ejecución, el pasado viernes 6, de siete sicarios –seis de ellos colombianos-- que habían participado en ese magnicidio y que estaban encarcelados.

Ese es el telón de fondo de las elecciones presidenciales que se realizarán este domingo en el país y que tendrán como contendientes a la izquierdista Luisa González y al empresario derechista Daniel Noboa. 

Las campañas de ambos han estado marcadas por sus posturas de rechazo frente a la sordidez mafiosa que registra Ecuador y que ha evidenciado hasta dónde llegan las complicidades de sectores del gobierno con el crimen organizado.

También se han referido al fracaso de la estrategia de guerra contra el narcotráfico del presidente Guillermo Lasso, un banquero derechista que, en medio de su impopularidad y de la crisis de violencia debió recurrir, en mayo pasado, dos años después de asumir el cargo, a una figura legal mediante la cual disolvió el Congreso, pero lo obligó a convocar a elecciones anticipadas.

Lasso siguió en su país el mismo modelo de seguridad que aplicó en México Felipe Calderón entre 2006 y 2012 –retórica de mano dura, participación directa de agencias de Estados Unidos en operativos antidroga, el discurso de la guerra-- y el resultado fue el mismo: el aumento exponencial de los homicidios, el fortalecimiento del narcotráfico y el ascenso de la corrupción.

El brazo de derecho de Calderón y secretario de Seguridad en su sexenio, Genaro García Luna, resultó ser un aliado del Cártel de Sinaloa y fue encontrado culpable de narcotráfico en Estados Unidos, mientras que en Ecuador, el embajador estadounidense en ese país, Michael Fitzpatrick, ha denunciado que hay "narcogenerales" enquistados en las fuerzas de seguridad del país.

De hecho, ante la indignación nacional por el asesinato –en dos penales-- de siete implicados en el magnicidio de Villavicencio, Lasso se vio orillado a cesar al director del sistema de prisiones, el coronel Luis Ordoñez, y al comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, aunque amplios sectores del país exigen a la politizada Fiscalía que los investigue.  

“Esta sucesión de hechos criminales es muy sospechosa y muy turbia porque deja en claro que se puso en marcha una operación para silenciar a los implicados en el asesinato de Villavicencio, que estaban bajo resguardo del Estado, en una cárcel, y el jefe de Estado es Lasso”, dice a Proceso la maestra en estudios latinoamericanos María Fernanda Zuluaga Gómez.

 De acuerdo con la especialista en asuntos regionales, el otro tema que queda al descubierto es “el grado de penetración que ha alcanzado el crimen organizado de Ecuador en las instituciones del Estado”, algo “muy similar” a lo que ha ocurrido en México desde el sexenio de Calderón, “como lo demuestra el caso García Luna”. 

El hecho es que Ecuador acudirá a las urnas este domingo para elegir al próximo presidente del país entre Luisa González, la candidata del exmandatario izquierdista Rafael Correa, y el joven derechista multimillonario Daniel Noboa.

El clima de zozobra e incertidumbre que ha marcado la contienda electoral se ha agudizado en los últimos días por cuenta de la Fiscalía, que a unos días de los comicios presidenciales cerró el periodo de instrucción de la investigación por el asesinato de Villavicencio y, según la oposición, filtró a allegados del asesinado candidato que un testigo vincula “al gobierno de Correa” (que finalizó hace siete años) con ese crimen.

Las generalizadas críticas a la Fiscalía, que fue acusada de pretender intervenir en el proceso electoral con ese testigo –un delincuente de poca monta--, han tenido un “efecto bumerang”, considera Zuluaga Gómez.

“La pretensión era dañar a González, la candidata de Correa, pero es una maniobra tan burda de la Fiscalía, que fue como un tiro en el pie y eso puede terminar por favorecer al correísmo”, asegura la maestra en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca.

Lo cierto es que hace dos semanas, las encuestas daban una ventaja de entre cinco y diez puntos porcentuales a Noboa, pero en los últimos días los sondeos, como los realizados por Telcodata y Negocios y Estrategias, dan un empate técnico entre los dos candidatos.

Contienda bajo fuego       

Los candidatos presidenciales finalistas, quienes fueron los más votados en la primera vuelta electoral del pasado 20 de agosto, han hecho campaña con chalecos antibalas y cascos de combate, y eludieron presentarse en espacios al aire libre. Los dos temen que los maten.

Por eso también evitaron referirse por su nombre a las bandas locales del narcotráfico asociadas a los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y a la mafia albanesa. No hablan ya de “Los Choneros”, “Los Tiguerones” o “Los Lobos”, las pandillas más poderosas de Ecuador, ni de los cárteles mexicanos. Hablan del “crimen organizado” o del “crimen trasnacional”.

Villavicencio habló de frente contra los cárteles mexicanos y contra las bandas locales asociadas a estos y fue asesinado por sicarios colombianos que luego aparecieron muertos en una cárcel.

Lo paradójico de la apuesta de Lasso es que su estrategia de guerra contra el narcotráfico dejará un país más violento del que encontró, con las bandas del narcotráfico más fortalecidas que nunca y con una sombra de duda sobre los organismos de seguridad encargados de combatir ese delito.

Desde que Lasso llegó al poder, en mayo de 2021, los homicidios se han disparado en 286% y llegaron a tasas nunca antes vistas en el país. En el primer semestre de 2021 ocurrieron 923 asesinatos, 5.1 al día en promedio, mientras que en el mismo lapso de este año se produjeron tres mil 568, 19.8 cada día.

Además, según el Observatorio Ciudadano de Violencia Política, entre enero de 2022 y febrero de este año 88 personas políticamente expuestas sufrieron ataques violentos y 30 de ellas fueron asesinadas.

Zuluaga Gómez dice que la situación que vive Ecuador es equiparable a la explosión de violencia que se registró en México en el sexenio de Calderón (2006-2012), quien, al igual que Lasso, le declaró la guerra al narcotráfico y, en vez de derrotar a los cárteles de las drogas, dejó un país bañado en sangre.

Durante el gobierno de Calderón, los homicidios en México se incrementaron en 148 por ciento, al pasar de 10 mil 452 en 2006, último año de gobierno de su antecesor, Vicente Fox, a 25 mil 967 en 2012.

“Calderón perdió la guerra –dice Zuluaga Gómez--, y reiteradamente ha quedado demostrado es que la guerra contra el narcotráfico ha sido un fracaso total porque no se atiende los frentes principales: la falta de educación, de salud, de trabajo y de conectividad digital. Si funcionara únicamente la ofensiva militar, el narcotráfico en Colombia se hubiera acabado con la muerte de Pablo Escobar, y no fue así”.

De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el sexenio de Calderón aumentó la pobreza en 1.3 puntos y cerró en 2012 en 44.4%, mientras que en Ecuador, con Lasso, ese indicador social se ha incrementado en dos puntos sólo en el último año.     

Retórica belicista

Zuluaga Gómez, cuya tesis de maestría en la Universidad de Salamanca fue sobre la presencia de los cárteles mexicanos en Colombia, señala que la guerra contra el narcotráfico tiene dos caras: en ocasiones, dice, distrae recursos que los países podrían destinar a desarrollo social, y en casos como el de Ecuador, esa estrategia es retórica, de discurso, porque se le han quitado fondos a la seguridad.

Pone como ejemplo el Plan Colombia, una estrategia contra la guerrilla de las FARC apoyada por Estados Unidos que costó 16 mil 940 millones de dólares entre 2000 y 2016, de los cuales los gobiernos colombianos aportaron 7 mil millones de dólares, el 41%. Ese plan fue exitoso para minar el poderío de esa insurgencia, pero el narcotráfico siguió creciendo.

En Ecuador, en cambio, el discurso de guerra de Lasso ha quedo en eso y no se ha traducido en el fortalecimiento del sector seguridad. El presidente ecuatoriano, un entusiasta partidario de las políticas de ajuste neoliberal, incluso redujo el presupuesto de seguridad, que pasó de tres mil 829 millones de dólares en 2021 a tres mil 570 millones de dólares este año, un 6.5% menos.

Los policías se quejan de que no tienen patrullas ni chalecos antibalas ni armamento equiparable al que usan los narcotraficantes, a quienes los cárteles mexicanos abastecen de fusiles automáticos.

La violencia, que antes se concentraba en las ciudades costeras por donde sale la droga, comienza a extenderse por todo el país. La noche del pasado 30 de agosto, un coche bomba estalló en Quito, la capital, frente a un edificio que albergaba las oficinas del Servicio Nacional de Personas Privadas de Libertad (Snai), la institución que administra las cárceles.

Horas después, otro auto con explosivos estalló frente a otras oficinas del Snai. Los atentados ocurrieron luego de que policías y militares realizaron un operativo en la cárcel de Cotopaxi, en el centro del país, para trasladar a varios reclusos a otros penales, entre ellos Luis Arboleda, “El gordo Luis”, el segundo hombre fuerte de Los Lobos, la banda aliada del CJNG.

La secretaria de Seguridad de Quito, Carolina Andrade, culpa al gobierno nacional por el incremento de la violencia por el desmantelamiento de organismos de seguridad y la reducción de presupuesto al sector. Dice que, incluso, la mayor parte del presupuesto de inversión del sector seguridad de 2022 quedó sin ejercer. De 200 millones de dólares que se asignaron para ese fin, sólo se ejecutaron 62.6 millones de dólares, apenas el 31%.

“Hay una política de no ejercicio presupuestal para que ese dinero se devuelva al ministerio de Finanzas y puedan utilizarlo en pagos a acreedores internacionales”, asegura la académica y experta en inteligencia.

Andrade, excoordinadora general de Inteligencia de Ecuador, señala que la espiral de violencia que registra Ecuador también está relacionada con el desmantelamiento de organismos de seguridad que hizo el anterior gobierno de Lenín Moreno y que prosiguió con Lasso.

Sobre la presencia de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación en el país, asegura que son factores de violencia ya que funcionan con una lógica empresarial en la que “tercerizan” y delegan sus operaciones en bandas como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, las tres mayores del país y las cuales se encargan de transportar la cocaína desde la frontera con Colombia y embarcarla hacia los principales mercados del mundo por las costas y puertos ecuatorianos del litoral Pacífico.

“Es una modalidad de comercio internacional en la que delegados de los cárteles mexicanos coordinan a las bandas locales para el transporte, acopio y envío de la droga en condiciones de seguridad”, indica la maestra en ciencia política de la Universidad de la Sorbona en París.

Ecuador tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea y es un gran exportador de bananas a ese mercado, lo que facilita el envío de cocaína en contenedores a países europeos. Además, la economía del país está dolarizada y esto lo convierte en un centro atractivo para el lavado de dinero.

La inseguridad fue el principal factor que hizo caer a sólo 9.7% la aprobación ciudadana a Lasso.

Alias "Fito"

La campaña electoral se desarrolló en medio de asesinatos de candidatos al Congreso y de magnicidios como el del alcalde de Manta, Agustín Intriago, ocurrido en julio pasado, y el cual fue apenas el preludio del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que se produjo el 9 de agosto anterior.

Nueve días antes de ser asesinado, Villavicencio había denunciado que “uno de los capos del Cártel de Sinaloa” al que identificó como “Fito” (el alias de Adolfo Macías), amenazó con matarlo si seguía formulando denuncias contra él o contra su estructura delictiva, conocida como Los Choneros, la mayor banda criminal del país y los principales aliados en Ecuador del cártel mexicano.

Villavicencio también había señalado en las semanas previas que Ecuador “está sometido al poder de estructuras criminales y de narcotraficantes lidereadas el por el Cártel de Sinaloa y por Jalisco Nueva Generación”.

“Fito” maneja su banda desde una cárcel de la suroccidental Guayaquil.

Las prisiones de Ecuador son el epicentro de la actividad criminal y de la violencia que vive el país. Entre febrero de 2021 y el pasado 23 de julio se han presentado en los penales al menos 12 enfrentamientos entre bandas rivales que dejaron 427 muertos.

En la primera vuelta electoral de los comicios presidenciales el pasado 20 de agosto los candidatos con mayor votación fueron la izquierdista Luisa González y el empresario derechista Daniel Noboa. Ninguno de los dos obtuvo el porcentaje necesario para ganar en la primera ronda, por lo que se deberán presentarse a una segunda vuelta este domingo 15 de octubre.

Luisa González propone en materia de seguridad recuperar las instituciones desmanteladas tras la salida de Correa del poder, en 2017, como el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia, así como depurar a la policía y a las instituciones militares. También ha señalado el combate a la pobreza como un pilar de su estrategia contra la inseguridad.

Noboa también dice que la pobreza, la desigualdad social y el desempleo propician el crimen, y apunta a combatir estos fenómenos fomentando la inversión extranjera para hacer crecer las fuentes de trabajo. Además, ofrece fortalecer y depurar las fuerzas del orden.

Otro punto en común entre Lasso y Calderón es que los comandantes de la guerra contra el narcotráfico que ambos proclamaron en su momento resultaron aliados de las bandas traficantes de droga. En México fue Genaro García Luna, que resultó ser cómplice del Cártel de Sinaloa, y en Ecuador el grupo de “narcogenerales” que investigan agencias estadounidenses.

La fórmula del fracaso

La especialista en política de drogas y directora de la ONG Elementa DDHH, Adriana Muro, señala que los gobiernos de derecha suelen emplear el discurso de “mano dura” contra el narcotráfico porque “vende y atrae votantes”, pero esa fórmula, al llevarse a la práctica, se traduce en la militarización de las policías, en un mayor tráfico de armas, en más homicidios y en un tutelaje de Estados Unidos de esa estrategia.

Muro, quien tiene su base en México, dice: “Esto es algo que hemos vivido aquí en los últimos 16 años”.

La abogada y maestra en derechos humanos recuerda que Calderón decidió al inicio de su gobierno que había que empezar la guerra contra el narcotráfico en el estado de Michoacán “para legitimarse, y yo creo que el Lasso hizo lo mismo en Ecuador con ese propósito”.

Pero ambos “fracasaron”, asegura.

Lasso dejará un país que el brazo derecho del asesinado Villavicencio, Christian Zurita, define como “un narcoestado” que vive “un colapso institucional”.

Y, en México, aunque Calderón perdió la guerra --los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación se fortalecieron en su sexenio, los homicidios se duplicaron, las violaciones a los derechos humanos se multiplicaron y el número de desaparecidos creció 2,000% con respecto al gobierno de Fox--, esa estrategia la continuaron los presidentes Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador.

Este último profundizó a tal grado la militarización del país, que le entregó el control de la seguridad pública al Ejército, a través de la Guardia Nacional, además de la construcción y operación de sus obras emblemáticas, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya.

Muro señala que la crisis de violencia generada por el narcotráfico está relacionada, también, con la falta de diálogo regional sobre ese fenómeno y sus redes de corrupción.

Las medidas de austeridad de López Obrador incluyeron recortes en varias embajadas. México carece de agregado de seguridad en Ecuador, lo que a Muro le parece “incomprensible” por la fuerte presencia de los cárteles mexicanos en ese país.

La viuda del asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio, Verónica Sarauz, dijo el en agosto pasado a Proceso que el presidente mexicano ha actuado “con negligencia política” frente a Ecuador por “permitir” el fortalecimiento de los cárteles del narcotráfico que generan violencia en el país sudamericano.

La doble moral de Calderón y compañía

El agosto pasado, en medio de la consternación regional que provocó el asesinato de Fernando Villavicencio, a la maestra en estudios latinoamericanos María Fernanda Zuluaga Gómez le llamó la atención una declaración que divulgó sobre el magnicidio el grupo de derecha denominado Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

“Este grupo –dice la analista— presume que trabaja a favor de la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos y el combate a la corrupción, pero es un ejemplo de la doble moral”.

En la declaración, integrantes de IDEA como los expresidentes Calderón y Vicente Fox (de México), Álvaro Uribe e Iván Duque (de Colombia), dicen sentirse “obligados a sonar la alarma sobre la expansión del entramado criminal en la vida política en la región”.

“En nuestro criterio –señalan en el pronunciamiento--, resulta un imposible el pretender conjugar la experiencia democrática y la del Estado de Derecho mientras gobiernos e instituciones, de forma cada vez más desenfadada, muestran la asociación de las mafias de la corrupción política con el crimen del narcotráfico”.

Zuluaga Gómez dice que es “impresentable” que personajes como Calderón, Uribe, Duque y los expresidentes de Costa Rica Óscar Arias y Rafael Ángel Calderón “se erijan como autoridades morales para dar lecciones de democracia, honorabilidad y ética”.

Recuerda que el brazo derecho de Calderón, García Luna, fue encontrado culpable en Estados Unidos de trabajar para el Cártel de Sinaloa. En Colombia, un juez emitió un veredicto de culpabilidad y dictaminó el encarcelamiento de Uribe Vélez (que fue domiciliario) por manipulación de testigos. El exmandatario está investigado, además, por nexos con grupos narcoparamilitares y masacres y por la ejecución extrajudicial, durante sus dos gobiernos (2002-2010), de seis mil 402 personas que el Ejército hizo pasar como bajas guerrilleras.

También en Colombia, el expresidente Iván Duque, otro de los firmantes de la carta de IDEA, enfrenta denuncias por el ingreso de dinero de narcotráfico a su campaña de 2018 a través del ya asesinado José Guillermo “Ñeñe” Hernández, con quien aparece en fotografías. Hay llamadas telefónicas interceptadas por los organismos de seguridad que respaldan esas acusaciones.

El costarricense Óscar Arias también enfrentó en su país acusaciones penales por supuesta violación y abuso sexual contra dos mujeres que retiraron las denuncias “por lo doloroso y difícil que resulta el proceso”, según dijo un vocero del Ministerio Público.

El también costarricense Rafael Ángel Calderón fue sentenciado en 2009 a cinco años de prisión por un caso de corrupción, aunque en una apelación los jueces redujeron la pena a tres años pero ratificaron la culpabilidad del acusado.

Zuluaga Gómez señala que “ese tipo de personajes, algunos de ellos señalados de haber tenido nexos con narcotraficantes o recibir favores de ellos, son los que deploran la asociación de los corruptos con el crimen del narcotráfico”.

Dice que el narcotráfico “corrompe a la izquierda, a la derecha y al centro, pero politizar el discurso y acusar con sesgo ideológico, como hace IDEA, es doble moral”.