El exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas utilizó un decreto presidencial sobre extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro como instrumento de operación política y construcción de redes clientelares. Según el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra, del que Proceso adelanta este capítulo en exclusiva, el programa de “compensación vitalicia” —presentado como acto de justicia social— careció de sustento jurídico y financiero, generó un pasivo de casi 27 mil millones de pesos, fracturó al Sindicato Mexicano de Electricistas y colocó recursos públicos al servicio de intereses políticos del propio Ramírez Cuevas, incluida la precandidatura de Clara Brugada. Editado por Planeta, el título firmado junto a Jorge Fernández Menéndez estará en librerías a partir del 11 de febrero.

El 25 de agosto de 2022, el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que estableció una «compensación vitalicia por justicia social» para extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Esa disposición, controvertida y discutida incluso dentro del gabinete presidencial, marcó un punto de quiebre no solo en el manejo presupuestal del Estado, sino en la interpretación de la justicia laboral.

Lo que fue presentado como un acto de reparación para quienes quedaron en el limbo laboral tras la extinción del organismo en 2009, derivó en una operación política dirigida por Jesús Ramírez Cuevas, entonces vocero presidencial, cuya influencia fue clave para convencer al presidente López Obrador de implementar el programa, pese a que la mayoría de los beneficiarios ya habían sido liquidados conforme a la ley.

Jesús Ramírez, en quien el presidente depositó una confianza plena al encomendarle esta causa, terminó abusando de ese encargo para obtener una ventaja política personal. En lugar de actuar con responsabilidad institucional, utilizó el tema para posicionar a sus aliados, intervenir en la vida sindical del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y operar políticamente en favor de Clara Brugada, candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, a pesar de que la preferencia evidente de la candidata Sheinbaum se inclinaba por Omar García Harfuch. Esta traición política interna generó fricciones dentro del movimiento y mostró cómo una encomienda presidencial se transformó en una herramienta para jugar en contra de los intereses de la propia presidencia.

La historia comienza en octubre de 2009, cuando el presidente Felipe Calderón anunció la desaparición de LyFC, argumentando ineficiencia y cargas económicas insostenibles para el Estado. La medida afectó a más de 45000 trabajadores; de ellos, cerca de 9000 no alcanzaron la jubilación a pesar de contar, algunos, con más de 19 años de servicio. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) —hoy Indep— fue designado como liquidador. Aunque la mayoría aceptó una indemnización legal, un grupo de disidentes permaneció en resistencia y fuera de la estructura formal del SME, liderados por figuras como Rosendo Flores.

Con el cambio de gobierno en 2018, el conflicto encontró un nuevo escenario. Jesús Ramírez Cuevas, cercano colaborador del presidente desde sus campañas y figura central en la narrativa oficialista, asumió un papel de interlocutor entre los extrabajadores disidentes y el Ejecutivo. En la mañanera del 13 de octubre de 2021, López Obrador lo señaló directamente como el encargado del tema. En palabras del presidente: «Estamos ayudando a los trabajadores que fueron despedidos en el gobierno de Calderón. Jesús tiene esa encomienda». Esa en comienda desembocó en múltiples reuniones interinstitucionales con Hacienda, Gobernación, el Indep y la Consejería Jurídica.

El caso provocó un profundo giro ideológico en Jesús Ramírez, quien durante años defendió el sindicalismo independiente y crítico frente al poder. Sin embargo, en esta operación se alineó con el viejo modelo corporativista del pri: apoyo político a cambio de prebendas económicas. El grupo de extrabajadores beneficiados no tardó en asistir públicamente a actos de campaña de Clara Brugada, mostrando una clara fidelidad electoral al propio Ramírez. Consolidó una estructura clientelar, lo que explica su insistencia en incluir el tema en la agenda de la mañanera a través de sus aliados y en cumplir los acuerdos mediante una fe de erratas forzada que terminó por ampliar el universo de beneficiarios más allá de lo legalmente sustentable.

La relación entre Ramírez Cuevas y Rosendo Flores no era nueva. Según publicó La Jornada en 2002, cuando Rosendo Flores encabezaba el SME, fue apoyado públicamente en marchas por Carlos Monsiváis, quien fue mentor de Jesús Ramírez. Esa cercanía ideológica y personal entre Monsiváis y Ramírez habría sentado las bases de una alianza que, años después, se tradujo en respaldo político y administrativo para el grupo de Flores.

Quién sabe si esa alianza le hubiera gustado a Monsiváis, porque el pasado de Rosendo Flores no está exento de controversias. Aun- que ahora critica con vehemencia al expresidente Calderón, fue acu- sado públicamente —por sus propios compañeros— de haber negociado con el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, el conflicto de LyFC. En ese contexto, lo que hizo Jesús Ramírez al apoyar su liderazgo fue respaldar a un actor señalado como simulador y colaborador de estructuras de poder del panismo. La narrativa de justicia social terminó cobijando a un liderazgo acusado, por el grueso de los trabajadores de Luz y Fuerza, de traición sindical.

El decreto del 25 de agosto de 2022 otorgó una compensación mensual vitalicia a extrabajadores con al menos 19 años y 6 meses de antigüedad que no hubieran accedido a una pensión de LyFC ni formaran parte de otros esquemas como Agroasemex. No obstante, una fe de erratas publicada el 29 de agosto modificó las condiciones originales para incluir a personas ya liquidadas. Esta maniobra, resultado directo de las presiones de Ramírez, forzó la creación de un programa improvisado, con justificación jurídica deficiente y sin recursos presupuestales asignados.

El uso de una fe de erratas para modificar las reglas de acceso a un programa social viola el principio de legalidad presupuestaria. Ese capricho político no solo generó tensiones internas en el gabinete, sino que impuso al Gobierno de México la carga de justificar una supuesta justicia social sin fundamentos legales sólidos. La falta de planeación obligó a modificar el decreto para ajustarlo a presiones externas, creando un programa sin respaldo financiero suficiente, el cual agravó la situación fiscal de la administración pública.

Según el estudio actuarial del Indep, el pasivo generado por este esquema impulsado por Ramírez Cuevas asciende a la cifra monumental de casi 27000 millones de pesos hasta 2086. Para dimensionar este monto: con ese dinero podrían construirse al menos 150 hospitales de primer nivel, según los costos estimados por la propia presidenta Claudia Sheinbaum. También podrían otorgarse más de 1.2 millones de be- cas anuales del programa «Rita Cetina Gutiérrez» o cubrir más de 600000 pensiones para adultos mayores durante un año completo. La magnitud del compromiso financiero revela no solo una afectación a largo plazo, sino una profunda desproporción frente a las prioridades sociales urgentes.

El padrón oficial de los beneficiarios de ese programa sumaba 7133 personas al cierre de 2023, y el gasto ejercido alcanzaba los 3537 millones de pesos. Cada beneficiario recibe un monto mensual, además de un pago anual adicional y un seguro de vida por 350000 pesos. Las mujeres, como acción afirmativa, reciben automáticamente el 100% del beneficio. La Secretaría de Gobernación actúa como coordinadora del programa y el Indep como ejecutor, pero ambos han advertido sobre la insuficiencia de recursos para respaldarlo.

La ejecución financiera del programa se ha visto rodeada de irregularidades. El Indep ha denunciado en la Cuenta Pública 2023 que, además de los pagos de la compensación vitalicia, ha debido absorber una condonación de cartera hipotecaria por más de 6000 millones de pesos y la cesión gratuita de inmuebles al Gobierno y a la cfe. La falta de coordinación entre la Secretaría de Energía (Sener), Hacienda y la Comisión Intersecretarial de Gasto Público ha imposibilitado concluir la liquidación de LyFC, cuya fecha de cierre sigue pendiente desde 2017. Mientras tanto, la Sener ha declarado no tener facultades para resolver el proceso y Hacienda se deslinda, señalando a Sener como responsable, en una pugna administrativa que ha paralizado decisiones críticas.

Aunque el Gobierno ha presentado la «compensación vitalicia» como un acto de justicia histórica, se trata de un precedente riesgoso: un grupo de extrabajadores ya liquidados accedió, por presión política, a un segundo beneficio financiado con dinero público. Además, la naturaleza del decreto y las modificaciones posteriores podrían contravenir principios básicos de legalidad y equidad.

El SME ha denunciado que el decreto fue negociado con personas sin representación sindical legítima, y ha acusado a Jesús Ramírez y a Manuel Bartlett, titular de la CFE, de intervenir para imponer liderazgos afines, violando la autonomía gremial. Estas tensiones han generado una ruptura entre el sme tradicional y los grupos beneficiados por el decreto.

En mayo de 2024, durante un acto masivo en el Día del Trabajo, extrabajadores encabezados por Rosendo Flores manifestaron su respaldo público a Clara Brugada, candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En el evento se agradeció a Jesús Ramírez por su «intervención histórica» y se solicitó la creación de una nueva empresa eléctrica que absorbiera a los aún desempleados, emulando el esquema de Mexicana de Aviación. Las declaraciones dejaron entrever una clara reciprocidad política: el respaldo electoral a cambio de la gestión del beneficio económico.

La historia de LyFC no solo es la crónica de un conflicto sindical mal resuelto, sino también el retrato de una política pública que, bajo el pretexto de la justicia social, puede estar vulnerando la ley y comprometiendo miles de millones del erario. El Congreso y los órganos fiscalizadores deben revisar con urgencia la legalidad del decreto de compensación vitalicia y evaluar el posible daño patrimonial al Estado.

Urge también esclarecer el uso de recursos públicos con fines políticos y garantizar que ningún funcionario utilice su cargo para operar redes de clientelismo electoral.

El caso evidencia cómo un encargo institucional pudo ser manipulado con fines personales y cómo la justicia social puede ser usada como pretexto para beneficios selectivos, sin sustentos financieros ni jurídicos adecuados. La actuación de Jesús Ramírez, bajo el manto de la confianza presidencial, comprometió las finanzas públicas, dividió al movimiento sindical y colocó recursos públicos al servicio de una precandidatura y de intereses políticos particulares.