GINEBRA (apro).– China mostró su músculo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y gracias a las abstenciones de 11 países miembros, entre ellos Argentina, Brasil y México, de América Latina, el gigante asiático logró bloquear una resolución que pedía realizar un debate sobre las graves violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Xinjiang y que fueron denunciadas por un informe reciente publicado por la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La resolución propuesta por Estados Unidos y Noruega, que contó con 19 votos en contra, 17 a favor y 11 abstenciones, pedía “celebrar un debate sobre la situación de los derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang en su 52º periodo de sesiones” que tendrá lugar en marzo.

China expresó su "más rotunda oposición" a esa idea y negó el informe de Bachelet, que denuncia posibles crímenes de lesa humanidad cometidos contra la minoría uigur en los llamados “campos de reeducación”.

 "El informe carece de cualquier valor", afirmó el embajador chino ante la sede de la ONU en Ginebra, Chen Xu.

"Esto no es una cuestión de procedimiento, sino de fondo. Estados Unidos y otros países quieren poner en la agenda de este Consejo un problema que no existe en Xinjiang", remarcó.

Según el diplomático, la verdadera intención de la iniciativa era aprovechar las instancias de la ONU "para una injerencia en los asuntos internos de China".

"Esto no es en favor de los derechos humanos, sino una manipulación política. En Xinjiang (provincia china donde están asentados los uigures), no hay un problema de derechos humanos, sino de separatismo y de lucha contra el terrorismo’’.

Entre los que apoyaban el debate se encontraban los países de la Unión Europea, Turquía, Reino Unido, Nueva Zelanda, entre otros.

En defensa de China hablaron Bolivia, Venezuela y Cuba, de América Latina, los cuales rechazaron llevar a cabo el debate y calificaron el informe de la ONU de “espurio e ilegítimo”.

México, validó el informe de Bachelet y mostró preocupación sobre la situación de las minorías, sin embargo, la embajadora Francisca Méndez explicó que la abstención del gobierno se debía a que apoyan el “diálogo constructivo” siempre y cuando se involucre al país concernido y se le dé oportunidad a China “de demostrar su voluntad política de colaborar de manera constructiva y abierta con el sistema universal de derechos humanos y de sostener un diálogo franco con todos los actores y evitar la politización del Consejo”.

Sobre la inusual abstención de México en un proyecto que llama al debate que por supuesto incluye a China, Proceso consultó a ONG, las cuales señalaron que “más bien representa un voto en contra”. 

“México perdió una oportunidad histórica de demostrar una posición arraigada en derechos humanos y apoyar un debate sobre la situación de los uigures en China. Al revés, contribuyó a dejar la puerta abierta a la impunidad”, dijo a este semanario Zumretay Arkin, portavoz del Congreso Mundial Uigur.

"Hoy se ha votado para proteger a los perpetradores de violaciones en lugar de a las víctimas. Es un resultado que pone en ridículo al principal órgano de derechos humanos de la ONU al hacerle ignorar una investigación de su propia Oficina de Derechos Humanos", expresó Amnistía Internacional.

Y para Human Rights Watch este resultado ha sido "una abdicación en el deber de proteger a las víctimas uigures", aunque la diferencia de sólo dos votos entre el "sí" y el "no" también muestra que muchos países quieren que se haga luz sobre lo que ha ocurrido en Xinjiang, donde se ha corroborado que al menos hasta 2019 estaban en funcionamiento centros de internamiento.

Además, acusan a Beijing de abusos contra unos 10 millones de uigures, una minoría étnica principalmente musulmana, incluido el uso masivo de trabajos forzados en campos de reeducación considerados más bien como campos de concentración. Se estima que un millón pudieran estar en prisión por cargos de terrorismo. Estados Unidos ha acusado a China de genocidio.

El informe de Bachelet sostiene que “el alcance de la detención arbitraria masiva y discriminatoria de los uigures y otros grupos predominantemente musulmanes... puede constituir crímenes de lesa humanidad", sostiene el informe de Bachelet citando una de las categorías más graves establecidas en el derecho internacional.