BOGOTÁ (apro).- Las condiciones objetivas están dadas para que México sea parte del paisaje de convulsión social que vive América Latina: es el país con más altos índices de pobreza en la región, después de Honduras (41.5% en 2018); la concentración de la riqueza en pocas manos es enorme, y la gente está harta de la corrupción. Pero a diferencia de otros países del área, como Chile, Colombia y Ecuador, donde los ciudadanos exigen en protestas masivas la dimisión de sus gobernantes, en México la inconformidad social está lejos de llegar a las calles con ese grado de contundencia e indignación. Parece ser que no existen hoy en México ni causas lo suficientemente transversales como para aglutinar a la sociedad en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ni una oposición política con las suficientes legitimidad y credibilidad como para convocar a las calles a segmentos significativos de la población. Además –y esta es quizá la explicación más convincente sobre el nulo efecto de contagio que ha tenido en México la efervescencia ciudadana que remece a otros países--, López Obrador tiene un discurso muy sintonizado con las demandas que se escuchan en América del Sur. Las críticas del presidente mexicano al modelo neoliberal, a sus efectos nocivos sobre el bienestar popular y a su “perversa vocación corruptora”, están en sintonía con la narrativa de los movimientos de indignados latinoamericanos. También, las arengas contra la corrupción público-privada y el sistema de privilegios que se ha forjado en el capitalismo a la latinoamericana. A juzgar por su discurso, López Obrador podría perfectamente suscribir varios puntos de los pliegos petitorios de los convocantes a los paros y protestas que acechan a gobernantes como Sebastián Piñera, en Chile; Iván Duque, en Colombia y Lenín Moreno, en Ecuador. Sobre todo, aquellos puntos que llaman a detener “el paquete neoliberal”, a luchar por la paz y a destinar más recursos al desarrollo social. Piñera, Duque y Moreno tienen niveles de aceptación que rondan entre el 10% y el 22%. López Obrador tiene alrededor de 60% de aprobación y, aunque en el último año perdió entre 15 y 20 puntos de respaldo, mantiene un porcentaje inusualmente alto para un gobernante latinoamericano. La oposición mexicana está tan desacreditada tras sucesivos gobiernos priistas y panistas de bajo crecimiento económico, desplome social, corrupción desbordada e inseguridad sin precedentes en la historia moderna del país, que los ciudadanos parecen estar dispuestos a darle tiempo al presidente que les ha prometido de manera tan enfática un cambio. En México no hay un movimiento organizado de ciudadanos indignados porque hoy está al mando un presidente que dice tener como prioridad la transformación social del país y el desmantelamiento del sistema de privilegios de la “mafia del poder”, precisamente lo que le reclaman los ciudadanos de Colombia, Ecuador y Chile a sus gobernantes. La pregunta es cuánto tiempo le darán los indignados mexicanos a López Obrador para comenzar a dar resultados. El primer año de gobierno del líder de Morena fue de estancamiento económico (el crecimiento del PIB fue de 0%, según la Cepal) y hasta de retroceso en el ingreso per cápita (-1.2%) con un leve aumento del desempleo (de 0.3 puntos). La base del desarrollo social que lograron en sus países todos los gobiernos latinoamericanos de izquierda que fueron exitosos en los últimos 15 años ha sido el crecimiento económico. Ese es un indicador que no se puede soslayar para medir los resultados de cualquier gobierno. Otra asignatura pendiente de López Obrador es el combate a la inseguridad, precisamente el problema que más preocupa e indigna a los mexicanos. Este será el año más violento en la historia moderna de México. Hasta noviembre, habían ocurrido 31 mil 688 homicidios, un 2.7% más que los 11 últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto. En materia social, hay que destacar la nueva política salarial expansiva, en contraste con la asfixia a la que habían sometido a los trabajadores los gobiernos del PRI y del PAN. Aún es temprano para saber el efecto que han tenido los programas asistenciales del gobierno orientados a los jóvenes, los adultos mayores y la población más vulnerable. La medición de sus resultados toma tiempo, pero ningún experto duda de que la pobreza bajará, al menos en el corto plazo. Habrá que ver, entonces, si el discurso de López Obrador que ha blindado a México del efecto contagio de la ola de protestas en Latinoamérica se traduce en hechos que apunten a solucionar un problema estructural en el país: la inequidad.