CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Desde hace 20 meses, Gabriela Martínez Ledezma ha encabezado una batalla legal al denunciar una serie de abusos físicos y psicológicos, ejercidos por parte de la estructura de entrenadores de judo en el estado de Jalisco en contra de su hijo, en un caso que acusa ha estado plagado de encubrimientos y omisiones por parte del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE), organismo que dirige Fernando Ortega Ramos, por segunda administración consecutiva. 

De acuerdo con la denunciante, su hijo menor de edad ha sido violentado por más de dos años a manos de los entrenadores encargados de la selección estatal de la especialidad, en una causa que de momento tiene imputada a Sara Soledad Cárdenas Arce, presidenta de la Asociación de Judo Tapatía (AJT), por el delito de responsabilidad profesional y técnica. 

Se trata de los entrenadores Axayácatl Germán Ortega y David García, quienes intentaron obligarlo a golpear a algunas de sus compañeras judocas. Asimismo, lo acosaron recurrentemente con comentarios agresivos de índole machista. Ambos están bajo el mando del cubano Rubert Martínez Texidor. 

Sin embargo, desde antes de presentar la denuncia en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Jalisco, la madre de familia asegura haber enfrentado una red de encubrimientos, hacia los abusos físicos y psicológicos a los que fue sometido el menor, desde la dirección del CODE Jalisco, obstrucciones que se han prolongado en casi dos años de juicio. 

Previo a judicializar el caso, Martínez Ledezma se reunió con el máximo responsable del deporte en Jalisco, Fernando Ortega, quien, asegura, la corrió de su oficina sin atenderla, luego de saber que el asunto involucra a la selección estatal de judo. 

Según Gabriela Martínez, Moisés Eduardo Torres Frías, esposo de Cárdenas y quien se desempeñó como coordinador del Sistema Estatal del Deporte del CODE en la administración del gobernador Enrique Alfaro, ostenta una relación de compadrazgo con Fernando Ortega, lo que impidió que se realizara una investigación interna. 

Después del encuentro fallido, Gabriela Martínez fue citada el 26 de mayo de 2023 a una reunión con el metodólogo de deportes de combate en el CODE, Jaime Martínez Guzmán, así como con la propia Sara Cárdenas y el secretario particular de Ortega, Enoch Cruz López, quien amenazó a la madre de familia y rompió tanto el documento donde obra la denuncia de hechos como el respectivo acuse de recibo que presentó en la Oficialía de Partes de dich organismo.  

Asimismo, durante el desarrollo de los acontecimientos, el CODE no ejecutó ningún protocolo de atención psicológica o psiquiátrica al menor, quien está diagnosticado con depresión grave y ahora debe atender las consecuencias de entrenar más de dos años en un contexto lesivo para su salud mental. 

Finalmente, el 13 de junio de 2023, la madre interpuso la acusación legal en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Jalisco, proceso que tampoco ha estado exento de irregularidades, a decir de la querellante, como el extravío y la alteración de la carpeta de investigación.  

“Estamos luchando contra una institución que ha estado históricamente blindada en contra de denuncias y demandas que nunca han procedido porque se truncan en el proceso, no es secreto que los responsables forman parte de una red de servidores públicos influyentes con distintos nombramientos en el gobierno del estado de Jalisco que se protegen entre sí”, aseguró Gabriela Martínez. 

La más reciente sospecha de intervención en el proceso judicial, por parte de la estructura de gobierno de Jalisco, se dio el 12 de febrero último, cuando después de cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Sara Cárdenas, se adelantó su audiencia inicial sin previo aviso ni la presencia de la parte acusadora y la cual finalmente se reprogramó para el próximo 17 de febrero.

A Cárdenas Arce se le imputa el delito de responsabilidad profesional y técnica, contemplado en el artículo 161 bis del Código Penal del Estado de Jalisco y cuya pena es de hasta tres años de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión por el doble de la pena privativa de libertad impuesta. 

De acuerdo con Gabriela Martínez, Sara Cárdenas ostenta el control absoluto del judo en el estado de Jalisco en su calidad de presidenta de la AJT, no sólo en la integración de las selecciones estatales en las categorías por límite de edad en el CODE, también como responsable de la disciplina en la Universidad de Guadalajara. 

El caso del joven judoca emerge como la punta del iceberg de una serie de maltratos a deportistas de esta y otras disciplinas desatendidos por el CODE Jaisco y cuyas denuncias podrían sumarse en los siguientes días. 

Derecho de Réplica

Sr. Director

Referente a la solicitud de información sobre la audiencia contra la Presidenta de la Asociación Judo Tapatía, el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code) informa lo siguiente:

La Fiscalía del Estado es la instancia ante la cual se presentó una denuncia formal y es la autoridad competente para el seguimiento de la investigación.

Cabe destacar que el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code) cuenta con el Programa Brilla, que brinda acompañamiento integral de atención psicológica y legal. 

El CODE Jalisco, a través del Programa Brilla, ofrece canales de denuncia accesibles y confidenciales para todos los atletas y personas usuarias. 

Es parte del compromiso institucional, con la protección de los atletas, el brindar herramientas eficaces para prevenir abusos, asegurar la denuncia oportuna y proporcionar el apoyo necesario para que las víctimas enfrenten el proceso judicial con confianza y un respaldo institucional firme.

Atentamente

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code)