CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cancillería mexicana afirmó ante una Corte de Apelaciones en Estados Unidos que sus leyes que otorgan inmunidad a los fabricantes de armas, no aplican contra los daños ocasionados a México y por los cuales el gobierno federal puede llegar a exigir más de 15 mil millones de dólares como compensación.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este lunes que los representantes legales de México presentaron de manera oral sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito Federal de Boston, Massachussets, a la que solicitaron mantener vivo el litigio iniciado por nuestro país en contra de los fabricantes y distribuidores de armas en EU, a quienes acusa de ser negligentes al facilitar el tráfico ilegal de sus armas a territorio nacional.

De acuerdo con el consejero jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, estos argumentos se encuentran también en la primera demanda presentada por el gobierno de México contra las armerías.

Celorio explicó que los argumentos de México tienen tres puntos principales para acreditar que la ley que aplica para las armerías en Estados Unidos y que las blinda contra cualquier demanda de responsabilidad civil, no aplica por daños ocurridos en otros países.

“Si esta ley de humanidades es aplicada, se tendría que estudiar si es el derecho sustantivo mexicano el que aplica o el derecho estadunidense. Es una cuestión de conflicto de leyes”, señaló.

“Si la ley de humanidades, que por su acrónimo se le conoce como PLCAA, aplica o es vigente para este caso, el gobierno de México puede recurrir a ciertas excepciones que incluye esta ley y nuestro litigio tendría que proceder.”

Es decir, el gobierno de México está peleando en la Corte de Apelaciones no sólo porque la demanda continúe, sino que no se aplique la inmunidad otorgada por las leyes estadunidenses pues no establece específicamente que tiene efectos de blindaje contra daños ocasionados fuera de EU.

En la demanda, México acusó a los fabricantes de armas de ser cómplices indirectos de la delincuencia organizada al tener conocimiento de que un porcentaje de sus productos forma parte de la cadena de tráfico ilícito de armas a nuestro país y no modificar sus políticas de comercialización.

Celorio recordó que México ha gastado cerca de 15 mil millones de dólares para combatir la violencia generada por el tráfico ilícito de armas, por lo cual el gobierno federal podría exigir una compensación de igual o mayor cantidad a las empresas fabricantes de armas.

“Según estimamos, el gobierno de México ha gastado cerca de 15 mil millones de dólares, arribita de 5% de su Producto Interno Bruto, en responder a la violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas”, dijo.

“La inundación de armas y el alto poder de fuego el que viene por el tráfico ilícito desde los Estados Unidos, es algo externo, es algo que México no desea, no quiere, y para lo cual tiene que responder con recursos de contribuyentes que se podrían utilizar para pagar servicios de salud o de educación, o para generar mayor infraestructura en nuestras comunidades rurales. De eso se trata el reclamo. Hemos perdido a funcionarios, vidas humanas, heridas, servicios psicológicos, servicios médicos, servicios funerarios; reemplazar vehículos, aeronaves. Hay muchos gastos en los que ha incurrido el gobierno de México con dinero de los contribuyentes para responder a este flagelo del tráfico ilícito de armas desde Estados Unidos. Ese es el tipo de compensación”.