CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director general del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco), Luis Fernando Ortega Ramos, giró un oficio de colaboración para iniciar un proceso de investigación interna por un caso de abuso físico y psicológico en contra de un menor deportista en la disciplina de judo, esto 20 meses después de que la madre del judoca, Gabriela Martínez Ledezma, interpusiera una denuncia ante la Fiscalía del Estado.

“Solicito formalmente que se inicie un proceso de investigación administrativa sobre los hechos mencionados, y que se me mantenga informado sobre el desarrollo de la misma, con el fin de poder dar seguimiento a los efectos legales que correspondan”, se lee en el documento dirigido a Montserrat Guadalupe Gómez García, titular del Órgano Interno de Control (OIC).

El funcionario se refirió a los hechos como “un posible caso de bullying presuntamente cometido por la entrenadora Sara Soledad Cárdenas Arce”.

De acuerdo con la denunciante, su hijo fue violentado por más de dos años por parte de los entrenadores Axayácatl Germán Ortega y David García, quienes se encuentran bajo el mando de Rubert Martínez Texidor, así como de Cárdenas Arce, también entrenadora y presidenta de la Asociación de Judo Tapatía (AJT), quien está imputada por el delito de responsabilidad profesional y técnica.

Según la relatoría de hechos que hizo Martínez Ledezma los entrenadores intentaron obligar a su hijo menor de edad para que golpeara a algunas de sus compañeras judocas. Por negarse fue acosado recurrentemente con comentarios agresivos de índole machista.

El documento, en el que Ortega refiere apenas tener conocimiento del caso, se contrapone con el relato de la madre del menor, quien asegura haber enfrentado una red de encubrimiento desde la dirección del CODE Jalisco, además de señalar un encuentro en persona con el propio titular del organismo, quien, insiste la señora, la corrió de su oficina sin atenderla, luego de saber que se trataba de un tema relacionado con la selección de judo.

Días después, se giró un citatorio a Gabriela Martínez, y del cual Proceso tiene copia, fechado el 22 de mayo y firmado por Jaime Martínez Guzmán, metodólogo de deportes de combate en el CODE, para una reunión programada para el día 26 del mismo mes con Sara Cárdenas y el secretario particular de Fernando Ortega, Enoch Cruz López, quien según la madre del menor, rompió tanto la denuncia de hechos como el respectivo acuse que se había ingresado a la Oficialía de Partes del organismo.

El delito de responsabilidad profesional y técnica, contemplado en el artículo 161 bis del Código Penal del Estado de Jalisco, se condena hasta con tres años de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión por el doble de la pena privativa de libertad impuesta.

Proceso solicitó al CODE Jalisco una entrevista tanto con su director, Fernando Ortega, así como con los entrenadores involucrados, a lo que el organismo respondió que no se emitirán declaraciones adicionales para no afectar las investigaciones.