CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Este viernes 18, el empresario y político Javier Joaquín López Casarín tendrá que suspender sus labores al frente de la alcaldía capitalina Álvaro Obregón para aportar su testimonio a la justicia de Nuevo León sobre un fraude perpetrado contra miles de docentes de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hace casi una década.

La historia tiene su origen en un supuesto seguro de vida y de gastos funerarios con la empresa Thona Seguros, que el entonces líder de la sección 50, Guadalupe Castillo García, contrató a través de la empresa Soluciones y Programas Integrales SPI, de Javier López Casarín, en marzo de 2014.

Durante un año y medio, el sindicato descontó 77 pesos a la quincena a cada uno de los 26 mil 500 agremiados para el pago del seguro, lo que representaba un ingreso de alrededor de un millón 200 mil pesos al mes para la empresa.

A partir de marzo de 2015, familiares de profesores fallecidos trataron de cobrar el seguro de vida, pero se dieron cuenta de que éste ya no existía, aun cuando el sindicato les seguía descontando el dinero de sus quincenas, que terminaban en la empresa de López Casarín.

En diciembre de 2015 presentaron una demanda colectiva. El procedimiento derivó en una larga batalla legal –que implicó al menos 23 carpetas de investigación– en la que López Casarín y Castillo García pisaron durante un día la cárcel de Topo Chico, en Monterrey.

Los profesores conservaron los talones de cheques que comprueban los pagos del sindicato a la empresa de López Casarín. Uno de los agremiados contó a este reportero (Proceso 2254) que López Casarín reconoció –en una conversación que fue grabada– que él devolvía dinero del seguro a Castillo y le entregó un Mustang del año a cambio de venderle sus servicios.

En una declaración, un representante de Thona Seguros dijo que su empresa no reconocía la póliza de seguros del sindicato, contratado a través de Soluciones y Programas Integrales SPI.

Mediante amparos y procedimientos dilatorios, Castillo logró detener el caso durante varios años –durante los cuales siguió en el SNTE, pero en la sección 6 de Colima–, hasta que un juez de Monterrey ordenó reactivar el proceso contra el líder sindical y López Casarín en agosto de 2023. En abril pasado, el juez citó a los acusados el 21 de agosto para la audiencia del juicio oral. Llegado el día de la convocatoria, Guadalupe Castillo pidió un cambio de abogados, por lo que la audiencia se pospuso al 18 de octubre.

El pasado 3 de octubre, la jueza a cargo del caso ordenó al Ministerio Público notificar a los involucrados, incluyendo a López Casarín –quien aparece equivocadamente como “Héctor Joaquín”, en lugar de Javier Joaquín, en la orden judicial–, para que comparezcan a la audiencia de juicio oral que se celebrará este viernes a las 9 de la mañana, en la cuarta sala de audiencias del Palacio de Justicia de Monterrey.

Durante una audiencia, que se llevó a cabo el 29 de julio de 2016, una jueza determinó la no vinculación a proceso a López Casarín por las acusaciones de fraude, pues aunque reconoció que él había celebrado el contrato con Guadalupe Castillo García, estimó que no existían pruebas que sustentaran que el empresario tuvo una participación dolosa en la estafa, ni que tuviera conocimiento de que el contrato del seguro había vencido y que se seguían haciendo los descuento a los docentes.

El Ministerio Público apeló entonces esta decisión, con el argumento de que la empresa de López Casarín siguió recibiendo dinero cuando la póliza terminó, y aparte señaló que, según los docentes, el empresario entregaba 300 mil pesos quincenales al líder sindical del monto que su compañía recibía del sindicato. Esta resolución, a su vez, fue impugnada en mayo de 2017.

Consultados por Proceso, representantes de los docentes defraudados sostienen que López Casarín permanece en calidad de imputado en otras carpetas de investigación que siguen abiertas en torno a la póliza de seguros.

A lo largo de la última década, mientras el caso del fraude con el seguro de vida se estancaba en los tribunales, López Casarín ascendió en el mundo político. Se volvió contratista del gobierno de Enrique Peña Nieto y de diversos gobiernos priistas, y en paralelo avanzó al lado de Marcelo Ebrard Casaubón, de quien fue operador financiero y político.

En la llamada Cuarta Transformación asumió un cargo oficioso en la Cancillería y logró colocarse como diputado federal plurinominal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cargo desde el cual apoyó a la precandidatura de Ebrard para la presidencia de la República, lo que le permitió cabildear para obtener la candidatura de Morena a la alcaldía Álvaro Obregón, en la cual compitió y ganó contra la alcaldesa saliente, Lía Limón.

La toma de posesión de López Casarín, el pasado 1º de octubre, estuvo marcada por la polémica: apenas dos días antes, el Instituto Nacional Electoral (INE) había determinado que el político había rebasado el tope de gastos de campaña mediante erogaciones de promoción escondidas, un delito susceptible de anular los resultados de la elección.

El PAN impugnó de inmediato, pero durante cerca de 12 horas su procedimiento se perdió en un limbo entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –la secretaría general de acuerdos no turnó la impugnación– y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), lo que dio tiempo a López Casarín para consumar la toma de posesión de la alcaldía, la cual se volvió irreversible.