CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización KPMG México presentó su reporte sobre el impacto de los delitos financieros en México, en el que se revela la incidencia de los fraudes en contra del sector empresarial en el país, que afecta su estabilidad, reputación, operaciones diarias, planes de crecimiento y permanencia.

De acuerdo con KPMG México –que reúne a firmas independientes de auditoría, impuestos y asesoría a nivel global–, en su encuesta realizada a más de 100 líderes en organizaciones de distintas industrias en 15 estados de la República Mexicana, en agosto del presente año, 45% de los encuestados reportaron haber sufrido el intento o la materialización de un fraude en el último año.

Mientras que, en ese mismo periodo, sólo 39% de las empresas reportaron haber sufrido el intento o materialización de un ciberataque y sólo el 20% de las empresas admitieron haber sido víctimas del intento o la materialización de un acto de corrupción.

Con respecto a esa modalidad, 35% mencionó haber sido víctima de un fraude externo; los principales son: robo de identidad 44%; uso de documentación falsa 31% y fraude con tarjetas de crédito 28%. Según el reporte, esta modalidad ha tenido una reducción de 30 puntos porcentuales, desde 2020.

KPMG también detalló que el robo de identidad ha incrementado 23 puntos porcentuales con respecto a los datos de 2020, de acuerdo con el estudio, este aumento se puede vincular con “el aumento significativo de los ciberdelitos y fraudes en línea que se detonaron a raíz del COVID-19 y la creciente digitalización de las operaciones empresariales”.

El 32% de los encuestados reportaron haber sido víctimas de fraude interno; entre estos destacan: conflicto de interés 55%; malversación de efectivo 35%; malversación o robo de activos 32% y compras para uso personal 29%.

En ese mismo sentido, se destacaron las prácticas como la anticompetitiva que, si bien sólo se registró una incidencia del 6%, estas “son capaces de generar altos impactos en los mercados a través de controles artificiales de precios o por medio de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas”.

Por otro lado, el 33% de las empresas reportaron ser víctimas de ambos tipos de fraude.

De las empresas que sufrieron algún tipo de fraude, 16% señaló que el monto del quebranto ascendió hasta 100 mil pesos; 16% reportó un millón de pesos; el mismo porcentaje señaló 5 millones de pesos; por otro lado, 22% afirmó que no les fue posible cuantificar el monto.

Con respecto a las herramientas para prevenir, responder y detectar casos de fraude, 59% menciona que cuenta con capacitación en temas de ética; 50%, con controles antifraude en los procesos, y un 43%, con la debida diligencia de proveedores y personas, así como con políticas antifraude y sanciones por este tipo de incidentes; mientras que 16% no cuenta con ningún elemento.

“Si bien las estrategias para prevenir los delitos financieros en materia ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG) contribuyen al cumplimiento de los compromisos con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las empresas, seis de cada diez no reciben capacitaciones en la materia. De hecho, en el último año solo 24% recibió capacitaciones de revelaciones sobre indicadores”, advirtió KPMG México e insistió en la importancia de capacitar a las empresas en temas ASG, con un enfoque constante en derechos humanos.