CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La nutrida delegación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que viajó a Washington se comprometió, ante representantes del gobierno de Joe Biden, a combatir al “Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación” en ambos lados de la frontera, en el marco del combate al tráfico de fentanilo, una de las principales exigencias de la administración Biden en la relación bilateral.

En una declaración conjunta, los gobiernos de México y Estados Unidos informaron que López Obrador planteó la creación de “una comisión presidencial para combatir el tráfico de drogas sintéticas ilícitas, armas de fuego, y municiones”, que se dedicará a la “investigación y el arresto” de involucrados en la “producción y tráfico de fentanilo” y a “desmantelar la cadena de suministro de fentanilo y al Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación en ambos lados de la frontera”.

El gobierno mexicano, por su parte, pidió al de Estados Unidos la creación de un grupo especial –una task force, en palabras del canciller Marcelo Ebrard Casaubón– dedicado a identificar los puntos de cruce del tráfico de armas, de Estados Unidos a México. Por mientras, el gobierno de Estados Unidos presumió una serie de operaciones llevadas a cabo por diversas agencias, y destinadas a atacar las redes de tráfico de armas.

En un comunicado previo a los encuentros, la Cancillería mexicana había informado que la visita oficial incluiría “reuniones de alto nivel sobre fentanilo y tráfico de armas con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá”. Sin embargo, las “contrapartes” de Estados Unidos fueron, en su gran mayoría, funcionarios de segundo nivel, y de Canadá acudieron asesores.

López Obrador, en cambio, envió todo su gabinete de seguridad a Washington: estuvieron sus dos mandos militares –Luis Crecensio Sandoval y Rafael Ojeda Durán–, dos secretarios de Estado del poder civil –el canciller Ebrard y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana–, el fiscal Alejandro Gertz Manero y el general Audomaro Martínez Zapata, titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En la mañana, el gabinete de seguridad tuvo un encuentro con el fiscal general Merrick Garland –acompañado por Elizabeth Sherwood-Randall, asesora en seguridad nacional de la Casa Blanca, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar–, para una reunión bilateral sobre temas de seguridad.

En ese encuentro, Rosa Icela Rodríguez –designada por López Obrador como enlace con el gobierno de Estados Unidos en la estrategia bilateral contra el fentanilo–, reiteró que “México no fabrica precursores químicos, vienen de Asia” y que “México tampoco fabrica armas de alto poder”, y planteó una mayor cooperación con Estados Unidos, pero “en una relación entre iguales”.

Tras refrendar la disposición del gobierno mexicano a aumentar las incautaciones de drogas y armas, seguir con la detención de líderes de grupos criminales y de atacar las redes de suministro, concluyó con una declaración de corte más político, cuando aseveró que “el gabinete de seguridad de mi país defenderá con hechos la dura campaña electoral emprendida contra México”.

Con ello, la política respondió a las voces al interior del Partido Republicano que, con vistas a las elecciones del próximo año, han multiplicado los ataques contra México por la epidemia de sobredosis de fentanilo, y lanzado propuestas cada vez más radicales –incluyendo intervenciones militares de este lado de la frontera–, en una estrategia electoral que había adoptado Donald Trump en su campaña de 2016.

Después de la reunión, Ebrard informó que la delegación mexicana se había comprometido a “reducir drásticamente” el tráfico de precursores químicos y de fentanilo.

En la tarde, Rosa Icela Rodríguez se reunió con Sherwood y con Jody Thomas, asesora de Seguridad Nacional e Inteligencia de Canadá, para tratar los “esfuerzos trinacionales” contra el tráfico de fentanilo.