BOGOTÁ (apro).- Colombia vive un estallido social que tiene varios rasgos en común con lo ocurrido en las últimas semanas en Chile y Ecuador: multitudinarias manifestaciones en las calles, cacerolazos que retumban en todo el país, violentos enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, destrucción de infraestructura y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía antimotines. En Chile, el presidente Sebastián Piñera echó para atrás el alza de los pasajes del Metro –detonante de las protestas-- y cedió ante una vieja demanda ciudadana que la derecha había obstaculizado durante décadas: crear una nueva Constitución en reemplazo de la que promulgó el dictador Augusto Pinochet en 1980. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno también se vio obligado a derogar el decreto de aumento al precio de los combustibles que tenía incendiadas las calles y abrió una mesa de diálogo con las organizaciones sociales que lideraban las movilizaciones. En Colombia, el presidente Iván Duque ya enfrentaba serios problemas de gobernabilidad cuando le estallaron las protestas sociales y su reacción frente a estas lo ha puesto en una posición más vulnerable aún. No se trata solo de un problema de baja popularidad –sólo el 26 por ciento de los colombianos aprueba la gestión de Duque— sino de debilidad política. El presidente colombiano llegó a ese cargo el año pasado porque el exmandatario y líder del ultraderechista Centro Democrático (CD), Álvaro Uribe, lo convirtió en su candidato. Duque carece de una red propia de aliados políticos y los colombianos lo perciben como un gobernante excesivamente dependiente de Uribe, quien ahora es senador, y del sector más radical del CD, aquel que en plena campaña presidencial prometió “hacer trizas” los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC y que cree que el único problema de Colombia es la izquierda. El popular programa de sátira política “La tele letal” suele llamar a Uribe “el presidente eterno” y a Duque “el presidente tierno”, como una manera de graficar en tono de comedia quién es quién en este país. Tan acotado como está, el presidente de Colombia parece en una encrucijada. Si tiende la mano al movimiento social, político y sindical que convocó a las protestas, su propio partido –cuyos dirigentes tildan a los manifestantes de “comunistas”, “criminales” y hasta “satánicos”— se lo va a reprochar y se lo va a cobrar en el Congreso, donde es casi el único que tiene. Y si sigue empeñado en mostrarse como un político de mano dura, comprometido exclusivamente con “la ley y el orden” e insensible a las demandas en las calles, el país se le puede salir de control. Duque intentó darle a la protesta social un tratamiento judicial y no social. Soslayó las demandas y maximizó los desmanes y la destrucción de infraestructura pública. En esa estrategia le ayudaron los actos vandálicos que se registraron luego de las masivas marchas del paro nacional del jueves 21 (tanto la derecha como la izquierda se acusaron de haberlos incitado con pagos en efectivo a los violentos). Pero desde la misma noche del 21, los colombianos optaron por sumar otra modalidad a sus protestas: los cacerolazos, que difícilmente se pueden atribuir a una confabulación del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela o a un plan orquestado de la izquierda colombiana, como lo habían sugerido integrantes del gobierno, del Centro Democrático y el propio Álvaro Uribe. Los cacerolazos se han venido repitiendo en las principales ciudades del país en los últimos cinco días. En los barrios, en conjuntos habitaciones, en diferentes marchas y en concentraciones en los parques. Y desde el sábado en la noche, hay un masivo “plantón” en las afueras de un hospital donde fue internado en estado crítico el joven de 18 años Dilan Cruz, quien recibió un balazo por parte de un policía antimotines. La respuesta de Duque ha sido llamar a una “conversación nacional” (no usó la “palabra “diálogo”) a la que, de manera insólita, no ha invitado a las organizaciones convocantes de las protestas y del paro nacional, algo que le han reprochado dirigentes políticos y hasta el procurador general, Fernando Carrillo. Para Carrillo, lo que vive Colombia es “un estallido social” que debe ser enfrentado por el gobierno con un diálogo nacional. Las demandas centrales de los colombianos al presidente Duque son: cumplir los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC, detener los asesinatos de líderes sociales, dirigentes indígenas y excombatientes de ese antiguo grupo insurgente y dar respuestas a la crisis social. El desempleo en Colombia llegó en septiembre pasado a 10.2 por ciento, una de las tasas más altas de los últimos años, mientras que la tasa de desempleo juvenil es de 18.9 por ciento. Sectores del Centro Democrático han sugerido reducir el salario mínimo “para crear más empleos” y subir la edad de jubilación, que ahora es de 57 años para mujeres y 62 años para hombres. Las centrales obreras y organizaciones sociales han advertido que viene un “paquetazo” del gobierno para hacer realidad estas reformas, lo que Duque ha desmentido, pero no los congresistas más radicales de su partido. El Centro Democrático es un enconado adversario del acuerdo de paz con las FARC y Duque no ha mostrado interés para sacar adelante aspectos clave de ese pacto, como una reforma rural, el reparto de tierras a campesinos pobres y el otorgamiento de curules especiales en el Congreso a representantes de víctimas del conflicto armado. Al mismo tiempo, en Colombia han sido asesinados 647 líderes sociales y 137 excombatientes de las FARC desde la firma de los acuerdos de paz, hace tres años. Y a esto se le suman recientes escándalos en el gobierno de Duque que han indignado a amplios sectores de colombianos. El más grave es un bombardeo, en agosto pasado, contra un campamento de un grupo criminal en el suroriente del país en el que murieron varios niños, algo que el anterior ministro de Defensa, Guillermo Botero, intentó ocultar. La muerte de los menores (el gobierno dice que fueron ocho y los habitantes de la zona hablan de 18) se conoció a principios de este mes durante una audiencia en el Congreso y cuando un periodista le preguntó del asunto a Duque, este respondió “¿De qué me hablas, viejo?”, una frase que se ha vuelto emblemática en esta ola de protestas. Decenas de manifestantes portan pancartas con esa frase y las respuestas son: “te hablo de asesinatos de niños”, “te hablo de desempleo”, “te hablo del paquetazo’ neoliberal” y “te hablo de la matanza de líderes sociales”, entre otras. Piñera en Chile y Moreno en Ecuador abrieron el diálogo y aunque no lograron desactivar el polvorín social, lograron disminuirlo. Habrá que ver si Duque, un presidente acotado desde que asumió el poder, hacer 15 meses, puede hacerlo.